La CNMC anima a que el sector público reclame daños a las empresas por el amaño de licitaciones
Competencia abre una consulta pública para dotar a las administraciones de un marco para reclamar
El descubrimiento de distintos cárteles de empresas que se han repartido durante años contratos públicos, por ejemplo en la obra ferroviaria, ha movido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a ir más allá de la investigación de prácticas fraudulentas. El organismo que preside Cani Fernández ha iniciado una consulta pública para tratar de dotar a las administraciones de un marco que facilite la reclamación de daños en la contratación con el sector privado.
La CNMC subraya que el gasto en contratación pública representa el 11,5 % del PIB en España y casi una cuarta parte del gasto público total, según datos de 2023 publicados por la Oirescon. Prácticas como los pactos de precios entre empresas, el abuso de posición dominante o el reparto de las licitaciones, pueden tener un impacto potencialmente elevado en las arcas públicas, ante lo que la CNMC recuerda que cualquier perjudicado por una infracción de competencia puede reclamar a los infractores una compensación ante los tribunales.
Tal y como informó Cinco Días, la pública Adif tiene previsto contratar informes periciales para determinar el daño ocasionado por el cártel de la electrificación, por el que una docena de compañías estuvo 14 años repartiéndose contratos. Los concursos amañados estaban valorados en su conjunto en más de 1.200 millones de euros, relacionados con la instalación de sistemas eléctricos y de seguridad en las redes de alta velocidad y de tren convencional. Pese a que la CNMC ya sancionó a los integrantes del grupo con 118 millones de euros en 2019, Adif pretende acudir a la justicia ordinaria para reclamar el daño económico sufrido por la ausencia de competencia en esas licitaciones.
Este tipo de demandas, apunta la CNMC, tienen un efecto disuasorio para futuros infractores, complementario a las sanciones que establecen las autoridades de competencia. El resarcimiento por la vía judicial consiste en devolver a quien haya sufrido un perjuicio a la situación en la que habría estado de no haberse cometido la infracción (artículo 72 de la Ley 15/2007 de defensa de la competencia). En este sentido, la propia CNMC publicó en julio de 2023 una guía sobre la cuantificación de daños por infracciones del derecho de la competencia.
La aprobación de la conocida como directiva europea de daños en 2014 (Directiva 2014/104/UE) abonó el terreno para las reclamaciones de particulares y empresas, pero la CNMC observa que pocas entidades públicas han optado por reclamar por la vía judicial. Su intención, con el lanzamiento de la consulta pública, es analizar la situación a la que se enfrenta el sector público cuando emprende este tipo de demandas.
La iniciativa, abierta hasta el 18 de julio, supone una llamada a administraciones y otras entidades del sector público, abogados, economistas, académicos, empresas, etcétera. La CNMC ha advertido que este es un proceso transparente, lo que supone que las respuestas, y el nombre de los particulares o empresas que las ofrecen, se publicarán íntegramente, salvo excepciones justificadas por motivos de confidencialidad.
La consulta se divide en dos bloques, con un primero que contiene preguntas dirigidas a todos los participantes, y un segundo que se dirige exclusivamente a las organizaciones que han iniciado acciones de reclamación, pero que también pueden ser contestadas por otros participantes con experiencia. Entre otras cuestiones, se expone la eficiencia de distintas medidas previstas para fomentar las reclamaciones de daños; se pregunta por el uso de vías extrajudiciales, o por los retos que conllevó la justificación de la existencia del daño y su cuantificación.
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