Revés judicial a Sacyr en su pugna por evitar el pago de 140 millones por las radiales
La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso presentado por la compañía del Ibex 35, que acudirá al Tribunal Supremo para esquivar una reclamación que cree que no debe provisionar
Varapalo judicial contra Sacyr. La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado un recurso de la compañía del Ibex 35 y confirma la sentencia del juzgado de Primera Instancia número 26 de Madrid, que le condenó en 2021 a pagar más de 141,5 millones de euros a los fondos acreedores de las autopistas quebradas R-3 (Madrid-Arganda del Rey) y R-5 (Madrid-Navalcarnero).
El fallo de segunda instancia emitido este 1 de octubre, al que ha tenido acceso El País/Cinco Días, corrobora las pretensiones de los demandantes por el supuesto incumplimiento del Contrato de Apoyo. Fuentes próximas al pleito señalan que el juez considera que es una garantía de la financiación y es independiente de la RPA “Como de forma acertada razona Haitong [el banco agente de los acreedores] hay varios motivos que confirman que el Contrato de Apoyo tiene una función de garantía y prevé unas concretas garantías”, concluye la sentencia. De esta forma, la Audiencia Provincial condena al pago de la suma reclamada y sus intereses, además de las costas del recurso. Entre los reclamantes figuran SVP, Taconic, King Street, Attestor, el Instituto de Crédito Oficial, Deutsche Bank, CaixaBank, KFW, FMS, Nord LB, Haitong y JP Morgan.
Frente a esta resolución, aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por lo que Sacyr agotará todas sus opciones, según confirman desde la empresa. La multinacional se ha quedado sola en su disputa con los acreedores de este pleito, ya que Abertis y ACS, los otros dos concesionarios y constructores de las autopistas, llegaron a un acuerdo con estos fondos. Tras la quiebra estos inversores decidieron quedarse con los derechos de cobro de los bancos (Santander, Bankia, BBVA, Caixa, ING o RBS) que financiaron la construcción de las carreteras y vendieron su posición con descuento. La reclamación total por la R-3 y la R-5 ascendía a más de 450 millones.
Desde que se produjo el fallo en primera instancia de 2021, las compañías participadas por Florentino Pérez decidieron provisionar la reclamación en sus cuentas y posteriormente, en 2023, sellaron la paz con un acuerdo con estos fondos. Por eso en la reclamación actual, tanto ACS como Abertis se retiraron del pleito.
A diferencia de los anteriores, Sacyr sigue pensando que tiene altas probabilidades de que los jueces acaben dándoles la razón. “Este caso viene de 2013 y ya hubo dos sentencias favorables a los accionistas a pesar de que en primera instancia se dio la razón a los fondos oportunistas que compraron la deuda”, explicó el presidente de la firma, Manuel Manrique, hace tres años.
Ahora, sin embargo, está por ver si finalmente Sacyr puede mantener este pulso sin provisionarlo en sus cuentas, ya que un segundo fallo en su contra podría llevar al auditor de la compañía, PwC, a obligarle a dotar la reclamación. Fuentes de Sacyr señalan que “desde el punto de vista contable hay que provisionar cuando se espera un deterioro en un activo o una sentencia en contra. Pero en este caso un acreedor no puede cobrar dos veces la misma deuda, por lo que no tenemos que provisionar nada”.
Otras fuentes explican que la totalidad de los préstamos otorgados para financiar el proyecto ya les han sido reconocidos a estos fondos con cargo a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), efectuada por parte del Gobierno a principios de este año. Aseguran que esa RPA cubre la totalidad de los préstamos que se otorgaron para financiar los proyectos como, según explican, incluyó en el Informe del Administrador Concursal correspondiente al segundo trimestre del 2024.
Con esta posición, creen que Sacyr ha defendido mejor los derechos de sus accionistas, ya que probablemente Abertis y ACS, que ya han pagado, tendrán que reclamar dichos desembolsos que ya ha cubierto el Estado con la RPA.
Sin embargo, otras fuentes creen que las reclamaciones hechas por los fondos las considerarán independientes de la RPA recibida y seguirá pidiendo el pago a Sacyr. Esto, consideran, como mínimo, podría forzar a la empresa a sentarse a negociar una solución extrajudicial.
El origen de esta disputa viene del siglo pasado. El Gobierno de José María Aznar decidió adjudicar desde 1999 las autopistas radiales a grandes concesionarias que se encargarían de construir las carreteras y explotarlas durante 50 años como contraprestación al desarrollo de estos proyectos. Sin embargo, las proyecciones de tráfico que se hicieron para estas carreteras estaban muy por encima del tráfico real.
En 2008, el hundimiento de la circulación por estas vías después de que estallara la crisis financiera provocó la quiebra de dichas autopistas, cuya gestión fue asumida por el Estado tras el concurso de acreedores. En esas quiebras, los bancos financiadores firmaron con las sociedades que desarrollaron los proyectos contratos de aseguramiento, bajo los cuales ahora estos fondos que adquirieron los derechos de cobro reclaman la devolución de los préstamos.