Transportes defiende ante Hacienda el millonario sobrecoste del plan de flota de Renfe
La fórmula de Ineco para el reequilibrio de los contratos con Álstom, CAF y Stadler ha sido revisada de nuevo
Las fábricas de trenes en distintos puntos del país trabajan contra el reloj para cumplir con los plazos de entrega, en este primer semestre, de las primeras unidades de Cercanías encargadas por Renfe dentro de su plan de renovación de flota. En total serán 436 trenes, 50 locomotoras y la remodelación de otros 57 trenes. La presión es alta por la exigencia técnica del proyecto, pero sobre todo por los costes.
El presupuesto integral de 4.510 millones (5.235 millones si se incluye el mantenimiento) lleva casi dos años sometido a examen por los sobrecostes derivados de la inflación de materiales como el acero, aluminio, cobre o los componentes electrónicos; también han pesado los altos precios de la energía o los costes laborales. La fórmula y calado del reequilibrio vuelve a ser objeto de negociación entre Hacienda y el tándem que forman el Ministerio de Transportes y Renfe. Diversas fuentes esperan una solución en cuestión de días.
Alstom, Stadler y CAF ya avistaron a final de 2023 una salida al problema después de que la ingeniería pública Ineco, mandatada por Renfe, concluyera una fórmula de reequilibrio que fue devuelta por la complejidad de su aplicación. El sistema vuelve a ser ahora evaluado y se da por descontado que serán los Presupuestos Generales del Estado los que carguen con la factura adicional. Sería a través de la partida otorgada a Renfe por la prestación obligada de servicios públicos deficitarios. Entre los productores se habla de hasta 300 millones de desviación por una escalada de costes que era imprevisible cuando Renfe pidió las ofertas.
Los presupuestos fueron elaborados por los fabricantes con precios de 2019, previos a la pandemia, la invasión rusa de Ucrania y la consiguiente inflación y cuellos de botella en la cadena de suministros. Transportes ha reconocido en distintas ocasiones la necesidad de resarcir a esas empresas pese a que los contratos carecían de fórmulas de revisión de precios. Por ello se habilitó una disposición adicional a la Ley 26/2022, por la que se reforma la Ley del Sector Ferroviario, protegiendo de sobrecostes la producción del material rodante destinado a las obligaciones de servicio público (OSP).
Se espera que el reequilibrio esté limitado a un porcentaje, que los fabricantes situaron sin éxito en el 20% obre el presupuesto de licitación. Las empresas afectadas vienen urgiendo una solución para evitar provisiones por pérdidas en sus cuentas de resultados de 2023, pero el techo en los costes revisables será sensiblemente más bajo.
Renfe decidió mantener su programa de inversión en la renovación de la flota, esencialmente de servicios públicos como los de Cercanías y Rodalies, con la crisis del coronavirus ya golpeando. Una actualización de precios de carácter extraordinario es un instrumento similar al que ya utilizó el Ministerio de Transportes para devolver la estabilidad a contratos de obra pública por la inflación en las materias primas de la construcción.
Además del paso por Hacienda, la fórmula y el montante de las compensaciones deben obtener el plácet de la Abogacía e Intervención General de la Administración del Estado, de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y el Consejo de Ministros. La orden ministerial sería el vehículo que contendría la inyección económica a los fabricantes de trenes.
Las desviaciones fueron estimadas por Alstom, CAF y Stadler hace justo un año, cuando también realizaron su propia propuesta de reequilibrio. Renfe optó por encargar a Ineco el diseño del mecanismo de revisión de precios y se da por decidido que las cifras resultantes se cubran con un incremento en las compensaciones que recibe Renfe, de los referidos Presupuestos Generales del Estado, ante el déficit por la prestación de las obligaciones de servicio público (OSP). La partida por OSP ferroviarias en 2022 fue de 1.230 millones, cifra que subió a 1.975 millones en 2023 incluidos 660 millones por los abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia, y el descuento del 50% en los bonos Avant.
Una partida para sufragar el déficit de los servicios públicos
Cerca de 1.600 millones. La prestación de obligaciones de servicio público en 2022 mereció 1.230 millones en los Presupuestos del Estado, cifra que subió a más de 1.600 millones en 2023, incluidos 660 millones por los abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia, y el descuento del 50% en los bonos Avant. Dentro de esa partida se espera que Renfe enclave el sobrecoste de los pedidos trenes.
Los tres grandes suministradores. Alstom tiene encargados 201 trenes de gran capacidad para Cercanías por 1.800 millones, incluido el mantenimiento durante 15 años, el suministro de piezas, el almacén de los repuestos y sus utillajes. A CAF le fueron confiados 31 trenes de ancho métrico, 6 alpinos, 60 trenes eléctricos de Media Distancia y 29 de Cercanías por un montante superior a los 1.000 millones. Y Stadler debe entregar 79 unidades de Cercanías por 988 millones.
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