Riu prepara su batalla judicial ante la falta de acuerdo entre el Estado y Canarias por la demolición de un hotel
Transición Ecológica no cede las competencias de Costas al gobierno canario y persiste en el fin de la concesión a un inmueble de la cadena balear en Fuerteventura. Canarias presentará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no está dispuesto a dar su brazo a torcer en la batalla que mantiene con la hotelera balear Riu por el hotel Oliva Beach en Fuerteventura. El pasado 28 de febrero decidió declarar la caducidad de la concesión otorgada al hotel y los apartamentos del mismo nombre para ocupar el dominio público marítimo terrestre en el parque natural de las Dunas de Corralejo, lo que abocaba al cierre del establecimiento y su posterior demolición. El Ejecutivo canario se movilizó de inmediato ante el impacto que tendría en términos de actividad y empleo en la región y activó todos los resortes para tratar de esquivar el cierre.
Y el primer hito de esa hoja de ruta se celebró ayer por la tarde con una reunión de alto nivel entre dos delegaciones de primer nivel del Gobierno canario y del Ministerio de Transición Ecológica. A esa comisión bilateral para tratar de alcanzar un acuerdo acudieron, por el Ejecutivo canario, el presidente Fernando Clavijo, que estuvo acompañado por tres consejeros (Economía, Presidencia y Obras Públicas) y un vicepresidente, mientras que por el Ejecutivo central acudieron dos secretarios de Estado (Política Territorial y Medio Ambiente) y una secretaria general (Coordinación Territorial).
El presidente canario presentará un conflicto de competencias ante el Constitucional si no pactan ambas administraciones
La reunión se zanjó sin acuerdo y sin ningún acercamiento de posturas. El Ejecutivo canario defendió que las competencias de costas son suyas desde el 1 de enero de 2023 y que por lo tanto es a él al que le corresponde tomar decisiones sobre el expediente de Riu, que en ningún caso pasaría por la demolición. En el otro lado, el Ejecutivo central justificó la negativa a traspasarlo porque la concesión de Riu no es considerada ordinaria, sino compensatoria por la pérdida de propiedad al realizar un deslinde. “La competencia sigue dependiendo del Estado porque como titular del dominio público es el que debe realizar los deslindes y determinar las posibles compensaciones”, han recalcado en Transición Ecológica desde el inicio del conflicto.
A la salida de la reunión, el Ejecutivo canario pasó de las palabras a los hechos y confirmó que presentará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional para que este dirima que administración es la responsable de gestionar lo que sucede en las costas de Canarias. Pablo Rodríguez, consejero canario de Obras Públicas, confirmó este extremo en una rueda de prensa posterior al encuentro. “No hay voluntad política por parte del Ejecutivo central de negociar. El artículo 157 del Estatuto de Autonomía de 2018 otorga las competencias exclusivas del litoral a Canarias”, recalcó.
En paralelo, la cadena hotelera prepara su batalla jurídica para defenderse ante dos decisiones que considera injustas por parte de Transición Ecológica. La primera es que ni el hotel ni los apartamentos aledaños estaban dentro del Parque Natural de Corralejo cuando se construyeron. “Las obras transcurrieron entre 1973 y 1975 y no fue hasta 1992 cuando se produjo el deslinde que deja a los hoteles en dominio público”, recalca Águeda Borges, responsable de los servicios jurídicos de Riu. La segunda es que la concesión no es compensatoria. “Lo fue hasta 2016, fecha en la que la concesión pasó de ser compensatoria a ordinaria, con la fijación de un canon anual de dos millones de euros que seguimos pagando”, argumenta Borges, que señala que con ese cambio, la gestión del expediente del Riu Oliva Beach le corresponde al gobierno de Canarias desde el 1 de enero de 2023.
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