Una nueva regulación europea amenaza el negocio de la banca con los fondos de inversión españoles
Las carteras nacionales, con 450.000 millones, están en el punto de mira: solo podrán venderse a los clientes si son rentables y tienen comisiones ajustadas
Bruselas impulsa una nueva normativa sobre las gestoras de los fondos de inversión. Uno de los puntos más controvertidos es que, sobre el papel, solo los productos más rentables y con precios más ajustados podrán colocarse en los escaparates de las oficinas. El patrimonio de las gestoras españolas, en su mayoría controladas por la gran banca, asciende a 450.000 millones, ahora en el punto de mira. El sector ve que, de prosperar esta propuesta normativa, supondría un torpedo en la línea de flotación de este negocio, uno de los más lucrativos en una era de bajadas en los tipos de interés. Y ya prepara una reforma integral de su oferta comercial.
Una de las cuestiones esenciales que introduce la normativa es el llamado value for money (valor por dinero). Esto supone, en esencia, prohibir la venta de productos si su coste no está justificado y no es proporcional a la rentabilidad que ofrecen. La clave es cómo pedir la proporcionalidad de estos costes. En un principio, la idea de Bruselas era crear unos índices públicos que comparasen cada producto con el resto del mercado. Pero la redacción final ha suavizado este punto desde que comenzaron los primeros trabajos allá por 2023, y esto ha permitido que esos índices los elaboren las gestoras y permanezcan privados.
Sara Gutiérrez Campiña, socia fundadora de finReg360, señala que la iniciativa supone, de entrada, un cambio relevante que no solo atañe a cuestiones legales, sino al negocio. “Los fabricantes tendrán que mejorar sus productos o delegar en otros especialistas. Los fondos indexados y los ETF podrían salir beneficiados porque en los últimos años han resultado más rentables por sus bajas comisiones que muchos fondos de gestión activa”, advierte. En todo caso, la experta apunta que “los fondos tradicionales tienen ventajas cualitativas como el régimen de neutralidad en los traspasos, algo de lo que no se benefician los ETF”.
El Parlamento Europeo y el Consejo acordaron a finales del año pasado un texto, que deberá ser votado por ambos organismos en el primer semestre del año y adaptado a cada una de las legislaciones nacionales, actualiza la anterior normativa, conocida como Mifid 2, que ya complicaba el cobro de las retrocesiones. Ahora establece una serie de limitaciones a los bancos por cobrar estos emolumentos de la venta de fondos. Para poder hacerlo, la legislación establece realizar un test por producto o servicio con el que se justifique que es el que mejor se adapta a cada cliente.
Sea como fuere, estos planteamientos cuestionan uno de los negocios en los que se había enfocado la banca en los últimos años, la gestión de activos. La larga era de los tipos cero cambió la mentalidad de los banqueros y les impulsó a buscar nuevos nichos, menos dependientes de los vaivenes en el precio del dinero y que impulsasen el crecimiento por comisiones. Los recortes de tipos decretados por el Banco Central Europeo (BCE) en los meses anteriores han vuelto a elevar el atractivo de estos negocios, ante la necesidad de compensar las caídas en el margen de interés con comisiones para mantener los beneficios del sector en máximos históricos.
Además, la normativa choca con la revisión que también están realizando las instituciones europeas sobre la regulación financiera alumbrada tras la Gran Recesión. La idea es simplificar una regulación que, según denunció la presidenta del Santander, Ana Botín, hace escasos meses equivale a “100 veces El Quijote o cinco La Biblia”. Y, como principal objetivo, contar con unos requisitos de capital más claros, transparentes y, eventualmente, reducidos.
Sin embargo, lo que plantea la nueva normativa sobre productos de inversión no parece que simplifique el día a día de los bancos, sino que lo complica. Las entidades están redoblando sus esfuerzos en Bruselas para intentar limar los aspectos que consideran más lesivos de la norma. Mientras tanto, las maquinarias internas de las gestoras de los bancos ya trabajan para adaptarse a la normativa. Y preparan una gran modificación de su oferta de productos.
Desde Inverco, la asociación española de fondos de inversión, avisan de que “resultaría preocupante que este acuerdo apresurado llevara a imponer cargas adicionales a las entidades sin aportar beneficios tangibles ni al mercado ni a los inversores minoristas, en contradicción con los principios de la Unión del Ahorro y la Inversión (SIU)”. Advierten, así, de que ejercer una presión desproporcionada sobre determinados participantes del mercado, especialmente las gestoras de activos, resultaría altamente preocupante. “Conviene recordar que, aunque la idea de value for money es atractiva en principio, podría derivar en una forma de regulación de precios, encorsetando los productos en metodologías rígidas, sesgadas y, en ocasiones, no del todo adecuadas", añaden.