El IDAE ficha a Deloitte como asesor fiscal y refuerza sus mecanismos de control interno
El organismo, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, elige a GNC Assurance, por delante de dos de las ‘big four’, para vigilar que no existen conflicto de interés en las adjudicaciones de ayudas públicas
El Gobierno ha adjudicado a Deloitte un contrato de asesoría fiscal para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ...
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El Gobierno ha adjudicado a Deloitte un contrato de asesoría fiscal para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del cual se ponen en marcha programas y ayudas públicas para combatir el cambio climático. Entre sus funciones se encuentra la gestión del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), que este año tiene previsto recaudar, como mínimo, 274 millones de euros procedentes de las aportaciones anuales impuestas a las energéticas.
Según el expediente, el IDAE —organismo al que se ha asignado la movilización de 10.000 millones de euros de fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)—, requiere un servicio especializado para “garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, la correcta planificación fiscal y reducir los posibles riesgos asociados a ambas disciplinas”. Y todo ello aplicado también a las sociedades que gestiona. Entre ellas figura el FNEE, que se creó en 2014, y que obliga a las más de 700 energéticas emisoras de CO2 a hacer unas aportaciones mínimas, que después se destinan a financiar iniciativas nacionales para impulsar la eficiencia energética.
A este concurso se presentaron un total de seis firmas especializadas en asesoramiento tributario. Además de Deloitte, concurrió EY, otra de las denominadas big four, junto a Auren, Broseta, Denver y Grant Thornton. Esta última fue expulsada porque su oferta no superó la puntuación mínima otorgada por la Mesa de Contratación, según refleja la documentación. Tras el análisis de las ofertas presentadas, cuyos precios oscilaron entre 29.700 euros y 45.000 euros (sin IVA), y el cumplimiento de los requisitos, el IDAE seleccionó, el pasado 28 de junio, a la firma de servicios profesionales que en España lidera Héctor Flórez por obtener la mejor puntuación. El contrato, que tendrá una duración de año y medio y que se puede prorrogar otros 13 meses, estaba presupuestado en 93.000 euros.
Entre las tareas como asesor fiscal, Deloitte tendrá que resolver consultas tributarias sobre la actividad de IDAE; preparar escritos, alegaciones, reclamaciones y contestaciones ante la Agencia Tributaria; asesorar y apoyar a posibles actuaciones fiscales, así como realizar las tareas relacionadas con el cierre fiscal del ejercicio, “en especial, en la determinación del gasto por impuesto y los cálculos relativos a la determinación del IVA soportado y la regularización anual”, según especifica el expediente de adjudicación.
Certificar que no hay trato de favor
Por otro lado, el mismo organismo público adscrito al ministerio que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, buscó un auditor externo para reforzar los controles de prevención de conflictos de interés en aquellos casos en los que las sociedades participadas por IDAE compitan por alguna de las nueve líneas de ayuda que gestiona el Instituto directamente. Para dicho trabajo, la firma elegida ha sido GNC Assurance, que ya ha trabajado para la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el ICEX y administraciones autonómicas como Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana o Cataluña, según destaca en su propia página web. Se ha impuesto a Deloitte, EY y Grant Thornton. El contrato, adjudicado también el pasado 28 de junio, tiene un plazo de ejecución de 24 meses y estaba estimado en 108.900 euros, aunque finalmente costará 58.895 euros (con IVA).
Fuentes del IDAE explican que este servicio de auditoría externa no es una revisión en sí de las ayudas del órgano, sino que se trata dar un “plus” a los mecanismos de control internos y “certificar que todo está impoluto en aquellas líneas de subvenciones en las que se dé esa doble circunstancia: que opten a fondos empresas de las que el Instituto es accionista y que, al no haber presupuesto para todos los solicitantes, pudiera asomar la duda de un trato de favor”. De hecho, esta contratación se enmarca en el Plan de Medidas Antifraude que la propia empresa pública aprobó en diciembre de 2022, que establece un sistema de medidas y procedimientos para mitigar los posibles conflictos de interés que pueden surgir por su dualidad de competencias, y que exige el Parlamento Europeo y Consejo, por su función de gestor financiero del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), a través del cual se canalizan los fondos europeos Next Generation EU.
Las mismas fuentes subrayan que el IDAE pretende “aumentar y diversificar su cartera de inversiones en proyectos empresariales innovadores y de vanguardia en el marco de la transición energética”, por lo que se ha considerado conveniente reforzar sus procedimientos auditores. El pasado mes de abril, Ribera anunció que el Instituto activaba una dotación de 100 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado y del Plan de Recuperación para invertir, como socio minoritario, en proyectos empresariales emergentes que impliquen soluciones tecnológicas innovadoras, startups o modelos de negocio útiles dentro del proceso global de descarbonización de la economía española.
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