Yolanda Díaz pide cuentas al Gobierno por el recargo antiapagón que ya se aplica al recibo de la luz
Sumar requiere información a Transición Ecológica por los sobrecostes surgidos desde el incidente que pagan los consumidores en la factura
Crece la presión sobre las autoridades para que den cuentas del apagón sufrido el pasado 28 de abril, el peor incidente del sistema eléctrico en la península Ibérica. El grupo parlamentario Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición, ha requerido información en el Congreso de los Diputados al Ministerio para la Transición Ecológica para que explique los sobrecostes que están pagando los consumidores desde el histórico blackout en España y Portugal.
En un escrito presentado ante la Cámara Baja el pasado dos de mayo, al que ha tenido acceso este medio, los diputados Eloi Badia y Fèlix Alonso preguntan al departamento dirigido por la Vicepresidenta Tercera y ministra competente en materia energética, Sara Aagesen, por esta cuestión que ya afecta al bolsillo de millones de hogares y empresas.
“¿Qué justificación hay para que los clientes de tarifa regulada ya estén pagando el sobrecoste de seguridad reforzada?”, señala el documento oficial. “¿Qué medidas va a tomar el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para que los sobrecostes de la seguridad reforzada no acaben repercutiendo en la factura de la luz de la ciudadanía?”, prosiguen los parlamentarios del Grupo liderado por la Vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz.
En línea con lo anterior, Sumar se cuestiona que las consecuencias del apagón sean finalmente soportadas por los consumidores, según se desprende de sus preguntas: “¿Cuál es el plan del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para que el sobrecoste de la seguridad reforzada sea asumido por las grandes eléctricas, tal y como ha manifestado la ministra Aagesen?”.
Por último, también requiere información al Gobierno por el coste asumido para evitar nuevos apagones, una información por la que han mostrado interés las comercializadoras de luz independientes, que tras el blackout están soportando costes extra que ha llevado su operativa a pérdidas en algunos casos. La ministra para la Transición Ecológica aseguró recientemente en sede parlamentaria que la operación reforzada supone un 35% del mercado de ajuste, un concepto que asumen comercializadoras de luz y clientes. “¿Con qué datos cuenta el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para concluir el porcentaje de la operación reforzada en el mercado de ajustes?”, preguntan desde Sumar. Fuentes del sector señalan que decir que la operación reforzada supone el 35% es tanto como decir que dicho modo de seguridad incrementa el coste de estos servicios de ajuste un 53%.
Preocupación empresarial y política
La preocupación por parte del socio minoritario del Gobierno se produce después de que este diario desvelara el pasado 30 de mayo que las comercializadoras de luz plantean ya una tasa a sus clientes por el coste extra de evitar otro apagón. Tal y como detallan desde estas empresas, ya desde hace días están incluyendo en la letra pequeña de algunos de sus contratos una referencia al incremento del costes de la seguridad reforzada que aplica Red Eléctrica para poder repercutir dicho coste a sus consumidores en la factura. Además, los alrededor de nueve millones de hogares de mercado regulado (PVPC) sufren un incremento de al menos cuatro euros en su recibo desde el pasado 28 de abril, fruto de la seguridad que evite un nuevo incidente. “Es un antibiótico de amplio espectro”, señaló la ministra del ramo, Sara Aagesen.
Esta operación reforzada de la que habla tanto el operador del sistema como el Ministerio para la Transición Ecológica ha disparado los costes, ya que ha hecho necesaria una mayor participación de tecnologías de respaldo (hidráulica, ciclos combinados de gas o nuclear), en lo que se denomina como mercados de ajuste o restricciones técnicas.
Para las comercializadoras que tienen que soportar esta tasa y no pueden repercutirla a sus clientes está siendo una fuente de problemas. No sólo por los contratos onerosos que se generan sino porque se ven obligados a añadir este sobrecoste, lo que las hace menos competitivas ante las grandes eléctricas, que son a la postre quienes están beneficiándose de mayores ingresos de sus plantas de generación tradicionales.
Estas empresas de compraventa de luz han trasladado ya su preocupación a Red Eléctrica, que por ahora no les da ninguna referencia temporal sobre cuándo puede acabar esta situación, tal y como trasladó la directora de operación del sistema a estas empresas en el último Comité de Agentes de Mercado. También ACIE, donde se asocian comercializadoras de luz que suman seis millones de usuarios, han enviado cartas pidiendo explicaciones a Red Eléctrica y el Gobierno, sin que por ahora hayan recibido respuesta.
La preocupación ha saltado de nivel empresarial al ámbito político. Ya no sólo PP y Vox cuestionan al Ejecutivo desde la oposición, ahora también se suman sus socios de coalición. han sido dos diputados integrados en la plataforma Sumar procedentes de Catalunya en Comú, el partido fundado por Ada Colau, quienes han lanzado ahora requerimientos de información por vía oficial en el Parlamento. En Cataluña se sitúan varias de las principales comercializadoras de luz independientes que están sufriendo estos efectos de la operación reforzada contra apagones, como Factorenergía, Audax, Nexus, Holaluz y otras. Fue Ada Colau en su etapa de alcaldesa de Barcelona quien precisamente lanzó Barcelona Energía, una comercializadora pública para dar servicio al área metropolitana de la Ciudad Condal.
Más de un mes después del apagón que dejó a oscuras a todo el territorio nacional durante horas, las autoridades no han encontrado a los responsables últimos de un incidentes que ha causado importantes costes materiales y también humanos. Actualmente hay en marcha varias investigaciones paralelas para esclarecer las causas y poder depurar responsabilidades. Para todas esas investigaciones se habla de meses hasta que se tengan conclusiones. Mientras tanto, la operación reforzada del sistema eléctrico continúa. Este coste añadido que cobran las grandes eléctrica y acaban asumiendo directa o indirectamente los 30 millones de consumidores del mercado nacional puede elevarse a miles de millones si se prolonga en el tiempo, según estimaciones preliminares de las comercializadoras de luz.
