Gotham recurre el rechazo del juez de Nueva York de no protegerle ante la demanda de Grifols por difamación
La firma bajista insiste en equipararse con periodistas profesionales debido a la publicación de informes sobre empresas cotizadas
Gotham City Research insiste en su estrategia para blindarse de la acusación de Grifols. El fondo norteamericano liderado por Daniel Yu ha recurrido la decisión del juez de Nueva York de no otorgar la prote...
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Gotham City Research insiste en su estrategia para blindarse de la acusación de Grifols. El fondo norteamericano liderado por Daniel Yu ha recurrido la decisión del juez de Nueva York de no otorgar la protección reservada a periodistas, al entender que sus ingresos no proceden de la actividad informativa que llevan a cabo con los informes que elaboran sobre las compañías en la que tienen inversiones. La firma bajista considera que el magistrado ha interpretado “erróneamente” la ley que establece el escudo legal para proteger la libertad de expresión y que ha creado un requisito nuevo que puede tener mayores consecuencias: que el profesional obtenga ingresos regulares y directos de la actividad periodística.
“Esto crea un nuevo obstáculo para los diversos modelos de ingresos que el periodismo necesita para sobrevivir. Esta nueva prueba de ganancia basada en la relación causal aumentará la confusión y la incertidumbre para quienes invoquen las protecciones”, señala el recurso con fecha del pasado 10 de junio, al que ha tenido acceso Cinco Días.
Grifols emprendió acciones judiciales en Nueva York a finales de enero de 2024, unos días después de que Gotham publicara un informe que hizo que la farmacéutica se desplomara en Bolsa. El documento afirmaba que la farmacéutica había maquillado sus cuentas y que su valor era “cercano a cero euros”. Durante toda la tramitación del procedimiento judicial en Estados Unidos, el fondo norteamericano y la compañía vinculada General Industrial Partners, encabezada por Cyrus de Weck ―que también están siendo investigados en España, en la Audiencia Nacional, por manipulación del mercado― han defendido que este informe se amparaba en la libertad de expresión.
Esta tesis cogió impulso una vez que el juez determinó que el proceso debía seguir solo por una de las afirmaciones que Gotham hizo en su informe sobre que la empresa española no reveló un préstamo de 95 millones de dólares a Scranton Enterprises (empresa vinculada a la familia Grífols) cuando sí lo hizo, y se iniciara la fase de discovery (en la que las partes requieren información para obtener pruebas) para preparar el juicio previsto para 2027.
Los demandados invocaron la llamada Shield Law de Nueva York, una norma que protege a los periodistas frente a la obligación de revelar fuentes y materiales, bajo el argumento de que su informe era equiparable a otras informaciones periodísticas que destaparon escándalos corporativos. De este modo, Gotham y General Industrial Partners buscan limitar el alcance de los requerimientos de información de Grifols, que solicitó una batería de documentación que incluyera “contactos, dirección e información financiera personalmente identificable”.
Asimismo, pidió comunicaciones con periodistas o con organismos gubernamentales, registros de operaciones financieras, borradores de publicaciones y documentos organizativos y contables, incluidos 65.000 documentos que los demandados dijeron haber entregado al regulador estadounidense SEC (Securities and Exchange Commission).
Discrepancias sobre las ganancias
Sin embargo, el juez Gabriel W. Gorenstein entendió que el fondo bajista no cumple uno de los requisitos principales que establece la ley neoyorquina, que exige que el periodista obtenga su “ganancia o sustento” de la actividad informativa. En una resolución dictada el 19 de mayo, indicó que, de acuerdo a las alegaciones de Yu y De Weck, el beneficio económico que obtienen de sus informes depende de una cadena de acontecimientos “ajenos al ejercicio del periodismo”, como es la reacción del mercado a sus análisis y la evolución del precio de las acciones sobre las que operan en corto.
El recurso intenta desmontar esta teoría y reprocha la importancia que el juez da a que los socios de Gotham sean vendedores en corto. Los socios sostienen que no solo obtienen beneficios de la rentabilidad de sus posiciones bajistas, sino que perciben honorarios de gestión por los fondos que administran, independientemente del resultado de las operaciones que realizan.
Pero el argumento principal se centra en la interpretación de la norma de protección de fuentes. Los demandados aseguran la citada ley no exige que los periodistas tengan “ganancias regulares”. Según indican, lo que tiene que ser “regular” es el ejercicio del periodismo, algo que, en su opinión, es totalmente compatible con la elaboración de los informes sobre empresas.
“Nada de esto tiene sentido para los medios de comunicación del siglo XXI (...). Muchas formas de periodismo no generan ingresos regulares. A menudo, generan pérdidas, se realizan por servicio público o para aprender, de forma especulativa o como un porcentaje de ganancias contingentes y no realizadas. Pueden basar su remuneración en las visitas a la página, que pueden o no materializarse”, añaden. En esta línea, el fondo bajista asegura que la opinión del magistrado va en contra de la jurisprudencia de los tribunales de Nueva York, cuya interpretación, según dicen, es más amplia.
Acuerdo de las partes
Mientras se resuelve el recurso, la fase de intercambio de información sigue adelante. Las defensas de Gotham y Grifols presentaron una carta conjunta, el pasado 16 de junio, también consultado por este periódico, en el que informaban al magistrado del acuerdo que han alcanzado. En síntesis, el escrito destaca que si el recurso de la firma norteamericana de inversión es desestimado, esta ha aceptado entregar una gran cantidad de información, como las comunicaciones y documentos intercambiados con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), investigaciones gubernamentales y documentación entregada a organismos supervisores.
Eso sí, precisa que solo lo hará si no hay una prohibición o “restricción de confidencialidad” impuesta por la Audiencia Nacional o normativa europea en materia de protección de datos. Por su parte, Grifols advierte de que se reserva el derecho de impugnar.