El sector eólico reclama medidas para alcanzar el ritmo previsto por el plan nacional de energía
Según un estudio de la Asociación Empresarial Eólica, esta tecnología cubrió el 24% de la demanda en 2024 y aportó un 0,25% del PIB
La energía eólica “se confirma” como la primera tecnología del sistema eléctrico, con una producción anual, a cierre de 2024, de 59.378 GWh y una cobertura del 24% de la demanda, según el estudio presentado este martes por La Asociación Empresarial Eólica (AEE). La potencia instalada de esta energía alcanzó los 31.679 MW, tras incorporar 1.185 MW nuevos, “lo que consolida a España como segundo país europeo por capacidad eólica acumulada”, según la AEE.
El Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico, elaborado por Deloitte, señala que esta tecnología aportó 3.274 millones de euros al PIB (1.962 millones directos y 1.312 millones indirectos), equivalente al 0,25% del PIB nacional, y emplea a 37.070 personas, con un crecimiento del 4,7% respecto al año anterior. Además, España se mantiene como cuarto exportador mundial de aerogeneradores, por un valor de 1.953 millones de euros.
Durante la presentación del informe, Juan Virgilio Márquez, director general de AEE, ha señalado que la eólica “es una tecnología confiable para la operación del sistema eléctrico y la fuente de generación que el consumidor industrial necesita por su precio competitivo y perfil de generación estable”. Sin embargo, en su opinión, “el ritmo actual de crecimiento es insuficiente; si no desbloqueamos los cuellos de botella regulatorios, damos seguridad jurídica a la tramitación de proyectos y aceleramos la electrificación, España perderá una oportunidad histórica de reindustrialización y de progreso para los territorios”. En su opinión, España no puede cumplir el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) “sin una mayor demanda electrificada, un mix equilibrado y una red capaz de integrar nueva capacidad en condiciones sostenibles; la planificación de la red debe ser más ágil y permitir la conexión de renovables sin sobrecostes ni demoras estructurales”.
Sobre el desarrollo de la eólica marina en España, Márquez ha destacado la importancia de activar esta tecnología en nuestras costas: “Aún con una primera subasta en 2026, los primeros parques marinos no operarían hasta 2033; los países de nuestro entorno han sabido anticiparse y aprovechar esta oportunidad y España debe asegurar su propio espacio industrial, porque, de lo contrario, serán otros quienes lo ocupen”.
El estudio de la AEE, asociación que integra 350 empresas, indica que el incremento de potencia eólica tendría que estar cercano a los 4 GW anuales, sin embargo, apenas se roza 1 GW. “Las razones son múltiples, pero en ningún caso achacables al sector eólico”, indica el estudio. De los proyectos en tramitación, más de 10 GW están muy avanzados, cuentan con Autorización Administrativa de Construcción (AAC) y podrían entrar en funcionamiento antes de 2029.
Pero, de esa potencia, 3 GW está paralizada judicialmente en Galicia. Las comunidades autónomas con mayor número de proyectos con AAC son: Galicia (3,4 GW), Aragón (2,4 GW), Castilla y León (1,9 GW), Andalucía (568 MW), Cataluña (373 MW) y Asturias (305 MW). Además, otros 9,2 GW que ya disponen de DIA (Declaración de Impacto Ambiental), positiva pendiente de la AAC. Pero más de 17.000 MW no han conseguido avanzar en la tramitación, la mayoría por no haber obtenido la DIA favorable.
Proyectos frustrados
De los proyectos que iniciaron su andadura hace ocho años, por cada megavatio instalado, hay cuatro que no han llegado a término. “Es importante que seamos coherentes con las obligaciones establecidas desde Europa y aplicar el principio de Interés Público Superior a los proyectos eólicos”, indica el estudio, que añade que “la tramitación administrativa es compleja y con criterios diferentes entre los diferentes organismos involucrados y contradictorios entre unas zonas y otras”.
Entre los retos para 2026 del sector, la AEE destaca el de acelerar la electrificación con una mayor demanda y una red capaz de integrar nueva capacidad; acabar con los cuellos de botella en la tramitación, con una aplicación clara del principio de Interés Público Superior para proyectos eólicos; impulsar la repotenciación, con incentivos específicos; reforzar la seguridad del sistema eléctrico, activando la normativa técnica necesaria (control de tensión, grid forming, amortiguamiento de oscilaciones) y actualizar un marco que permita integrar renovables garantizando la estabilidad del sistema; activar la eólica marina, aprobando la primera subasta piloto; luchar contra la desinformación fortaleciendo la aceptación social y la aplicación de un marco regulatorio de protección de la biodiversidad, “que evite la sobrerregulación, que base sus medidas en hechos verificables y no en estimaciones, que sea tecnológicamente realista, metodológicamente riguroso y respetuoso con el orden jurídico actual”.
Sobre la firma
