Transportes lanza 1.000 millones en conservación de carreteras entre quejas por el nuevo pliego de contratación
La mayor ponderación del precio y la valoración objetiva de las propuestas técnicas, para evitar amaños en las adjudicaciones, abren la puerta a posibles recursos
El sector de la conservación de carreteras, en el que están presentes las principales constructoras del país a través de filiales especializadas, ha sido llamado a importantes licitaciones de contratos bajo el nuevo pliego de condiciones que prima el precio como elemento de adjudicación y elimina los criterios de juicio de valor, relacionados en su mayor parte con las prestaciones técnicas que se incorporaban a las ofertas. No es un secreto que el modelo no gusta a las contratistas. El Ministerio de Transportes y la patronal ACEX venían discutiendo desde primeros de año sobre un pliego de condiciones que ha acabado imponiéndose, sobrevolando ahora el riesgo de impugnaciones de los concursos.
El cambio, revisado por la Abogacía del Estado y movido para cerrar cualquier puerta a la corrupción tras el supuesto amaño de contratos de obra pública que afloró con el caso Cerdán, facilita la puntuación de las ofertas técnicas a través de fórmulas objetivas y no de los tradicionales juicios subjetivos de las mesas de contratación. Donde se ofrecía una ponderación a este apartado del 49% de la puntuación, se baja ahora al 40%. El 60% restante se reserva para elementos relacionados con la oferta económica: nueve puntos son para los presupuestos de personal y maquinaria, y las contratistas pueden aspirar a un máximo de 51 puntos por el resto del presupuesto de ejecución. Además, en los concursos divididos en lotes se persigue que cada uno de ellos tenga un adjudicatario distinto. La mayor ponderación del precio hace que las empresas de la conservación vean estos procesos como subastas, además de quejarse, entre bambalinas, de haber pagado las consecuencias de la corrupción en contratos de obra y no de conservación.
Las nuevas condiciones han entrado en juego en plena oleada de licitaciones de mantenimiento de carreteras. El Consejo de Ministros dio el visto bueno el 16 de junio a una inversión de 1.000 millones de euros (IVA no incluido) que está siendo distribuida en seis contratos con un total de 29 lotes (las actuaciones afectan a 20 provincias de diez comunidades autónomas).
El ministerio que lidera Óscar Puente no ha frenado la reforma, aunque sí ha concedido alguna modificación de última hora en el pliego. Ayer anunció licitaciones dentro del plan para dar servicio a 3.670 kilómetros de viales, de los que 2.261 kilómetros son de autovías. Salió el concurso para la conservación de 927 kilómetros de carreteras en Castilla y León por 105 millones de euros (IVA incluido). Esta carga de trabajo se divide en tres contratos que incluyen un total de cinco lotes y tres años de explotación (con posibilidad de dos más y una segunda prórroga máxima de nueve meses). Las licitaciones afectan a la A-1, A-11, A-73, N-623 y N-627 en Burgos (34,5 millones de euros); la A-66, LE-30, LE-11, LE-20, N-120, N-601, N-630 y N-621 en León (22,7 millones); la A-2 en Soria (8,8 millones de euros), y la A-62, VA-30, A-11, N-620 y N-122 en Valladolid (23,3 millones). Las adjudicatarias deberán prestar los servicios de conservación de las infraestructuras, vigilar y atender los accidentes, la vialidad invernal, el servicio de comunicaciones o el mantenimiento de las instalaciones, entre otras labores esenciales.
Además, el ministerio también activó ayer la licitación para la conservación de 146 kilómetros en Huelva, en concreto en la A-49, N-435 y N-435A, con un presupuesto de 13,6 millones (con IVA), y se ha publicado en la Plataforma de Contratación Pública otra licitación para el mantenimiento de 96 kilómetros en Asturias por 22,5 millones. En este último caso se encargarán los trabajos en la A-63, A-66, N-630, O-11 y O-12.
En el departamento de la obra pública se defiende que el nuevo pliego en que se basan los concursos promueve la mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de la actividad de la Dirección General de Carreteras. Se puntúan actuaciones relacionadas con el autoconsumo, medidas de ahorro energético en la iluminación o para la implantación del vehículo eléctrico, y la presentación de un plan de descarbonización por parte del adjudicatario en los seis primeros meses de contrato. La puntuación final depende de aspectos como la sensorización de estructuras y taludes, la protección del personal que trabaja a pie de carretera y de los volúmenes de pavimentos asfálticos eficientes (EFAPAVES) que se ofrezcan en cada tramo a conservar.
Posible atasco
Transportes somete ahora su decisión de cambiar el modelo a una oleada de denuncias ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, lo que atascaría las adjudicaciones previstas y, con ello, los relevos al frente de los contratos. Algunos de ellos servirán para abrir nueva etapa en las autovías de nueva generación, donde una decena de contratos de explotación vencen entre noviembre y diciembre. En este caso, apuntan distintas fuentes consultadas, a la disensión con el pliego se suman dudas sobre la subrogación de personal. Fuentes sindicales comentan que esta por resolver que el 100% de las plantillas pasen a los nuevos contratos de conservación.
Desde ACEX, que representa al 85% del sector, se ha venido defendiendo que la calidad, sumada a la seguridad vial y la sostenibilidad del sistema, debe ser el eje central de cualquier contratación pública. Con el resultado de los concursos dependiendo en gran medida de las ofertas económicas, se teme incluso por el equilibrio de los contratos en un marco de inflación alta de los materiales y la energía. Una guerra de ofertas tampoco redundaría en mejoras salariales.
Lo que Transportes denomina modelo de contratos mixtos para la conservación y explotación de carreteras, en los que se reúnen servicios y obra, persigue optimizar recursos y cerrar grietas por las que puedan producirse amaños. El ministro Óscar Puente ya señaló el pasado mes de abril en un foro en el Colegio de Ingenieros, donde anunció el plan de refuerzo de firmes de carreteras por 1.629 millones, que no le había quedado más remedio que promover un cambio en los pliegos. También reconoció en ese acto un déficit de inversión en conservación de 5.600 millones.
La actividad de conservación de las carreteras da empleo a unos 14.000 operarios en los 166.000 kilómetros de redes que cruzan el país, de los que 26.500 kilómetros corresponden a la Red de Carreteras del Estado (71.650 kilómetros están bajo tutela autonómica, y casi 68.000 kilómetros dependen de diputaciones y cabildos). Desde el sector se reclama una inversión mínima de 2.000 millones al año solo en las vías que dependen del Ministerio de Transportes, frente a un gasto anual que estiman en 1.500 millones (el ministro Puente lo eleva a 1.800 millones). El déficit inversor, según ACEX, también se explica con cifras como los 944 millones que invierten las Comunidades Autónomas en sus carreteras, frente a una necesidad que de nuevo tasa en 2.000 millones, o en los 650 millones anuales que se llevan las carretas bajo responsabilidad de diputaciones y cabildos, en comparación con los 1.000 millones que demanda la asociación.
Un informe promovido por ACEX en el que se compara la conservación en España con la llevada a cabo en Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, concluye que la inversión en este país está en el 50% de las partidas en los comparables desde 2009, acortándose en los últimos años la diferencia al 30%.