La CNMC sugiere la separación de Renfe de Transportes y su integración en la SEPI para abrir Cercanías a la competencia
En un informe llama a promover las licitaciones de los distintos corredores sujetos a obligación de servicio público hasta el año 2033
El supervisor de la competencia en el ferrocarril, la CNMC, reclama una revolución en el sector que conduzca a la liberalización de los servicios de cercanías y media distancia lo antes posible, a poder ser antes de 2033, tal y como se pidió ya dos años atrás sin que se hayan constado avances. Ambos segmentos de la oferta de Renfe, bajo la modalidad de obligación de servicio público (OSP), suman el 90% de los desplazamientos en ferrocarril en España, alcanzando los 500 millones de viajeros al año, y tienen en la pública su gran operadora. Entre las recomendaciones de la CNMC, a través de un estudio sobre las OSP en el transporte de viajeros en tren, destaca la petición de la mayor autonomía posible para Renfe, dependiente del Ministerio de Transportes.
La CNMC cita entre las posibilidades la integración de Renfe dentro de otra entidad, como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), “de forma que se asegure una separación suficiente entre la empresa y la autoridad de transporte”. De forma adicional, se apunta la necesidad de que la operadora deje las estaciones que tiene bajo gestión en manos del administrador de la infraestructura Adif. También se cree indispensable la separación de Renfe Alquiler de Material Ferroviario y Renfe Ingeniería y Mantenimiento de la matriz Renfe Operadora.
“El hecho de que existan operadores ferroviarios participados y controlados por las mismas administraciones que son responsables de la regulación del sector y de la organización de las licitaciones, tiene el riesgo de generar conflictos de interés”, expone la CNMC en su informe, “dichas Autoridades de Transporte suelen controlar al mismo tiempo al gestor de la infraestructura. Por tanto, existe el riesgo de que los reguladores y gestores de infraestructuras formulen sus decisiones guiados por los criterios que más favorecen a los operadores públicos, en lugar de guiarse por los criterios más favorecedores de la competencia, que redundan, a su vez, en un mayor beneficio de los usuarios y en el interés general”.
El órgano supervisor recuerda que la normativa europea pide la independencia de gestores de infraestructuras y operadores ferroviarios “respecto de la gestión, administración y de control interno de los asuntos administrativos, económicos y contables”. Con el fin de evitar conflictos de interés en un eventual proceso de liberalización, el organismo que preside Cani Fernández aconseja “considerar eliminar la participación pública de operadores ferroviarios que puedan concurrir a las licitaciones. Todo ello para asegurar que no se favorezca indebidamente a operadores públicos incumbentes, en el marco de los principios de neutralidad competitiva”. La CNMC se refiere a Renfe y también a la catalana FGC y a la vasca Euskotren.
Mejores precios
La apertura de los servicios públicos ferroviarios a la competencia redundaría en una mejor movilidad de los ciudadanos, la cohesión territorial y una mayor sostenibilidad económica y ambiental, según la Comisión, que también augura una bajada de precio de los billetes. Respecto a la OSP, durante años se ha sostenido que el ciudadano no podría asumir el verdadero coste de un servicio que es esencial y que requiere de la subvención del Estado.
En el análisis de las medidas necesarias para introducir la competencia, la CNMC pide la licitación escalonada y por lotes de los corredores antes de 2033. El actual contrato entre la Administración General del Estado y Renfe, para la prestación de las OSP en régimen de monopolio, está vigente hasta 2027 y es prorrogable por cinco años más. La CNMC defiende que ha de aprovecharse el periodo hasta el referido 2033 para llevar a cabo una apertura gradual. También exige que se evite la declaración de OSP sin que medie un análisis “riguroso” de la demanda y la oferta, así como el recurso a las adjudicaciones directas en detrimento de las licitaciones competitivas.
Con el objetivo de allanar la llegada de nuevas operadoras ferroviarias, el supervisor ve indispensable que los contratos alcancen los 15 años de operación, con el compromiso de la Administración de adquirir activos pendientes de amortiza al vencimiento. Además, se aboga por un acceso equilibrado a la información, al material rodante, a los talleres y a los maquinistas. En el caso de los trenes, a falta de empresas especializadas en el alquiler, el material rodante debería ser traspasado por Renfe a precios de mercado.
“En el caso español, el contrato OSP entre la AGE y Renfe Viajeros prevé que se traspase el material rodante al término del contrato al nuevo adjudicatario de la licitación. La subrogación o alquiler del material rodante, no solo tiene un coste significativamente inferior a la adquisición y permite disponer del material en tiempos más cortos, sino que, además, ofrece garantías al prestador del servicio público de que podrá recuperar sus inversiones en caso de que no resulte adjudicatario de los siguientes contratos. Por otro lado, el contrato establece que Renfe Viajeros sea compensada por el valor de mercado de los activos (sin considerar la financiación pública recibida por Renfe para su adquisición) por el ganador de la licitación”, expone la CNMC en su estudio.
Renfe cuenta con 61 convoyes de Media Distancia en ancho estándar o mixto, 99 electrotrenes y 57 unidades eléctricas en ancho ibérico, además de 97 trenes autopropulsados diésel en ancho ibérico. El parque de Cercanías incluye 593 trenes autopropulsados eléctricos y 25 diésel en ancho ibérico, mientras que en ancho métrico cuenta con 58 trenes eléctricos y 29 diésel. Este año comienzan a entrar unidades de Stadler y Alstom para la renovación del parque de Cercanías tras un plan de inversiones superior a los 5.000 millones.
La liberalización de los servicios comerciales de transporte ferroviario de viajeros, entre 2019 y 2020, ya sirvió para que la CNMC pusiera de manifiesto una posición de ventaja de Renfe y reclamara una mayor autonomía tanto de la operadora como de Adif, ambas dependientes del Ministerio de Transportes. En el caso de la OSP ya se vio como perjudicial la prórroga de la adjudicación a Renfe hasta 2033 y se instó al Gobierno a licitar al menos el 3% del valor del contrato de servicio público, lo que está contemplado en la adjudicación a partir del 1 de enero de 2028.
El Reglamento 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, que es el que establece la licitación obligatoria de los servicios públicos (salvo excepciones tasadas), también resulta de aplicación a las autoridades autonómicas.