‘Annus horribilis’ eléctrico

Reuters

En materia energética, el Gobierno sembró en 2013 los peores vientos y, por tanto, recogerá este año las peores tempestades. En estos momentos, la insatisfacción es absoluta entre todos los afectados por la reforma eléctrica y otras medidas improvisadas, con la excepción de REE, el gestor del sistema y transportista bajo control del Gobierno, que no solo ha resultado inmune a los recortes, sino que ha sido premiada por Industria con un voluminoso paquete de inversiones en interconexión entre las islas (su negocio aumenta cada vez que incorpora nuevas instalaciones). De hecho, la retribución del transporte en alta tensión es el único coste de los peajes eléctricos que crece este año.

 En el lado oscuro están las empresas de renovables, para las que el Gobierno plantea un recorte de 1.700 millones de euros. Pero no es tanto esa cifra la que tiene desazonadas a las empresas del régimen especial, como la profunda incertidumbre de carecer de regulación y de estar cobrando desde el pasado julio primas a cuenta de un snob sistema de estándares que no arroja ninguna luz sobre lo que ingresará cada compañía.

El Gobierno no ha aprobado ni el RD que regula su retribución ni la orden con los polémicos estándares, por lo que las afectadas no podrán cerrar las cuentas de 2013, lo que tendrá graves consecuencia financieras para muchas. No es atrevido pronosticar que este será el año del estallido de la burbuja renovable, que podría convertirse en una versión de la burbuja financiera.

La recesión, que se inició en el sector financiero, podría rematarse con una grave crisis en el sector eléctrico

No menos preocupadas se muestran las eléctricas tradicionales, que en el último mes se han encontrado con que tienen que financiar un inesperado déficit de tarifa de, al menos, 3.600 millones de euros, y que han visto cómo en un santiamén "el negligente" ministro de Industria, en palabras de las propias empresas, ha echado por tierra la ya endeble reputación del sector En varias declaraciones que no han sido refrendadas ni por su propio ministerio ni por el resto del Gobierno ni, por supuesto, por la CNMC, José Manuel Soria, acusó a las eléctricas de manipular el mercado o la Cesur o todo junto (no está claro).

Iberdrola y Endesa han respondido con una campaña de publicidad para mostrar que la tarifa es un cajón de sastre (y de desastre) donde lo de menos es el suministro de energía o las redes. Pero las eléctricas de Unesa están atadas de pies y manos pues, en teoría, están negociando con el Gobierno la posibilidad de ceder con el aval del Estado la deuda que les acaba de tocar en la tómbola del déficit de tarifa.

Pero, evidentemente, no es el grado de satisfacción o insatisfacción de las empresas el que debe medir la eficacia del Gobierno en materia eléctrica. Bien podría ocurrir, por el contrario, que el desasosiego de las compañías fuese un síntoma de que las cosas van bien para la otra parte del sistema: los consumidores, entre los que se encuentra la desesperada industria. Pero a estos tampoco les va bien la feria.

El Gobierno ha vuelto a acallar las protestas de los usuarios domésticos con otra dosis de complicación regulatoria con la que ha ocultado que la subida de los precios que acaba de frenar con una burda intervención de la subasta Cesur podría aparecer como un fantasma en abril.

La política de la patada hacia adelante del Gobierno agravará la situación en 2014. Se podría asegurar que la crisis económica, que se inició en el sector financiero, podría rematarse con otra no menos grave en el sector eléctrico. Un interesante ejercicio sería el de analizar qué parte de la crisis del sistema eléctrico es producto de la recesión y cual, de errores políticos o, lo que es imperdonable, de soluciones que han resultado contraproducentes.

Este no será el año de los consumidores vulnerables, pues el bono social dejará fuera a la mitad de los actuales beneficiarios

Sea como fuere, el sistema eléctrico afronta empantanado el nuevo año:con un precio intervenido artificialmente que perjudica enormemente a las comercializadoras del mercado libre que competían ya a duras penas;con la incertidumbre de no saber qué mecanismo aplicará el Gobierno para fijar los precios a partir de abril y sin saber si la invalidación de la Cesur será recurrida por los intermediarios financieros que participaron en la misma.

Además, falta por ver los efectos de una reforma que en 2013 basaba su éxito en las promesas que Hacienda no cumplió de ayudar al sistema con unos 3.000 millones, y en una recaudación por la nueva fiscalidad energética que ha resultado insuficiente. También en 2014, la reforma se sostiene sobre los mismos pies de barro de unas aportaciones públicas en las que nadie confía, así como en unos recortes que están en el aire y una evolución de la demamanda del 0%, en la que no cree ni el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

Este tampoco será el año de los consumidores vulnerables, pues el nuevo bono social dejará a más de la mitad de sus beneficiarios (unos tres millones) sin derecho al mismo.

Por otra parte, los ciclos combinados desconocen su futuro, pues la norma sobre su hibernación sigue hibernando ella misma y queda por ver cómo funciona el nuevo sistema de subastas de los servicios de interrumpibilidad de la industria.

Gran misterio es la autorregulación del déficit que, según la Ley Eléctrica, pagarán a partir de ahora todas las empresas reguladas y supondrá subidas automáticas de los peajes si supera un 2% de los ingresos. ¿Intervendrá de nuevo el Gobierno cuando algún mes se vea obligado a alguna fuerte subida de los peajes?

Todo sin olvidar la reforma del gas anunciada por Industria que, su sola mención, hace temblar a empresas y usuarios de este sector.