El juicio del Popular se retrasa a octubre de 2027 y se celebrará 10 años después de la caída del banco
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional justifica la decisión por la “compleja tramitación que conlleva el volumen de la causa”
La Audiencia Nacional retrasa el juicio por las presuntas irregularidades en la ampliación de capital del Banco Popular de 2016, que sentará en el banquillo a su expresidente Ángel Ron y a otros antiguos responsables de la entidad, junto con la auditora PwC. La Sala de lo Penal ha suspendido el calendario de sesiones que había establecido previamente y ha acordado celebrar la vista entre octubre de 2027 y marzo de 2028, 10 años después de que el banco fuera resuelto y vendido por el valor simbólico de un euro al Banco Santander.
Según una providencia dictada el pasado 14 de octubre, a la que ha tenido acceso este periódico, el tribunal justifica la decisión por la “compleja tramitación que conlleva el volumen de la causa”, cuyo proceso concluirá prácticamente un decenio después de la caída del banco, en la madrugada del 7 de junio de 2017. Durante la instrucción, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que dirigió las pesquisas, ordenó la práctica de diligencias muy técnicas, como diversos informes a los expertos del Banco de España designados como auxilio judicial, así como de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) que inspeccionaron la entidad antes de su quiebra, para entender si los estados financieros del Popular fueron manipulados. Unas cuestiones que se retomarán durante el juicio y que tratarán de ser rebatidas por las defensas.
Por el momento, los días exactos en los que se celebrará el juicio no están definidos. Aún queda “pendiente la elaboración del calendario de sesiones que se notificará a las partes personadas”, reza la providencia. En un principio, la vista oral estaba fijada para entre el 19 enero y el 30 de junio del próximo año, pero, según indica la Sala, a finales de julio se acordó un primer aplazamiento y se señaló “la celebración del inicio de las sesiones del juicio oral los días martes, miércoles y jueves durante los meses desde el 6 de abril, mayo, junio y hasta la fecha del 15 de julio, continuándose posteriormente las sesiones los días martes, miércoles y jueves desde el día 7 de septiembre de 2027 hasta el jueves 21 de octubre de 2027″. La nueva providencia suspende ese segundo señalamiento y desplaza la celebración de la vista a los meses comprendidos entre octubre de 2027 y marzo de 2028.
El caso Popular, que se inició en octubre de 2017, se centra en las presuntas irregularidades de la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que tuvo lugar en mayo de 2016, poco más de un año antes de su intervención por la Junta Única de Resolución (JUR). El juez Calama acordó la apertura de juicio oral en noviembre de 2024 contra Ángel Ron, otra decena de exdirectivos de la entidad, así como contra la auditora PwC y los dos socios de la firma que revisaron las cuentas del banco. El magistrado entendió que los inversores acudieron a la ampliación de capital engañados porque los estados financieros de 2015 y 2016 no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio. Asimismo, fijó una responsabilidad civil de 2.277 millones para garantizar la indemnizaciones a los perjudicados por la operación, en caso de que la sentencia que se dicte sea condenatoria
La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años y medio de cárcel para el expresidente del Banco Popular Ángel Ron por los delitos de falseamiento de cuentas y de información económico-financiera. Misma pena pide también para el exconsejero delegado Francisco Gómez; el exvicepresidente Roberto Higuera y el que fuera miembro del consejo de administración Jorge Oroviogoicoechea. En cuanto al resto de exdirectivos, la fiscalía solicita condenas que oscilan entre siete meses de prisión y cuatro años de cárcel. También plantea esta última pena para los dos socios auditores de PwC.
En el caso de la firma de servicios profesionales, el instructor también la acercó al juicio al considerar que no podía ignorar el presunto “engaño” a los inversores y accionistas del Popular cuando en verdad era un “testigo privilegiado de la evolución del negocio” dado que estuvo 35 años auditando sus cuentas. Sin embargo, Anticorrupción no comparte la opinión y no dirige acusación como persona jurídica.
No obstante, la posición de la acusación pública no libra a la firma de la big four de sentarse en el banquillo porque otras acusaciones particulares, como el grupo de bonistas personados, creen que su responsabilidad va más allá de la reparación del daño y piden elevadas multas porque la entidad no cumplió los estándares marcados por el Código Penal en relación a los sistemas de prevención de delitos (compliance). Así, defienden que el plan de prevención de PwC no funcionó correctamente porque no impidió que sus socios avalaran unas cuentas del Popular, “a sabiendas del cúmulo de falsedades que entrañaban las cuentas”.
Por último, otras de las cuestiones que se ha debatido a lo largo del procedimiento, y que previsiblemente saldrá a relucir durante el juicio, es si el Banco Santander, como heredero del Popular, debe tener alguna responsabilidad. El magistrado instructor rechazó abrir juicio oral a la entidad que preside Ana Botín como partícipe a título lucrativo, tal y como solicitó alguna acusación, al entender que no obtuvo ningún beneficio de la resolución del Popular. Pero eso no le librará de comparecer como responsable civil subsidiario, ya que sí es considerado sucesor universal del Popular.