La ampliación de la vida útil de Almaraz presionaría a la baja la tasa Enresa un 10%
Según cálculos de las eléctricas y de la empresa pública que gestiona los residuos, si el parque nuclear se amplía 10 años la tarifa bajaría más de un 50%
El coste de la tasa que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) cobra a las centrales para la gestión de dichos residuos y su desmantelamiento se reduciría casi un 10% si el Ministerio de Transición Ecológica autoriza finalmente la ampliación de la vida de los dos grupos de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, según cálculos empresariales. En ese escenario, pasaría de los actuales 10,36 euros a 9,38 euros el megavatio hora (MWh), casi un euro menos. En el caso de que la vida del parque se ampliara en 10 años, la necesidad de recaudación de Enresa para hacer frente a la gestión bajaría más del 50%, a unos 5 euros MWh, según los mismos cálculos.
La propia empresa pública reconoció en el informe de expertos de 2018 que sirvió para la elaboración del proyecto de Ley de Cambio Climático que si la vida del parque se ampliaba a 50 años, la tarifa bajaría a la mitad. La razón está en que el coste del servicio de Enresa es el mismo pero, al producirse más energía al ampliar los años de funcionamiento, los ingresos serán mayores de los previstos: a más megavatios por la extensión de vida, más recaudación.
En 2019, las propietarias del parque nuclear, Iberdrola, Endesa, Naturgy y, en escasa medida, EDP, llegaron a un acuerdo no vinculante con Enresa para fijar un calendario de cierre ordenado de las plantas que se iniciaba en 2027 y 2028, con los dos reactores de Almaraz, y terminaba en 2035 con la clausura de Trillo (Guadalajara). Según las eléctricas, en aquel momento se acordó que la tasa que se aplicaba era suficiente para gestionar el desmantelamiento y los residuos previstos en el calendario y que no se incrementaría más allá de los 7,98 euros/MWh que pagaban entonces.
Pero en enero de 2024, tras casi dos décadas sin revisar, el Gobierno aprobó el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que incluía una “tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de carácter público no tributario”, que se incluyó posteriormente en un real decreto, y ascendía a los actuales 10,36 euros MWh. Las empresas sumaron así 130 millones de euros adicionales a los 450 millones que ya aportaban al fondo de Enresa y un 30% más de lo acordado en el memorando.
El ministerio justificó esta subida en el encarecimiento que suponía la construcción de Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) de residuos, uno por cada planta, tras el fracaso del proyecto de construcción un Almacén Temporal Centralizado (ATC). Concretamente, en 1.200 millones de euros.
Por el momento, las propietarias de Almaraz (Iberdrola, con el 53%; Endesa, con el 36%, y Naturgy, con algo más del 11%) han recibido el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CNE), con algunas condiciones no muy relevantes, a su solicitud de seguir funcionando hasta 2030. La última palabra la tiene el Ministerio de Transición Ecológica que, en palabras de su titular, Sara Aagesen, tiene dos meses de plazo para pronunciarse. En cualquier caso, deberá ser antes de noviembre de 2027, fecha en que caduca la licencia de Almaraz I.
Fuentes empresariales aseguran que la ampliación del parque “es rentable para el país” porque el coste de la tasa Enresa termina repercutiendo en la factura de la luz y, si su coste baja, porque la base imponible aumenta, beneficiará al usuario. Además, aunque las centrales funcionen más años y, por tanto, generen más residuos, ello no afectaría demasiado a los costes de los servicios de Enresa que son, en su mayoría, fijos. Los del desmantelamiento de la instalación no cambian, y los contenedores de residuos tampoco serían mucho más grandes, pues “hablamos de kilos de residuos, no de toneladas”, señalan las mismas fuentes. En definitiva, que el coste “es poco sensible a la cantidad de residuos” y los fijos no varían demasiado si las plantas operan más o menos años.
Esperando al Supremo
En cualquier caso, la tasa debe modificarla la propia Enresa para evitar el superávit, que, según las eléctricas, se producirían en el fondo de esta compañía y revisar el cálculo: “Si hay más ingresos por la tasa, se debería bajar el valor por MWh generado”, insisten en el sector. Por el momento, y aunque el ministerio de luz verde a la continuidad de Almaraz por otros tres años, Enresa deberá esperar a la decisión que adopte el Tribunal Supremo sobre los recursos contencioso-administrativos que presentaron hace dos años las afectadas.
Endesa, Iberdrola, Naturgy y el Foro Nuclear recurrieron primero el Plan General de Residuos Radiactivos, cuya sentencia se podría conocer a finales de este año, mientras que el fallo del recurso contra el real decreto que fijaba la tasa no se espera hasta el próximo año. Aunque son dos actos administrativos distintos, el motivo de la denuncia es la mismo: la subida de la tarifa. Según fuentes jurídicas, ante la dificultad para lograr que el Supremo anule dicha subida apelando al compromiso del memorando de cierre, pues este no era vinculante, las eléctricas optaron por denunciar la metodología de cálculo de dicho incremento para lograr que el tribunal admita una rebaja.
Por un lado, consideran -según el contenido de las demandas- que los costes fijados por Enresa están sesgados al alza, y por el contrario, los ingresos financieros están calculados a la baja. Los ingresos de la empresa pública proceden de la rentabilidad del fondo histórico, creado en 1985, para la gestión de deshechos y el desmantelamiento (que supera ya los 7.700 millones de euros). Las empresas discrepan de Enresa, que asegura que estos activos son 100% deuda del Estado, y denuncian que también es deuda privada y de las comunidades autónomas, con mayor rentabilidad.
Otros motivos de la denuncia se refieren a las cantidades que reciben los ayuntamientos, que se han revisado con el IPC, cuando la normativa no lo establece así, así como al coste del traslado de los residuos desde los ATD al futuro almacén geológico profundo en el que se enterrarán los residuos y a la imputación del coste de las obras que se hicieron en el pueblo de Villar de Cañas (Cuenca) elegido para albergar el frustrado ATC. En definitiva que, como la tasa se calcula sobre previsiones de costes futuros, ciertas partidas no se deben tener en cuenta, reclaman en el Supremo.