Iberdrola activa el recurso contra la multa de 25 millones de la CNMC tras ganar por la vía penal
La compañía y cuatro directivos fueron acusados de manipular el pool en 2013. Con la absolución de la Audiencia se recupera la vía administrativa
El pasado fin de semana la Audiencia Nacional hacía firme la sentencia que había dictado el pasado 4 de enero por la que absolvía a Iberdrola y a cuatro directivos del delito de manipulación de los precios del mercado durante varios días de los meses de noviembre y diciembre de 2013. Una vez agotado el plazo para que la CNMC presentara un recurso de apelación contra dicha sentencia, la Audiencia la ha declarado firme.
De esta manera, el proceso recupera la vía administrativa, suspendida en 2017 cuando la Fiscalía decidió abrir un proceso penal (algo inédito en denuncias sobre precios del mercado eléctrico), con la que quedó pendiente una multa de la CNMC a Iberdrola Generación de 25 millones de euros por una presunta manipulación fraudulenta con el objetivo de alterar el precio de la electricidad, mediante el incremento de las ofertas de sus plantas hidroeléctricas en las cuencas de los ríos Duero, Tajo y Sil entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013.
La citada sanción le fue impuesta por el organismo regulador el 24 de noviembre de 2015 y contra la misma, la compañía presentó el 16 de diciembre de ese año un recurso contencioso administrativo con la solicitud de una medida cautelar para evitar el pago de la multa que le fue admitido a trámite.
Sin embargo, todo ello quedó en el aire cuando la Fiscalía Anticorrupción tras la denuncia de Facua, GeoAtlanter y Axpo, abrió una causa penal que ha durado seis años, y por la que se solicitaba para los acusados penas de dos años de prisión; la inhabilitación para ocupar cargo público, entre otros; una sanción elevada (400 euros diarios durante un año) y el embargo de sus bienes. Y para Iberdrola una multa de 84, 9 millones de euros por un delito contra el mercado y el consumidor.
El reciente fallo de la Audiencia, tras un largo juicio en el que llegaron a testificar el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, y su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, es tajante al asegurar que los hechos no habían quedado probados con los informes aportados por la CNMC, cuya metodología, en algún caso, fue puesta en cuestión por el juez.
Fuentes próximas a Iberdrola aseguran que, lo contundente del fallo, podría favorecer a la compañía en su recurso para evitar el pago de la infracción “muy grave” de las tipificadas en la Ley del Sector Eléctrico que le impuso en 2015 la CNMC debido “a una manipulación fraudulenta” mediante el incremento de los precios de la energía de sus centrales hidroeléctricas. Concretamente, la conducta de Iberdrola, según el regulador, provocó un aumento del precio del mercado de 7 euros/MWh, lo que le acarreó un beneficio de 21,5 millones de euros y un impacto en el mercado de 105 millones. De ahí, que decidiese una muta de 25 millones de euros. Aunque la CNMC consideró en su expediente sancionador que los hechos estaban probados, ahora se encuentra con la posición contraria de la sentencia de la Audiencia Nacional, que el propio regulador ha decidido no recurrir.
En resumen, la Audiencia señala que la compañía no limitó las ofertas, sino “que puso en el mercado, en las fechas analizadas, toda la energía hidroeléctrica de que disponía” entre 70 y 80 euros/MWh.
Los argumentos para la sanción “nacen muertos”
Si la Fiscalía Anticorrupción no hubiese decidido abrir la vía penal contra Iberdrola y cuatro directivos a los que acusó de manipuar los precios delmercado eléctrico en el invierno de 2013 (tras el fuerte enfrentamiento entre el entonces ministro de Industria, José manuel Soria y las empresas del sector por la subida del precio de la factura que se determinaba entonces mediante la subasta Cesur), es posible que la compañía hubiese tenido que pagar la multa de 25 millones de euros que le impuso la CNMC por vía administrativa.
Pero el proceso penal abierto por el mismo motivo, tras varias denuncias, ha llevado a un largo juicio en el que los informes de la CNMC no han convencido al juez. Una vez absuelto, el caso se retoma en la propia Audiencia pero ya como contencioso administrativos. Con el precedente de la reciente sentencia absolutoria, los argumentos de la CNMC para justificar la multa de 25 millones de euros que le impuso en 2015 “nacen muertos”, según un expertos.
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