Canepa Green Energy gana su batalla contra España por el recorte de las primas de las renovables
El Ciadi ha dado la razón al vehículo de inversión, impulsado por socios de Azora, en el arbitraje que inició en 2019, cuya cuantía aún está pendiente de determinar
Nuevo revés para el Estado español por el recorte de las primas de las renovables. Canepa Green Energy, un vehículo de inversión luxemburgués en el que participan socios del grupo español Azora, ha ganado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (CIADI) –dependiente del Banco Mundial– el arbitraje que inició en febrero de 2019 contra España por la eliminación de los incentivos económicos que se ofrecían a productores de energía verde, como consecuencia de la reforma eléctrica que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó en 2013.
Según han informado fuentes jurídicas a CincoDías, el tribunal de arbitraje ha dictado recientemente un laudo en el que reconoce el derecho de Canepa Green Energy a ser indemnizado por el Estado español por los perjuicios ocasionados. La cuantía aún está por determinar. Los árbitros han afirmado que España asumió un “compromiso específico” con los inversores en el sector de las energías renovables con la aprobación, en mayo de 2007, de un real decreto para la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, que retiró después “radicalmente”.
Así, la corte de arbitraje ha rechazado todas las objeciones jurisdiccionales de España, que, según indicó, le han servido en otros procesos arbitrales para frenar las demandas sobre el incumplimiento del Tratado de la Carta de Energía (TCE) –la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, anunció su salida del pacto internacional en octubre de 2022–, como ocurrió con CSP Equity y Green Power en el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC, por sus siglas en inglés).
Como es habitual en todos los arbitrajes, la Abogacía del Estado argumentó que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de septiembre de 2021, limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria y que las indemnizaciones tienen que recibir el visto bueno de la Comisión Europea para que confirme que dichos pagos constituyen una ayuda ilegal de Estado.
Por otro lado, el Ciadi ha desestimado también las principales líneas de defensa de los servicios jurídicos del Estado, que se basaron en que los inversores no podían esperar que los incentivos fijados para las inversiones en energías verdes permanecieran inmutables. Según las fuentes consultadas, el tribunal –formado por los árbitros Sean Murphy, Peter Rees y Silvina Gonzalez Napolitano– entiende que el artículo 44.3 del real decreto de 2007, que establece la actualización y revisión de tarifas, primas y complementos, no protegía las “revisiones no programadas” que España podía hacer en cualquier momento y que los inversores debían haber sido avisados del riesgo de la abolición de las primas en los cambios de la normativa.
Asimismo, la corte de arbitraje ha señalado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo español avaló que el Estado modifique las regulaciones en cualquier momento, pero siempre que respetara la “rentabilidad razonable”. Por último, el laudo critica también que la devolución de las primas se consideren ayudas estatales ilegales porque ello dificulta a los inversores a tener una expectativa legítima de recibir una ayuda estatal indefinidamente.
Más de 50 arbitrajes
La reforma del sector eléctrico propició que los inversores en renovables acudieran a distintos tribunales internacionales de arbitraje para reclamar una compensación por las rentabilidades perdidas. Desde 2011, cuando se presentó la primera demanda, la conocida como The PV Investors, España ha acumulado 51 reclamaciones, cuya totalidad se estimó en unos 10.000 millones de euros. La de Canepa Green Energy, es la demanda número 33 que se planteó.
Hasta el momento, el Estado español ha obtenido cinco laudos favorables, mientras que 26 de los casos se han resuelto a favor de los fondos inversores y fondos oportunistas que han adquirido la posición de los inversores en estos litigios. No obstante, los servicios jurídicos del Estado han logrado anular tres de los laudos. Asimismo, otros tres vehículos terminaron desistiendo de sus intenciones iniciales para acogerse al real decreto-ley que el Gobierno aprobó en 2019 para otorgar a las plantas afectadas una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta 2031, a cambio de no seguir pleiteando.
Así las cosas, y a falta de sumar la cuantía que se establezca en el caso de Canepa Green Energy, la factura por el recorte de las renovables asciende, por el momento, a más de 1.100 millones de euros. A la espera de que finalicen el resto de procesos arbitrales, el Ejecutivo estimó que la cuantía total a pagar, en caso de que Bruselas lo permita, sería de unos 2.000 millones de euros, una cifra muy inferior de la prevista inicialmente, según informaron fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico a este diario. En cualquier caso, ninguno de estos laudos han sido ejecutados, ya que se encuentran pendiente de recursos.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días
Sobre la firma
