El Consejo de la Abogacía registra los primeros síntomas de su recuperación económica
A finales de septiembre de 2023, el órgano acumulaba un saldo de 173. 926 euros, la primera cifra positiva en dos años
Las cuentas del Consejo General de la Abogacía de España (CGAE) viven los primeros síntomas de recuperación. A 30 de septiembre de 2023, la corporación acumulaba un saldo de 173.926 euros, la primera cifra positiva registrada desde que los ejercicios de 2021 y 2022 cerraron en rojo. En concreto, las pérdidas de hace dos años fue de 1,25 millones de euros, cuantía que aumentó al año siguiente hasta 1,38 millones. Fuentes del organismo han apuntado a CincoDías que 2023 no “va tan mal” como los periodos anteriores, aunque “aún es pronto” para afirmar que la situación financiera del consejo se haya recuperado del todo, ya que ello dependerá de las reservas disponibles para afrontar imprevistos en el mes y medio que queda de año.
Según los datos publicados por el CGAE, en los primeros nueve meses de 2023, el órgano representativo de los 83 colegios de abogados españoles tuvieron unos gastos por el importe de 8,78 millones de euros, es decir, un 73,1% del presupuesto anual y un 1,2% menos de los esperado para los tres trimestres. Asimismo, las salidas se vieron compensadas por los ingresos recibidos de 8,96 millones de euros, un 74,5% la previsión anual y un 0,2% menos de los presupuestado para este periodo.
Así, el acumulado hasta septiembre es llamativo si se tiene en cuenta que en los dos primeros trimestres de 2023 terminaron en negativo: entre enero y marzo se contabilizó un déficit de 80.191 euros y entre abril y junio se registró -154.336 euros. Es más, según las cuentas que trasladó el tesorero a los miembros del Pleno del Consejo, el mes de agosto acabó con un saldo negativo de 5.200 euros, de acuerdo al acta de dicha reunión.
Fuentes del CGAE han explicado a este diario que es habitual que los resultados difieran de las previsiones debido a los gastos extraordinarios o a la entrada de facturas y pagos a proveedores en momentos inesperados. Así ocurrió, por ejemplo, a principios de año con un gasto tecnológico de alrededor de 90.000 euros, según han señalado las fuentes consultadas, por el cambio que Microsoft hizo de su sistema de autenticación, que afectaba directamente a las 61.300 cuentas de correo electrónico contratadas y proporcionada a abogados de toda España. A ello hay que sumar las subidas del IPC, que tiene su reflejo en las facturas que los proveedores han girado durante todo el año.
Aumento de cuotas y límite de dietas
Las fuentes del órgano que preside Victoria Ortega han subrayado que en los presupuestos para este año se adoptaron medidas de prevención que están teniendo buenos resultados, como el aumento de las cuotas de los más de 240.000 letrados censados –que cada colegio de abogados recaudan trimestralmente– hasta los 40,63 euros (1,50 euros más) o la reducción de gastos asociados dietas de los consejeros, al limitar el número de asistencia presencial de reuniones.
Por otro lado, en 2023 han dejado de funcionar las medidas de apoyo que el CGAE puso a disposición de los colegiados para combatir las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus y que, inevitablemente, han supuesto una merma para su caja. Entre esas medidas, el consejo acordó congelar las tasas que abonan los letrados y eximir de su pago a los abogados mayores de 72 años y con 45 años de permanencia en un colegio, al tiempo que creó un fondo económico de 950.000 euros.
Para cerrar el bloque de gastos extraordinarios, en abril de 2022, el CGAE tuvo que hacer frente a la reclamación del Gobierno de casi un millón de euros por el dinero abonado a los abogados de oficio que defendieron a varios acusados de la trama Gürtel. El Ministerio de Justicia, durante la etapa de Dolores Delgado, detectó una serie de irregularidades en los pagos que el Gobierno de Mariano Rajoy hizo a los abogados que prestaron servicios de justicia gratuita en dicho caso de corrupción. El Consejo efectuó el pago de 967.319 euros, si bien recurrió esta decisión ante la Audiencia Nacional, que está pendiente de resolución. Las fuentes consultadas confían en que los tribunales les dé la razón y les reconozca el derecho de recuperar esta cantidad más intereses.
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