De Guindos, Orcel, Saracho, Albella o Linde: los testigos VIP que Ángel Ron pide que declaren en el juicio del caso Popular
El expresidente del Banco Popular, que se enfrenta a seis años y medio de prisión, tacha de “arbitrarias” las acusaciones por estafa y falsedad contable a inversores
El expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha presentado ante la Audiencia Nacional su escrito para defenderse de los delitos de falsedad contable y de estafa a inversores que se le atribuyen por las presuntas irregularidades en la ampliación de capital que realizó el Banco Popular en 2016, un año antes de que la entidad fuese resuelta y adquirida por el Banco Santander por el valor simbólico de un euro. Según el juez que investigó el conocido caso Popular, los inversores fueron engañados en esta operación porque los estados financieros de ese año y de 2015 no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio, por lo que responsabilizó al consejo de administración de la época, así como a los auditores externos de PwC. Ron asegura que, bajo su mandato, el banco cumplió toda la normativa y que nunca le llegó ninguna advertencia de que la ampliación de capital no se estuviera haciendo correctamente o que las cuentas fueran “falsas”. Para sostener su tesis, el que fuera el máximo responsable del banco ha solicitado al tribunal que llame a declarar a testigos de máximo nivel.
En el listado de 36 personas figuran su sucesor en el cargo, Emilio Saracho, que estuvo investigado en esta causa; el exministro de Economía y vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos; el empresario y exconsejero del Popular Antonio del Valle; los expresidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Elvira Rodríguez y Sebastián Albella, este último socio de Linklaters que supervisó como experto independiente la ampliación de capital; el consejero delegado de Unicredit y expresidente de UBS Andrea Orcel, que hizo de interlocutor cuando el banco de inversión aseguró la operación; o el exgobernador del Banco de España Luis María Linde. Muchos de ellos ya prestaron declaración en la misma calidad durante la fase de instrucción ante el juez José Luis Calama.
Ángel Ron trata de desmontar la tesis acusatoria que dirige contra él la Fiscalía Anticorrupción —que pide seis años y medio de prisión contra el expresidente de la entidad desaparecida—y otros particulares acerca de su responsabilidad en los hechos por su condición de presidente. Al respecto, el acusado asegura que se trata de un “título insuficiente” para fundamentar una responsabilidad criminal sin acreditar su “participación efectiva y específica”. “Tenía atribuidas funciones en el organigrama del banco que dependían de la confianza en el cumplimiento por otros, que actúan en el plano horizontal, de sus propios deberes normativos. Conforme al principio de confianza, con carácter general no se responde por la falta de cuidado ajeno, sino que el derecho autoriza a confiar en que los otros cumplirán sus deberes de cuidado”, indica en el escrito al que ha tenido acceso CincoDías.
A lo largo de 69 páginas, el expresidente del Popular afirma que la acusación por falsedad contable y estafa a inversores “carece de fundamento” y es “arbitraria”. Asimismo, cuestiona que algunas de las acusaciones particulares estén legitimadas para seguir en el procedimiento, ya que se personaron para defender sus derechos en relación a los 108 días que estuvo Saracho al frente del Popular. Una “segunda etapa” que acabó siendo archivada por el juez instructor.
Juicio “selectivo”
Ron también pone en duda que el juez Calama, “selectivamente”, decidiera mandar al banquillo de los acusados a unos cuantos miembros del consejo de administración, pese a que todo lo relativo a la ampliación de capital se decidió y aprobó “de manera colegiada y responsable” por todo el órgano. El expresidente también pide que testifiquen estos exconsejeros que fueron eximidos de sentarse ante un tribunal para que certifiquen que las cuentas del banco expresaban “la imagen fiel de la entidad”. De hecho, insiste en que el consejo de administración al completo, tanto los miembros acusados como los que no, suscribió un total de 390.346.952 títulos, por importe de 487.933.690 euros, lo que correspondía a un 19,47% de prácticamente la totalidad de las acciones emitidas por Banco Popular.
En esta línea, Ron recuerda que en la ampliación de capital por 2.500 millones de euros intervinieron también el auditor externo de PwC (que también se encuentra acusado, al igual que la firma de servicios profesionales como persona jurídica), y expertos independientes de KPMG y del despacho Linklaters. “Es decir, Banco Popular, bajo la presidencia del señor Ron, contrató a uno de los mejores despachos del mundo en el ámbito mercantil-financiero, para que le asesorase de manera concreta y emitiese una opinión vinculante sobre la ampliación de capital que planteaba llevarse a cabo”, señala el escrito de defensa.
“Por tanto, el Consejo fue debidamente informado por personas cualificadas de todos los detalles de la operación de ampliación de capital y de la situación contable y financiera de la entidad expresada en el folleto de la ampliación, sin que ningún directivo, experto externo, ni los servicios de auditoría interna y externa, advirtieran al Consejo de posibles incumplimientos de la normativa contable (...) Tampoco hicieron advertencia alguna los órganos de supervisión (Banco Central Europeo, Banco de España y CNMV) que intervinieron con funciones de control previa a la comercialización de las nuevas acciones”, añade.
Discrepancias de los peritos
De hecho, sobre la normativa contable, Ron apunta que los peritos del Banco de España que fueron designados para hacer de auxilio judicial en la causa que la Audiencia Nacional empezó a investigar en octubre de 2017 y que concluyó cinco años y medio después ya señalaron en uno de sus informes que las cuentas de las cuentas de 2015 y los estados intermedios de 2016 eran correctos y se realizaron conforme a la normativa vigente. En este punto, recuerda que estos expertos del supervisor se vieron obligados a ampliar sus conclusiones y aplicar de manera “retroactiva” al año 2016 los resultados de una inspección del Banco Central Europeo, pese a su disconformidad. Así, lamenta que las acusaciones hayan basado sus tesis en estos criterios que suponen una “simulación”.
Por último, Ron señala que no se puede ejercer ninguna responsabilidad civil contra ninguno de los acusados, como consejeros del Popular, ni contra el Banco Santander, como sucesor universal, porque, según indica, lo que ha producido el daño económico a los inversores no ha sido la ampliación de capital, sino la resolución adoptada por la Junta Única de Resolución (JUR), el 7 de junio de 2017. El exbanquero apunta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia de 2022 que cerró la puerta a los inversores a pedir indemnizaciones al banco o sus administradores por la ampliación de capital.