Las eléctricas sondean al sector para buscar una propuesta común que alivie la tasa antiapagón
Aelec contacta con otros agentes afectados para proponer una solución a los sobrecostes que se están generando por la operación reforzada de Red Eléctrica tras el corte de suministro del 28 de abril
Las eléctricas mueven ficha para tratar de contener los sobrecostes derivados del apagón del pasado 28 de abril, que están sufriendo en carne propia los consumidores de luz con incrementos en sus facturas.
Según señalan fuentes del sector, Aelec, la asociación que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP, está sondeando en los últimos días a diferentes actores afectados con el objetivo de hacer una propuesta común que limite los costes añadidos que se están dando desde hace un mes y medio. Fuentes al tanto de esta situación señalan que actualmente se están barajando diversas propuestas para contener este recargo antiapagón, sin que por ahora se haya optado por ninguna solución concreta.
Las fuentes consultadas señalan que Aelec pretende hacer un frente común con comercializadoras y otros agentes del sector eléctrico para plantear que la operación reforzada de Red Eléctrica no acabe en la factura de los usuarios o como un coste añadido que lastra a las vendedoras de electricidad.
Aunque por ahora no hay nada en firme, la idea inicial trasladada por Aelec es que esos costes que tratan de evitar potenciales apagones como el histórico fallo del sistema eléctrico peninsular puedan dejar de ser cargados dentro del término de energía y se puedan llevar a otros conceptos de la factura como los cargos, costes regulados donde se incluyen las primas a las renovables, el pago de la deuda histórica o las extrapeninsulares. Esta es una de las diversas ideas que maneja la asociación de las grandes utilities. No obstante, consideran que quien debe tomar decisiones debe ser el Ministerio para la Transición Ecológica o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), quien regula parte del mercado energético.
Las propuestas no eliminarían este sobrecoste pero sí lo puede diferir y contener, apuntan las fuentes consultadas. Desde que se produjo el histórico corte de luz en toda España, Red Eléctrica ha apostado por operar el sistema eléctrico con “seguridad reforzada”. “Un antibiótico de amplio espectro”, en palabras de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen. Lo que implica esto es que ahora están activas más centrales de ciclo combinado de gas, centrales nucleares y otras fuentes de generación síncronas más capacitadas para absorber las sobretensiones que pudieron provocar la caída del sistema.
Aelec ya mostró su preocupación hace una semana. La asociación presidida por Marina Serrano advirtió en un comunicado que “esta situación está generando un impacto económico importante sobre comercializadores y consumidores”. La patronal calcula que el incremento de los costes por la operación reforzada ha supuesto en un solo mes un sobrecoste de 200 millones de euros. “Aelec considera necesario un tratamiento regulatorio extraordinario para evitar que estos costes recaigan injustamente sobre comercializadores y consumidores“.
“Subrayamos que se solicita una propuesta transitoria y excepcional, que podrá evitar daños irreparables en el mercado de comercialización del país y un incremento de precios sustancial de electricidad generalizado y asociado al apagón y a la operación del sistema posterior” y apunta hacia dónde podría estar la solución: “El actual marco normativo, mediante los Procedimientos de Operación 8.2 y 14.4, permite respaldar este tipo de medidas extraordinarias para el caso de una operación del sistema extraordinaria como en la que nos encontramos“.
Antes que Aelec, habían sido las propias comercializadoras de luz agrupadas en ACIE quienes mostraron su malestar con esta situación. Algunas firmas independientes de compraventa de luz han decidido ya incluir este sobrecoste en el recibo de sus consumidores. Este es el caso de Gana Energía. La comercializadora de Repsol ha incrementado la factura entre un 6% y un 7% por este concepto.
La cuestión ha saltado del ámbito empresarial al político. El grupo parlamentario Sumar presentó una batería de preguntas al Gobierno en las que pide cuentas a Transición Ecológica para evitar este mal entre los usuarios.
Al grupo parlamentario liderado por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, se suma ahora el Partido Popular. El principal grupo parlamentario de la oposición también ha registrado preguntas por esta cuestión, según documentación a la que ha tenido acceso este medio.
“Es necesario tener visibilidad de cuánto costaría la energía en condiciones normales y cuanto está costando en modo reforzado para que las comercializadoras no suban más de lo necesario el coste de sus tarifas y para que los inversores puedan hacer sus cálculos de modelos de negocio correctamente y no paralicen sus inversiones previstas”, detalla el PP en el documento con fecha 5 de junio.
¿Tiene prevista REE publicar los costes extraordinarios de ajuste (que la compañía conoce diariamente) para dar visibilidad del coste que hubiera tenido el mercado sin el modo reforzado y por tanto que las empresas y los inversores puedan prever los costes que el mercado tendrá previsiblemente cuando se elimine este modo de funcionamiento?, pregunta el grupo liderado por Alberto Núñez-Feijóo.
¿Puede el Gobierno o REE hacer pública una estimación siquiera aproximada de hasta cuándo se va a operar de la manera en que se está haciendo, si hay previstos distintos escenario y de si la desactivación del modo reforzado será escalonada o total?, añaden.
Por ahora ni Red Eléctrica ni el Gobierno quieren pronunciarse. En uno de los últimos comités de agentes de mercado que celebra el operador del sistema, varias comercializadoras preguntaron directamente por esta cuestión a los responsables de la compañía, pero no recibieron respuesta, señalan varias fuentes presentes en dicho comité. Mientras tanto, los usuario cargan con un coste extra que cobran las plantas de generación para tener la seguridad que no haya un segundo apagón, que supondría un golpe letal para la reputación del país.
