Correos se salva de indemnizar a Unipost con 300 millones en el fin de un histórico pleito
La justicia da la razón a la empresa pública y desestima en su totalidad la demanda que había interpuesto la catalana por supuestas prácticas anticompetitivas
Correos salva un match ball judicial histórico. El Juzgado de lo Mercantil número 4 de Barcelona ha dictado sentencia a favor de la compañía pública en la demanda que Unipost había interpuesto por las supuestas prácticas anticompetitivas de Correos, por la que pedía 301 millones de euros. La antigua firma de servicio postal con sede en Barcelona aseguraba que Correos había sido la culpable de su quiebra por el abuso de su posición dominante entre 2004 y 2018. En ese periodo, Unipost alegó que la firma rival llevó a cabo una estrategia destinada a excluirla del mercado mediante el desarrollo de una política de precios anticompetitivos “en forma de descuentos a grandes clientes sustentada mediante las ayudas estatales ilícitas e incompatibles” otorgadas a Correos, que “dieron lugar a precios predatorios”. Esto, afirmaba Unipost, se traducía en una posición de dominio con cuotas de mercado del 90%. En su sentencia, la justicia sí ve como probado que Correos ha mantenido y mantiene una posición de dominio estable en el mercado minorista, con cuotas de entre el 80% y el 90%.
Unipost, además de las prácticas de Correos para atraer a estos grandes clientes, acusó a la empresa pública de “sistemáticamente intentar confundir a las autoridades contables, postales y de competencia mediante una contabilidad opaca y enrevesada, con el fin de hacer más difícil la detección e interpretación contable” de su política de precios. Sin embargo, la justicia no ha visto irregularidades en las ayudas recibidas por Correos y no solo ha quitado la razón a Unipost, sino que la obliga a pagar las costas de un proceso judicial que se inició en junio de 2020 cuando presentó esta demanda civil, aunque las partes cuentan con un plazo de 20 días para recurrir la sentencia.
Un punto clave que jugó a favor de Correos en esta sentencia histórica fue la decisión adoptada por la Comisión Europea en mayo de 2020, que ratificó la legalidad de las ayudas que la empresa pública recibió por la prestación del servicio postal universal entre 2011 y 2020, con una cuantía de 1.219 millones de euros. El Tribunal General de la Unión Europea, en noviembre de 2023, sentenció que efectivamente dichas ayudas a la empresa pública eran compatibles con el normal funcionamiento del mercado, aunque sí que las consideró ilegales. Cabe señalar que Correos tiene una gran capilaridad en el territorio y presta un servicio clave en muchas zonas rurales en las que no sería rentable prestar servicio a una empresa privada a un precio bajo.
En el mencionado periodo entre 2011 y 2018, Unipost estimaba que Correos había disfrutado de 416 millones de euros en ayudas que no debería haber percibido, aunque esa cifra parte de un cálculo erróneo de unos créditos imputados en los Presupuestos Generales del Estado de 2013. “Resulta difícil poder mantener la existencia de la infracción única y continuada que se pretende que sea declarada en esta sentencia. Uno de los pilares en que se asienta la existencia de dicha infracción es precisamente la existencia del exceso de financiación en periodo 2011 a 2018 con 416 millones (...) sin este pilar se reputa imposible seguir con el análisis de la infracción que se denuncia en la demanda”, concluye el juzgado catalán.
Unipost presentó concurso de acreedores en julio de 2017, aunque poco después tuvo un último gran encargo de la Generalitat de Cataluña por valor de un millón de euros: el reparto 5,3 millones de tarjetas censales y 56.000 cartas certificadas para el referéndum independentista ilegal del 1-O. Sin embargo, en septiembre de ese año, la Guardia Civil registró el almacén de la compañía en Terrasa (Barcelona) y acabó con las esperanzas de la compañía de salvar su situación financiera.
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