El sector alimentario carga contra la legislación medioambiental y su impacto en los costes
Patronales de sector primario, industria y distribución critican el margo regulatorio y la ausencia de consenso desde el Gobierno
La cadena alimentaria señala a la regulación medioambiental como uno de los factores que siguen tensionando los precios de los alimentos, y que sustentan las actuales protestas del campo en distintas partes de España.
El reglamento de envases y residuos de envases, que se debate en Bruselas, o el impuesto al plástico, aprobado por el Gobierno hace un año, están en el foco de la crítica, como han coincidido representantes de las principales asociaciones y patronales de los distintos eslabones que componen la cadena: Cooperativas Agroalimentarias por parte del sector primario, FIAB por la industria, y Asedas en el lado de la distribución alimentaria, en un encuentro organizado por el despacho de abogados Ramón y Cajal.
“El sector no está en contra de los objetivos medioambientales, pero lo que queremos es que alguna administración nos escuche”, ha explicado Tomás Rojas, director financiero y de relaciones institucionales de Cooperativas Agroalimentarias. “Llevamos cinco años sin que nos reciba el Ministerio de Transición Ecológica. Están aprobando las leyes climáticas sin contar con el sector, y lo único que pedimos es que nos reciban”.
Al respecto, Rojas reclama tres puntos: intentar consensuar un calendario para conseguir los objetivos medioambientales; propiciar una “financiación adecuada” para llegar a ellos”; y “estudiar las herramientas que podemos usar para lograrlos”.
“La legislación y la regulación también tienen un coste en las facturas”, ha apuntado Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB. Este ha recordado las turbulencias que ha afrontado el sector agroalimentario en los últimos años, incluso antes de la pandemia: desde los duros aranceles que impiso la administración Trump a la importación de productos españoles, o el Brexit, que “trajo unas trabas burocráticas tremendas”. Sin olvidar la propia pandemia, después el temporal Filomena de enero de 2021, “que tuvo un impacto brutal en el mundo rural y el transporte”, la huelga de transportes o la guerra de Ucrania, y ahora la tensión en el mar Rojo. A ello se suma la “sequía más dura de la historia”.
“La mayoría son factores que no se pueden controlar. Pero hay otros que sí, como el marco regulatorio. El impuesto al plástico, la nueva regulación de envases... Y más medidas listas para aprobarse, y que no ayudan”, ha dicho García de Quevedo. Este también ha apuntado a los mayores costes laborales o fiscales: “Son cosas que no ayudan a una normalización de los precios”, ha añadido.
En este sentido, Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, la principal patronal de supermercados, también ha apuntado a una mayor flexibilización de la PAC, o la necesidad de cláusulas espejo con mercados de importación como Mercosur, germen de las movilizaciones en Francia. “Veníamos avisando desde hacía tiempo del impacto del alza de costes en los precios, pero no nos hacían mucho caso”, que también ha subrayado el impacto regulatorio en esa tensión.
“Hay que recalcar el comportamiento absolutamente responsable de la cadena en unas circunstancias absolutamente excepcionales”, ha incidido García Magarzo, que también ha reclamado garantizar la libertad de circulación mientras se desarrollen las protestas.
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