Muniesa confirma que CaixaBank mantiene la sede en Valencia pese al traslado de la Fundación a Barcelona
La junta de accionistas ha dado el visto bueno al cambio de una tercera parte del consejo de administración y a los nuevos sueldos del consejo, aunque con el voto en contra del FROB
El nuevo presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, se estrenó este viernes ante los accionistas del banco, tras haber sustituido desde el pasado 1 de enero al anterior presidente, José Ignacio Goirigolzarri. Y lo hizo abordando uno de los temas más candentes para la entidad, la eventual vuelta de la sede social a Cataluña, a imagen de lo que ha hecho su primer accionista, la Fundación La Caixa, y el Banco Sabadell.
Muniesa afirmó ante los accionistas que la vuelta de la Fundación y su brazo financiero, Criteria Caixa, a Cataluña es “una decisión soberana”, que “respetan profundamente”. El nuevo presidente aclaró que acordaron llevar la sede del banco a Valencia en 2017 (en los días posteriores al referéndum independentista del 1 de octubre), debido a que, en sus palabras, “era lo mejor para nuestros clientes y accionistas”. Y recordó que, igualmente, decidió mantener la sede en Valencia en 2021, cuando se cerró la fusión con Bankia, con dos sedes operativas, en Madrid y Barcelona.
“Nos llena de orgullo que CaixaBank sea el banco de referencia en la Comunidad Valenciana, como en otras muchas comunidades”, aseveró.
El nuevo presidente también se refirió a uno de los principales asuntos que se votaban en esta junta: la intensa renovación del consejo de administración. De este organismo han salido el anterior presidente, Gorigolzarri, así como los otros tres consejeros independientes procedentes de Bankia (Eva Castillo, Francisco Javier Campo y Joaquín Ayuso) y un representante de Criteria, José Serna. Muniesa ponderó el compromiso del banco para ser “una entidad referente en Gobierno corporativo” y afirmó que la propuesta para el nuevo organismo es “de la máxima exigencia”. Los nuevos consejeros propuestos eran Rosa María García Piñeiro, Luis Álvarez Satorre, Bernardo Sánchez Incera, Pablo Forero Calderón y José María Méndez Álvarez-Cedrón, con la designación de Amparo Moraleda como vicepresidenta.
El consejo también sometía a la votación de la junta el pago de un dividendo complementario de 43,52 céntimos de euro, un 11% superior al importe del año pasado. En total, en 2024, el banco habrá repartido 3.096 millones de euros de resultado en dividendos.
Además, se consultaba sobre las retribuciones al consejo de administración. El banco propuso elevar un 47% el bonus del consejero delegado, Gonzalo Gortázar. Del mismo modo, consignó un salario fijo anual de 2,58 millones, un 3% más, y un máximo de cinco millones. Este asunto ha levantado las críticas de varios accionistas, fundamentalmente de los representantes de los sindicatos.
Todos los asuntos sometidos a la consideración de los accionistas fueron aprobados. No obstante, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el instrumento a través del cual el Estado tiene el 18% del capital, votó en contra de la política de remuneraciones del consejo de administración. La razón, como en otras juntas de accionistas del banco, es que el alza en el sueldo de Gortázar es superior a la de la media de la plantilla.
Tras la junta de accionistas, el consejo de administración ha reestructurado las comisiones. Ha incluido a Cristina Garmendia y Koro Usarraga en la comisión ejecutiva; a Fernando Costa y a Rosa María García, en la de nombramientos y retribuciones; y a Bernardo Sánchez, José María Méndez y Teresa Santero, en la de auditoría y control. Igualmente, también reestructura la comisión de riesgos con la incorporación de Koro Usarraga, Fernando Costa, Pablo Forero y Rosa María García y a Luis Álvarez y Bernardo Sánchez en la de Innovación, Tecnología y Transformación Digital. En cuanto a la comisión de retribuciones, el banco decide cambiarla por completo y designar como componentes a Garmendia (que será la presidenta), Álvarez, Forero, Méndez y Usarraga.
Muniesa también defendió la consecución de los objetivos del plan estratégico entre 2022 y 2024, bajo el que CaixaBank culminó la integración de Bankia. En cuanto a la nueva hoja de ruta, confirmó los objetivos planteados, pese a considerar que es pronto para valorar los recientes episodios de inestabilidad geopolítica, con el inicio de una guerra comercial por Donald Trump. En este aspecto, ponderó que la economía española está menos expuesta a las restricciones comerciales con EE UU.
En este contexto macroeconómico, el presidente reclamó a Europa acometer una simplificación normativa, con el foco particular en el sector financiero. También pidió impulsar la competitividad con una apuesta por la industria y por recuperar la relevancia de Europa en el mundo.
A renglón seguido, el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, puso en valor la elevada situación de solvencia de la entidad ante la incertidumbre macroeconómica por los aranceles de Trump. En esta línea, defendió que el banco cuenta con su menor tasa de morosidad histórica, del 1,7%, así como una elevada tasa de liquidez, en el 207%. También valoró tanto el nuevo plan estratégico como los resultados del banco. La entidad ganó 5.787 millones, un 20% más, en el mejor ejercicio de su historia.
Sobre la firma