Ferrovial admite a la Bolsa de EE UU el riesgo de un castigo fiscal en España
La constructora alerta de que la Agencia Tributaria puede considerar la fusión como no neutral y tributar por el 5% de las plusvalías
Ferrovial se ha visto obligado a retratarse ante el regulador estadounidense de los mercados, la SEC, ante su inminente salto a Wall Street. Entre los riesgos que admite en el folleto que acaba de registrar, la constructora pone negro sobre blanco el riesgo de que la Agencia Tributaria tumbe las ventajas fiscales asociadas al traslado de la sede social de Ferrovial de España a Países Bajos.
Desde que el año pasado Ferrovial anunció al mercado su principal intención para fusionar su matiz española con una filial holandesa y trasladar así su sede de Madrid a Ámsterdam, la constructora ha negado que las razones del movimiento sean de índole fiscal. En su lugar argumentaba cuestiones como una mayor estabilidad jurídica, la mayor solvencia de Países Bajos —con una nota de AAA para las agencias de rating, la máxima calificación— y considerar que desde Amsterdam, y cotizando en la Bolsa holandesa, podía acceder a más inversores. Pero en el trasfondo y también en las críticas del Gobierno a la decisión de la compañía estaba el fantasma de unas ventajas fiscales.
El Gobierno salió en tromba a criticar el traslado de sede social. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó a Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, de no estar comprometido con España. La ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, por su parte, advirtió que el Gobierno miraría “la letra pequeña” del cambio de sede y si esta se debía a motivos económicos o un mero ahorro fiscal.
Ferrovial admite por primera vez en su folleto de salida a Bolsa en EE UU el riesgo de que la Hacienda española tome represalias. En concreto, se refiere a que en una posible inspección fiscal futura la Agencia Tributaria considere que la razón detrás del cambio de sede no fue económica y que considere que no se deba aplicar el régimen de neutralidad fiscal sobre la fusión entre la sociedad holandesa y la española, una operación con la que la constructora hizo efectivo el cambio de sede.
Perder la neutralidad fiscal supondría que Ferrovial perdería las ventajas fiscales de tributar en Países Bajos. Esto es que ese país aplica una exención del 100% sobre los dividendos y plusvalías aflorados durante la fusión. En España esta excepción se limita al 95%, lo que supone que las empresas deban tributar al 25%, el tipo que se aplica al Impuesto de Sociedades. Pese a que la compañía argumenta que ve poco probable una resolución de este tipo, sí admite que le puede provocar “un coste adicional significativo”.
En cambio, la compañía apunta a que tiene un amplio colchón fiscal para afrontar posibles vaivenes fiscales. La compañía admite que cuenta con 203 millones en créditos fiscales en España y otros 18 millones en Países Bajos. La compañía apunta a que un varapalo de la Agencia Tributaria lo podría compensar utilizando estos créditos fiscales, si bien también admite que un cambio en su regulación le pueda hacer disponer de una cantidad inferior.
El efecto del cambio de sede puede ir más allá. Reconocer que puede dañar a su imagen y marca en España. Y que eso pueda limitar su capacidad de competir con otras empresas del sector en subastas de obras públicas, debido a ese daño reputacional. Esto, alerta, podría provocar efectos en el precio de la acción.
Otro de sus riesgos fiscales es la posibilidad de que España y Países Bajos modifiquen su acuerdo de doble imposición. La compañía aseguras que ambos países se encuentran actualmente renegociando el tratado actual, lo que puede elevar la factura fiscal de la compañía. La compañía también alerta de los efectos que puede tener sobre sus cuentas el intento de la OCDE de establecer un tipo mínimo de Sociedades en todo el mundo del 15%.
Más allá del tema fiscal, la compañía también alerta sobre la evolución política y económica de España. La compañía alerta de la posibilidad de que la marcha de la economía sea peor de lo esperado, al reconocer una elevada dependencia del mercado español. También avisa sobre las consecuencias de la incertidumbre política en España a raíz de las últimas Elecciones Generales del 23 de julio.
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