Europa se dispone a tumbar el reglamento comunitario para frenar la morosidad empresarial
La mayoría de los países de la UE pide que se tramite como una directiva para fijar excepciones, rechaza el máximo de 30 días para pagar a los proveedores y se opone a un régimen sancionador
Los países miembros de la Unión Europea han presentado una enmienda a la totalidad a la Comisión Europea en su empeño por sacar adelante el reglamento que pretendía acabar con la morosidad empresarial, aprobado el pasado 12 de septiembre. El objetivo de la Comisión era sacar adelante una norma que acabara con los abusos de las grandes empresas sobre las pequeñas, que les imponían plazos de pago de 120 días o superiores ante la falta de un máximo legal, y que frenara las prácticas de una gran parte de esas compañías, que renegociaban plazos o condiciones a su favor, gracias a su elevada cuota de mercado.
El reglamento propuesto por la Comisión Europea limitaba el plazo máximo a 30 días y establecía un régimen sancionador para aquellos que lo incumplieran. El veto, según fuentes empresariales cercanas al proceso, se está produciendo a través de dos vías. El texto legal tenía que pasar su primer trámite con la presentación de enmiendas en el Parlamento Europeo para su posterior ratificación en el plenario. La fecha para el debate de las enmiendas se ha retrasado hasta el 20 de marzo y está comprometiendo su votación en el plenario, ya que el Parlamento Europeo se disolverá en mayo por las elecciones en el citado organismo, previstas para el 6 de junio, y no retomará su actividad hasta el otoño. Si no se debate y se aprueba el reglamento en el plenario del Parlamento Europeo, la iniciativa legislativa volvería prácticamente a la casilla de salida.
Si finalmente llega en plazo y el Parlamento Europeo refrenda ese reglamento, tendrá que pasar la aprobación del Consejo de la UE, en el que están representados los 27 países miembros. Y aquí el rechazo al reglamento es casi unánime. Así quedó patente en la última reunión del Consejo de Competitividad, celebrada el pasado viernes, en la que estuvo presente el comisario europeo para el Mercado Interior, Thierry Breton, y en la que los ministros de Industria mostraron su oposición férrea y enseñaron cómo van a dirigir su rechazo a través de tres vías diferentes. La primera, con el apoyo de 23 países (solo Países Bajos, Polonia, Grecia y Luxemburgo votaron en contra), instaba a tramitar la nueva norma como una directiva y no como un reglamento para poder establecer excepciones. La segunda, respaldada unánimemente por los 27 miembros, rechazaba la fijación de un plazo máximo de 30 días para abonar las deudas con proveedores y también instaba a no prohibir negociaciones particulares entre comprador y vendedor, aunque el segundo estuviera en situación de inferioridad.
Las pymes alertan del riesgo de que los Gobiernos atiendan a los lobbies e ignoren la realidad de las empresas
La tercera, y la más importante por su carácter desincentivador, es el bloqueo a un régimen sancionador que disuada a las empresas de incumplir los plazos de pago. En esa reunión, tal y como ha podido saber Cinco Días, solo Grecia y Francia se mostraron a favor de la implantación de esas sanciones. Los restantes 25 miembros lo rechazaron, bien por el elevado coste económico y burocrático que tendrá o bien por el conflicto que generará con los tribunales de cada estado.
Las patronales que agrupan a las pequeñas y medianas empresas alertaron de las consecuencias catastróficas si no sale adelante el reglamento europeo. Cepyme señaló que España está entre los países con mayor demora en los pagos, ya que un 58% incumple los plazos de pago de la legislación española en vigor, mientras que otros países como como Alemania (35%), Países Bajos o Dinamarca tienen niveles mucho más bajos, con un 35%, 25% y 10%, respectivamente, según la última encuesta de pagos elaborado por Informa D&B.
Por su parte, Antoni Cañete, presidente de la patronal catalana Pimec y vicepresidente de la patronal europa SME, resaltó el efecto devastador que puede tener la perpetuación del retraso en los pagos en la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas. “Si las multinacionales o los gobiernos no toman conciencia de que hay que tener unas reglas de juego justas en los plazos de pago a las pymes, se va a generar un problema de proporciones desconocidas, ya que la mayoría de empresas, y en especial las españolas, serán menos competitivas y menos viables”. En su opinión, los lobbies empresariales han impuesto sus tesis frente a las de las pequeñas y medianas empresas y los gobiernos de ultraderecha están forzando a aceptar sus posicionamientos ideológicos en el caso de la libertad de mercado. “Su prioridad es derrocar el reglamento porque impide que las grandes empresas puedan abusar de las pequeñas imponiéndoles plazos de pago abusivos”.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días
Newsletters
Para seguir leyendo este artículo de Cinco Días necesitas una suscripción Premium de EL PAÍS
Sobre la firma
