Ortiz (Bankinter) se separa de la polémica con Repsol: “No hay ninguna amenaza de llevarnos nada a ningún sitio”
La consejera delegada de Bankinter reclama al Ejecutivo que corrija los “defectos técnicos” de la tasa
La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, ha marcado diferencias con la postura de las eléctricas en su oposición a la intención del Gobierno de hacer permanente el impuesto a las energéticas y a los bancos. Se ha distanciado de la posición defendida esta semana por su homólogo de Repsol, Josu Jon Imaz, quien ha amenazado con llevar inversiones fuera de España si prosperan los planes del Ejecutivo. Ortiz, en cambio, ha rechazado que la entidad que ella pilota se plantee deslocalizar sus negocios y ha defendido que la postura menos beligerante de la banca tiene que ver con la necesidad de mantener “un tono normal”. “Es una conversación entre adultos”, ha defendido.
El Ejecutivo —que en 2022 introdujo una tasa temporal sobre la banca y las energéticas para gravar sus beneficios extraordinarios en plena subida del precio de la luz, la inflación y los tipos de interés— plantea transformar estas tasas en permanentes. En concreto, trabaja en crear un impuesto permanente sobre ambos sectores, a aplicar a partir de 2025, que aún debe ser aprobado por sus socios parlamentarios.
Ortiz ha defendido que la entidad también podría llevar fuera de España alguno de sus negocios, como la parte internacional, la tesorería o las inversiones de bonos. Pero ha defendido que en ningún caso la entidad se plantea deslocalizarlos. Con respecto al choque del Gobierno con el sector eléctrico y fundamentalmente con Repsol y el bajo perfil que está adoptando la banca, lo ha enmarcado en el “mercadeo político” y que no tiene nada que ver con la fuerza del sector.
En su lugar, Ortiz ha abogado por, en la redacción de la nueva figura que prepara el Ministerio de Hacienda, eliminar aquellos aspectos que las entidades consideran como “defectos técnicos y jurídicos de la tasa actual”. Como, por ejemplo, el hecho de que el actual gravamen se aplica sobre los ingresos y no sobre los beneficios, una de las principales peticiones del sector financiero. O que este afecte a todos los bancos y no solo a los que más ganan, si bien ha afirmado que desconocen los detalles de la nueva tasa que prepara el Ejecutivo.
“Si cumple con la legalidad lo pagaremos como hacemos con todos los impuestos”, ha afirmado. No obstante, ha dejado la puerta abierta a recurrir la tasa si ven cualquier resquicio legal para ello. El sector —a través de sus patronales la Asociación Española de Banca (AEB) y Ceca, que agrupa a las antiguas cajas— ha recurrido el impuesto ante la Audiencia Nacional por la vía del contencioso administrativo. A esta se le añade una segunda demanda, impulsada en concreto por Sabadell, Bankinter y Kutxabank, en la que la Audiencia rechazó las medidas cautelares que reclamaron estas firmas.
“Aunque cumpla con la legalidad, no nos gusta el impuesto, es discriminatorio. Somos la correa de transmisión del ahorro y de la inversión. Somos fundamentales para el crecimiento económico. Creemos que no es un buen impuesto”. ha sostenido Ortiz. Ha defendido también que al sector financiero “ya se le discrimina”, por el tipo del 30% que paga en Sociedades.
Finalmente, ha enmarcado dentro de la normalidad la reciente inspección de la Agencia Tributaria sobre el pago del actual impuesto en los dos últimos años. Apunta que el impacto ha sido irrelevante y que, en línea con el recurso general al tributo, las entidades han firmado actas de disconformidad y lo apelarán también en los tribunales. Las pesquisas de Hacienda se centran en las deducciones por el pago de los cupones de los bonos cocos, el negocio en el extranjero, los ingresos por comisiones de seguros y los activos diferidos.
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