El juicio a Rato se prepara para profundizar en el patrimonio oculto
El tribunal escuchará a los investigadores que analizaron la fortuna del exministro tras escuchar a la exjefa de Antifraude
Rodrigo Rato vive desde finales del año pasado su último calvario judicial. Desde el 15 de diciembre, el que fuera vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar está presenciando el juicio que la Audiencia de Madrid celebra para esclarecer el origen de su fortuna. Durante las primeras sesiones de la vista oral –hasta el momento se han celebrado 13–, el tribunal ha escuchado a testigos cercanos al otrora presidente de Caja Madrid y Bankia, como exdirectivos de las entidades bancarias, o empleados de las empresas que tenía Rato, la mayoría domiciliadas en el extranjero, cuyo funcionamiento ha estado bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción. Estas declaraciones se han completado en las últimas semanas con los testimonios de personajes clave para este procedimiento, como la exjefa de Antifraude, Margarita Valdecasas, que da paso a las explicaciones de los investigadores de las distintas unidades de inteligencia financiera que rastrearon el patrimonio oculto del considerado “milagro económico” del PP.
Según el calendario que manejan el tribunal y las partes presentes en este procedimiento, la fase testifical se alargará hasta mediados de febrero. Será entonces cuando comiencen las periciales, en la que están llamados numerosos técnicos de Hacienda, investigadores de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Precisamente, antes de comenzar esta segunda etapa de la vista oral, la defensa del que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), insistió en poder interrogar a la que fuera inspectora jefe de la ONIF, que entregó a la Fiscalía Anticorrupción el informe que dio inicio al caso Rato. Durante todo el procedimiento, el exministro popular de Economía ha denunciado que ha sido víctima de una causa prospectiva. Así, al inicio del juicio, la abogada María Massó, que representa a Rato, pidió la nulidad de la mayoría de las pruebas de las que se nutrió la investigación judicial. Según aseveró la letrada, estos indicios fueron recabados por la ONIF durante los registros del domicilio y oficinas del exbanquero, que tuvieron lugar en abril de 2015, sin autorización judicial.
Así, el primer objetivo para tratar de desmontar la acusación de Anticorrupción, que pide hasta 70 años de prisión por una decena de presuntos delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares y cuya tesis se basa en los datos recopilados por Antifraude y los análisis de Hacienda, el Sepblac y la UCO, era intentar coger en un renuncio a Margarita Valdecasas.
La que fuera máxima responsable de la ONIF, que declaró el pasado martes, se amparó en varias ocasiones en los casi 10 años que han pasado desde los registros para justificar el no dar detalles de la investigación. “No recuerdo, no me ponga una pistola en la cabeza”, llegó a decir en un momento del interrogatorio. Aun así, Margarita Valdecasas sí que defendió la actuación de los que entonces eran sus subordinados y aseguró que todo se hizo bajo la legalidad y que se utilizó la documentación relevante para la causa. Es más, destacó que si los agentes se llevaron por error información que no era pertinente para la investigación o no estaba incluida en el auto judicial que dio luz verde a los registros, esta “se sacó”.
Amnistía fiscal
Con todo ello, Valdecasas negó que las pesquisas arrancaran por iniciativa suya y que ella estuviera al corriente de todos los pormenores. Según explicó, no hubo una orden expresa de investigar a Rato, sino que todo surgió a raíz de “noticias de prensa” tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012. De hecho, precisó que en el expediente figuraban otros “muchos contribuyentes”.
Sobre la amnistía fiscal, que según Anticorrupción fue utilizada por Rato para aflorar el patrimonio que mantenía en la sombra, declaró unos días antes el asesor que realizó la Declaración Tributaria Especial (DTE). Fernando Sedano confesó que, al estudiar toda la documentación para regularizar la situación fiscal en el exterior del expolítico, le advirtió de que “no encontraba el origen de una serie de partidas” sobre una transferencia de 700.000 dólares de la sociedad Red Rose Finantial al banco suizo BSI.
Asimismo, aseguró que le sorprendió que el despacho Plazas Abogados –acusado como persona jurídica–, contratado como asesor externo, no incluyera en la regularización a Hacienda la situación de la sociedad panameña Wescastle, de la que el testigo tuvo conocimiento tan solo dos días antes de que acabara el plazo de la amnistía fiscal y a través de documentación con muchos “defectos”.
Principales líneas de acusación
En el extranjero. La Fiscalía Anticorrupción considera que Rato ocultó su patrimonio a través de varias sociedades (la irlandesa Red Rose Investment, las panameñas Red Rose Finantial y Wescastle Corporation, y la británica Vivaway Limited) con las que realizó diversas inversiones mediante el uso de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco.
Fraude a Hacienda. El ministerio público detectó un incremento patrimonial no justificado entre 2005 y 2015, por más de 15 millones de euros. Así, concluyó que el exdirectivo del FMI tiene, en total, cuotas defraudadas a Hacienda de 8,5 millones de euros.
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