La moratoria a nuevas renovables de La Rioja pone al sector en pie de guerra
Los promotores de los proyectos paralizados pedirán a los jueces que recurran a la Justicia de la UE. La normativa europea considera a las renovables de “interés público superior”
El pasado 23 de enero, el pleno del Parlamento de La Rioja aprobó una proposición de ley “de medidas temporales y urgentes para la protección del paisaje” de esta comunidad autónoma que establece una moratoria en las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica, lo que afecta a los proyectos de renovables en trámite, esencialmente fotovoltaicos.
La medida ha puesto en pie de guerra a este sector ante el temor de un contagio a otros territorios y por la autorización ambiental (DIA) que el Ministerio para la Transición Ecológica ha otorgado a la línea de alta tensión promovida por el grupo aragonés Forestalia, que parte de Teuste (Zaragoza), atraviesa La Rioja y evacua en el País Vasco (en la localidad alavesa de Júdiz). Y es que, según fuentes empresariales, ha sido esta infraestructura la que ha prendido la chispa del descontento que ha derivado en una moratoria sin precedentes y “a todas luces, contraria a la directiva comunitaria de renovables”, que establece que los proyectos verdes son “de interés público superior” y exige simplificar los procedimientos, indica un experto.
Los promotores afectados estudian ya acudir a los tribunales, si bien, al tratarse de una ley, la cuestión no es sencilla. Existen dos vías judiciales: un recurso de inconstitucionalidad, que solo pueden presentar las comunidades autónomas y, al menos, 50 diputados, o plantear una cuestión prejudicial ante el Tribuna Superior de Justicia (TJUE) de la Unión Europea, que debe decidir un juez, previo recurso de los promotores contra algún acto de aplicación de ley.
La primera opción parece descartada ya que se trata de la ley de una comunidad autónoma que ha sido aprobada “de acuerdo con sus competencias”, indican fuentes jurídicas. La segunda opción está en manos de los promotores afectados que, si bien no pueden recurrir la ley, sí pueden hacer lo propio contra el reglamento que desarrolle su aplicación (nunca con carácter retroactivo), esto es, la paralización concreta de de los proyectos. La principal asociación del sector fotovoltaico, UNEF, estudiará la posible “legitimación” para recurrir las posibles órdenes o reglamentos, ya que no es sujeto afectado.
La moratoria riojana, aprobada con los votos del PP, Vox y Podemos-IU y la abstención del PSOE, no afectará a la citada línea de alta tensión, pues, al ser una línea nacional de transporte, la autorización es competencia del Estado. Sin embargo, a su luz verde han contribuido también las comunidades autónomas afectadas, que no informaron desfavorablemente al ministerio en el trámite de la DIA que, finalmente, autorizó este. En el caso de la Rioja, el informe fue elaborado por el anterior Gobierno regional del PSOE.
La línea de Forestalia
Es insólito que una línea de alta tensión no dependa del operador del sistema y transportista, Red Eléctrica de España. Algo que más que prohibido legalmente es prohibitivo económicamente. El grupo aragonés Forestalia decidió lanzar por su cuenta esta línea para la evacuación (más exactamente, dos de 400 kV con una longitud de más 150 kilómetros) de la energía de seis proyectos eólicos en Aragón de 50 MW de potencia cada uno.
En su día, Ecologistas en Acción Huesca denunció que la línea “vulnera la legislación del sector eléctrico, que dicta que líneas de más de 380 kV deben ser consideradas como líneas de transporte, de construcción exclusiva por el operador del sistema eléctrico español, REE”. Así como la autorización ambiental es estatal, la construcción de las líneas las pueden asumir las empresas generadoras.
Tras la aprobación de la moratoria, el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, calificó la línea de alta tensión de Forestalia como “un misil lanzado desde la Moncloa para destrozar nuestro territorio y nuestro paisaje único”. Y subrayó que desde todas las administraciones regionales se impulsarán todas las iniciativas necesarias para frenar ese “atentado” contra el patrimonio, la cultura y el territorio. En el sector fotovoltaico consideran que tras la medida se encuentran las presiones del poderoso lobby del sector vitivinícola.
La moratoria afecta “a todos los procedimientos administrativos de utilidad pública; así como los permisos de uso y actividades en suelo no urbanizable relativos a instalaciones de generación de energía eléctrica y sus infraestructuras de evacuación, pero se excluyen las de autoconsumo, hasta la entrada en vigor de la Ley del Paisaje de esta comunidad autónoma.
El cambio en el mapa regional perjudica a las energías verdes
El cambio de signo político de muchas comunidades autónomas, copadas desde las últimas elecciones, por gobiernos del Partido Popular, en muchos casos, con la participación de Vox, ha resultado perjudicial para el sector de las renovables, según se lamentan los promotores. Una de las peores experiencias es la de Aragón, que ha aprobado la creación de un nuevo impuesto a las energías verdes.
Con el objetivo de que el impacto visual de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas, revierta en en el territorio, el Gobierno de coalición PP-Vox de Aragón recaudará por el nuevo tributo 30 millones de euros este añ. Aunque un 26% inferior al previso inicialmente, el impuesto es un 30% mayor para la fotovoltaica respecto a la eólica.
Otra comunidad que ha decepcionado al sector es la de Extremadura, que siempre se consideró la más eficiente a la hora de tramitar los proyectos de renovables. Fuentes emprezariales se lamentan del cambio que se ha operado en las relaciones entre los promotores y el Gobierno regional, antes muy fluidas, y en la gestión de los proyectos.
Con todo, la decisión más polémica es la moratoria aprobada por el Gobierno de La Rioja. Desde el primer Gobierno de Mariano Rajoy, con el ministro de Industria, José manuel Soria, a la cabeza, no se aplica en España la prohibición de instalar nuevas renovables. En aquel caso, para poner freno a la concesión de primas sin control que derivó en la sangría del déficit de tarifa.
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