Los abogados que han embargado la sede del Cervantes en Holanda aseguran que se subastará “próximamente”
Los letrados que han defendido los intereses del fondo que representa a una filial de Toyota afirman que el inmueble ya se ha registrado bajo su propiedad
El equipo de abogados que ha conseguido que un tribunal neerlandés ordene el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, aseguran que el inmueble será subastado “próximamente”. Así lo han indicado fuentes del despacho de abogados Houtboff, que se ha encargado de la gestión del registro del laudo que dictó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), corte de arbitraje del Banco Mundial, a favor de Eurus Energy, filial del gigante del motor Toyota, que apuntan que los trámites de incautación son mucho más rápidos en Países Bajos que en otras jurisdicciones que tienen entre manos actuaciones similares y que España tendrá pocas posibilidades para paralizar el proceso.
El embargo de la sede del Instituto Cervantes, en pleno centro histórico de la ciudad holandesa, fue autorizado por el Tribunal de Distrito de La Haya el pasado 19 de marzo, cuando dio luz verde a la ejecución en Países Bajos del laudo arbitral que reconoció una indemnización de 106,2 millones de euros por el recorte de las primas ofrecidas por invertir en energías renovables con motivo de la reforma eléctrica llevada a cabo en 2013.
Esta acción, que ha sido llevada a cabo por el equipo jurídico liderado por el letrado Remme Verkerk, fue impulsada por el fondo Blasket Renewable Investment, que adquirió los derechos de representación y de cobro de este y otros litigios por el tijeretazo de las retribuciones a las renovables. El bloqueo de activos y bienes de titularidad española en el extranjero se enmarca en la estrategia defensiva y de presión que está ejerciendo la firma de inversión contra España en distintas jurisdicciones (como Reino Unido, Australia, Bélgica y Estados Unidos) ante el impago de las indemnizaciones reconocidas por varias cortes de arbitraje. En total, la deuda supera los 1.700 millones de euros, más intereses legales, honorarios y costas, que han sido otorgadas en casi una treintena de laudos.
Fuentes de Houtboff explican que las justicias de muchos países van “paso a paso” para confiscar activos: primero el denunciante registra el laudo; luego reclama la toma de posesión de un bien; después recibe la autorización para el embargo cautelar y, por último, logra hacerse con el mismo. Sin embargo, en Países Bajos “el sistema es distinto y mucho más directo”, señalan las fuentes. “Según la arquitectura legal holandesa, una vez que el tribunal da luz verde, el agente judicial (bailiff) desarrolla su plena autoridad para tomar el control del activo que reclama el denunciante y procede a transferir la propiedad del mismo, para que el afectado pueda venderlo", apostillan.
En el caso del edificio del Instituto Cervantes ―que se considera un bien comercial―, el trámite se encuentra en sus últimos pasos, debido a que el embargo ya se ha notificado a las partes implicadas y el cambio de titularidad del inmueble se ha inscrito en el registro público de la propiedad. En esta línea, desde el bufete indican que lo siguiente será organizar un subasta “para vender el bien al mejor postor y que sean los acreedores quienes obtengan los fondos obtenidos”.
España se niega a pagar estas indemnizaciones al entender que son contrarias al derecho de la Unión Europea —el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) limitó la validez de los arbitrajes entre inversores comunitarios y Estados miembros― y que la Comisión Europea (que tampoco se ha mostrado a favor de la legalidad de estos litigios) tiene que autorizar el abono para que no sea considerado ayuda ilegal de Estado. En base a ello, ha impugnado cada una de las resoluciones contrarias: tanto los laudos como los fallos de los tribunales extranjeros reconociendo y ejecutando los mismos.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica señalaron al conocer la noticia que los servicios jurídicos del Estado recurrirán también esta decisión judicial autorizando la incautación. Asimismo, indican que “por particularidades del derecho holandés, en el registro de la propiedad debe constar una anotación de embargo” y que la impugnación ”debería suspender el procedimiento, con independencia de las actuaciones que pueda emprender el Ministerio de Justicia del país”.
Sin embargo, los abogados de los demandantes creen que el Estado español ya no puede ejercer ningún recurso porque ya es firme y ha sido reconocido por la justicia neerlandesa, al considerar que el laudo del Ciadi tiene que ser entendido como una “sentencia de sus propios tribunales”.
A lo largo de más de 10 años, España se ha enfrentado a un total de 51 demandas en las que se ha reclamado 10.635 millones de euros, si bien el saldo a pagar (reconocido en 27 laudos a favor de los demandantes) se ha reducido más de un 80%. De esta cantidad, el estado español solo ha aceptado abonar a un inversor extracomunitario ―la empresa japonesa JGC― al entender que dicha compensación no incumple las restricciones marcadas por Bruselas y la justicia europea, al no estar radicado en la Unión Europea. Blasket Renewable y el equipo de abogados contratados para este asunto consideran que entran en esta excepción, ya que el demandante inicial era Eurus Energy, un inversor extranjero de Japón vinculado al grupo Toyota.