Adeslas, Asisa y DKV pierden 600 millones en tres años con la asistencia sanitaria a funcionarios
Presionan al Gobierno para buscar una compensación y se plantean llegar a los tribunales
La asistencia sanitaria a empleados públicos está siendo un pozo sin fondo para un puñado de aseguradoras. Adeslas, Asisa y DKV son las tres compañías que firmaron hace dos años y medio un convenio con Muface, la mutualidad de funcionarios. Aquella renovación fue al alza, pero la disparada inflación de 2022 desbarató las cuentas. De acuerdo con cálculos del sector, en tres años las pérdidas conjuntas podrían llegar a los 600 millones de euros. “La situación nos preocupa”, reconoce Ignacio Garrlada, el presidente del grupo Mutua Madrileña (que controla el 50% de Adeslas). El sector reclama al Gobierno una solución.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) permite a 1,5 millones de personas -entre empleados públicos y sus familias- que elijan cada año si quieren tener sanidad pública o privada, a través de una de las tres compañías que forman parte de este concierto. El 73% elige privada. La forma de financiarse es con un convenio trianual. El Estado mete dinero en Muface que, a su vez, lo reparte entre las compañías de seguros en función de si han sido elegidas por más o menos servidores públicos.
El acuerdo actual abarca de 2022 a 2024, así que las condiciones se pactaron en 2021, justo antes de que se dispararan los precios. Entonces, ya se recogía una subida del 10% respecto al anterior marco. En total, 3.571 millones para los tres ejercicios. Pero ya en 2022 las entidades participantes vieron que la dotación se había quedado corta. “En 2022 perdimos 170 millones de euros, el año pasado subimos a los 200 millones, y este año será aún más”, explica el citado directivo, que prefiere permanecer en el anonimato. En total, cerca de 600 millones de números rojos, que subirían a 700 millones si se tiene en cuenta el ejercicio 2021. Algunas fuentes del sector consideran que la cifra final será algo inferior.
SegurCaixa Adeslas -que opera bajo la marca comercial de Adeslas- pertenece al 50% a Mutua Madrileña y VidaCaixa, la filial aseguradora de CaixaBank, y es líder en seguros de salud. En Muface tiene una cuota de mercado del 34%. La segunda mayor es Asisa (con un 25%), una compañía controlada por Lavinia, una cooperativa de médicos. Por último está DKV (13,2%), propiedad del gigante alemán Munich Re. El restante 27% son los empleados públicos que optan por tener una cobertura médica a cargo de la Seguridad Social. Otras compañías como Mapfre, Caser y Axa salieron del concierto al considerarlo no rentable.
Error de cálculo
¿Cómo es posible que el sector calibrara tan mal la renovación de este acuerdo? Hay tres factores. El primero ha sido la inflación, que ha encarecido los suministros hospitalarios, los fármacos y ha subido los sueldos. Más costes para las aseguradoras. El segundo, es la larga cola de tratamientos crónicos que se pospusieron por el Covid 19, y que en los años posteriores están teniendo lugar, con uno o dos años de decalaje. Además, la pandemia agravó algunas enfermedades crónicas y provocó a algunos pacientes Covid persistente.
Ignacio Garralda, el presidente de Mutua, habló ayer con claridad de la situación de Muface. “Siempre ha sido un negocio deficitario, que nos compensaba por las economías de escala, pero es que ahora el déficit es ruinoso. Ya no es soportable”, se quejaba el directivo. De acuerdo con sus estimaciones, la cuota que paga el Estado debería subir por encima del 10% durante varios años seguidos para equilibrar las cuentas. Garralda recordaba que hay otros sectores, como el de las autopistas, donde el Estado ha revisado los cánones que paga, para así compensar la inflación.
Desde el sector, recuerdan que el coste para las arcas públicas del modelo Muface es mucho más bajo que el de la sanidad pública. “Para la Administración, el concierto representa unos 1.000 euros por persona, mientras que en la Seguridad Social el gasto médico sanitario equivalente supera los 1.600 euros anuales. Es una diferencia abismal”, explican desde una de las aseguradoras.
Ante las reiteradas protestas de Adeslas, Asisa y DKV, el Gobierno ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que evalúe el modelo Muface. Desde el sector defienden que, a futuro, los convenios deben ser anuales, y que los pagos deben tener en cuenta el gasto médico real, para evitar una infrafinanciación del modelo. Una opción es ligarlo al gasto sanitario público.
Pero eso no es suficiente, las aseguradoras quieren que el Ejecutivo les compense por las pérdidas que están sufriendo en los últimos años. “No descartamos llegar a reclamarlo por vía judicial”, explica el primer ejecutivo mencionado.
Guerras particulares
Las tres aseguradoras que hoy están en el concierto de Muface no comparten una estrategia única respecto al problema común. Adelas, al ser el líder absoluto en el ramo, tiene más empaque para encajar las pérdidas. Además, algunos de sus centros médicos en provincias son globalmente rentables gracias a los funcionarios que acuden por Muface. En el caso de Asisa, al ser propiedad de un grupo de médicos, tiene por objetivo captar negocio para estos profesionales, no tanto lograr una buena cuenta de resultados. DKV, por su parte, si que está sufriendo con mayor rigor la infrafinanciación, aunque es la que menos peso tiene en el concierto. Desde hace años, sus directivos se quejan del poco dinero que paga la Administración. El anterior consejero delegado, Josep Santacreu se quejaba en 2022 de que “el contrato acaba de arrancar, en enero, y ya tenemos que renegociarlo. Es algo agotador”.
Uno de los temores que tiene el sector es que poco a poco se deje que el modelo Muface se desangre. El programa de Sumar, que forma parte del Gobierno de coalición con el PSOE, recogía expresamente que los funcionarios no estuvieran bajo el paraguas de las mutuas de prestación sanitaria privada, y que se incorporaran a la sanidad pública, lo que supondría la desaparición de Muface. Sin embargo, incorporar a más de un millón de personas de golpe a la sanidad pública, conllevaría engordar aún más las listas de espera de la sanidad pública y tensar más el sistema. Unidas Podemos ya presentó hace tres años una propuesta para acabar con todas las mutualidades de funcionarios. No solo Muface, también Mugeju -poder judicial- e Isfas -ministerio de Derensa-.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días
Newsletters
Para seguir leyendo este artículo de Cinco Días necesitas una suscripción Premium de EL PAÍS
Sobre la firma
