Los consumidores pagarán unos 500 millones por el servicio de apoyo de las empresas a la operación de REE
El operador del sistema asigna 300.000 euros/MW a las ganadoras de la subasta de interrupción del suministro, que se ha disparado por el apagón
El pasado 28 de noviembre el operador del sistema, Red Eléctrica, cerró la subasta para adjudicar el llamado Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), equivalente (con variantes) al antiguo servicio de interrumpibilidad. Según la normativa, las empresas que ofrecen dicho servicio deben estar disponibles, con determinadas condiciones, para que REE interrumpa o module el suministro eléctrico de sus instalaciones en momentos críticos, lo cual supone un respaldo para la operación del sistema. De hecho, el fuerte encarecimiento del precio al que ha cerrado esta última subasta, que regirá para el primer semestre de 2026, se ha interpretado como una consecuencia del apagón sufrido por la Península Ibérica el pasado 28 de abril. Aunque no es la única.
Según los datos publicados por Red Eléctrica tras la puja, en la última subasta se adjudicaron 1.725 MW interrumpibles para los seis primeros meses del próximo año, frente a los 1.148 MW del conjunto de 2025. El servicio abarca 2.279 horas interrumpibles o modulables y el precio marginal resultante ha sido de 65 euros/MWh, todo un récord que se traduce en que las empresas ganadoras de la puja van a recibir casi 300.000 euros por cada megavatio que ofrecen para su interrupción con el objetivo de reducir la energía que circula por las redes cuando el operador lo requiera. Este coste para el primer semestre del año, que REE no proporciona, es el resultado de multiplicar el precio marginal resultante de la subasta (en euros/MWh) por el número de horas de prestación del servicio.
También son confidenciales el número y la identidad de empresas que han ganado la subasta, aunque este “seguro” lo han venido ofreciendo históricamente los consumidores electrointensivos, como las grandes instalaciones industriales (siderurgia, aluminio, zinc, químicas etc.) o las refinerías. Sí se sabe que una treintena de compañías ofertaron 2.179 MW, de los cuales se asignaron finalmente los citados 1.725 MW.
El consumidor paga
Además del temor al apagón, según sospechan los expertos, otros cambios regulatorios han impulsado la mayor oferta y el encarecimiento de una subasta que, a partir de ahora se celebrará semestralmente y no cada año, según una reciente resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con la que el regulador aplica el Reglamento de la Unión Europea 2019/943. El volumen de potencia asignado en la subasta de noviembre se ha incrementado significativamente respecto a la primera puja, que se aplicó en 2023, y que cerró con una potencia de tan solo 497 MW para todo el año.
Un resultado que también podría explicarse en que el organismo regulador permite desde ahora la participación de empresas de menor tamaño, incluso mediante la agregación o suma de sus instalaciones (a través de una comercializadora y con un mínimo de 1 MW). Aunque el objetivo de dar entrada a las pequeñas compañías era dotar de más competencia al proceso, también ha podido contribuir, según fuentes del sector, “al encarecimiento de su coste”.
Sea como fuere, además del precio por la llamada “operación reforzada” que REE aplica tras el apagón de abril (con el uso masivo de centrales de ciclo combinado que sirve de respaldo a las renovables), los consumidores deberán asumir en la factura de la luz de 2026 el encarecimiento del SRAD. Según el propio operador del sistema, entre enero y junio este coste ascenderá a 255 millones de euros, cantidad total que recibirán las empresas ganadoras y pagarán los usuarios en los peajes de la luz. El coste de este servicio se lo cobra REE a los consumidores directos y a las comercializadoras, que, a su vez, se lo trasladan a sus clientes domésticos.
Extrapolando aquella cifra, ya que para el segundo semestre deberá convocarse una nueva subasta, todo apunta a que los usuarios desembolsarán unos 500 millones en todo el ejercicio. Este coste es muy superior a los 94,4 millones de euros con que cerró la subasta de 2023; los 142,8 millones de 2024 y los 283,2 del año que ahora termina.
¿Ciclos discriminados?
La elevada cantidad de 300.000 euros/MW que se pagará a las empresas por la SRAD contrasta con los 20.000 euros/MW que se calcula recibirán las centrales de ciclo combinado de gas por estar disponibles a requerimiento del operador del sistema. Una diferencia que fuentes del sector atribuyen a una situación de privilegio (¿subvención?) de la industria frente a dichas centrales que pueden ofrecer un servicio similar.
Los 20.000 euros/MW es un valor similar al coste fijo de operación asociado a los ciclos combinados y es el que ha utilizado el Ministerio para la Transición Ecológica en la memoria de la propuesta de orden ministerial por la que se creará un mercado de capacidad en el sistema eléctrico español, para calcular el impacto económico de dicha orden. El servicio para el sistema eléctrico es el mismo si un ciclo combinado sube carga en 1 MW (produce) que si una industria baja carga en 1 MW (deja de consumir). La Comisión Europea deberá dar luz verde a la propuesta del Gobierno para crear el citado mercado de capacidad español.
El SRAD sustituyó al antiguo mecanismo de interrumpibilidad, está operativo desde 2022 y responde a la normativa europea que prevé impulsar la flexibilidad por el lado del consumo, no solo de la demanda. Los participantes se comprometen a disminuir su potencia de demanda en situaciones excepcionales. De esta manera, REE evita tener que programar centrales de generación, como los ciclos combinados, más caros y contaminantes.
Aunque es un seguro para equilibrar la operación del sistema, lo cierto es que el operador, con el antiguo sistema de interrumpibilidad, apenas hacía uso del mismo. Y cuando lo hacía, las empresas respondían con protestas, pese a las compensaciones que recibían. Con el nuevo mecanismo, el tiempo máximo de disponibilidad diaria por proveedor se reduce de tres a dos horas, y el aviso previo para una posible activación pasa de 15 a 12,5 minutos.
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