Las trabas legales impiden a 1,7 millones de comunidades contratar la TUR este invierno

La norma exige un certificado de eficiencia energética con un instalador oficial para contratar la tarifa regulada

El último real decreto ley aprobado por el Gobierno para proteger a los consumidores de los elevados precios de la energía (RDL/ 18/2022 del 18 de octubre) establece la posibilidad de que las comunidades de propietarios con calefacción y agua caliente sanitaria puedan contratar la tarifa de último recurso (TUR) del gas natural. Un precio regulado que hasta ahora estaba limitado a los usuarios domésticos, con un consumo anual inferior a 50.000 kWh y con una presión igual o menor a cuatro bar.

Esta normativa dejaba fuera de la tarifa regulada a los 1,7 millones de comunidades habitadas por algo más de seis millones de usuarios, el 23% del total, que, al tener un solo contador (un único punto de suministro), superan los citados límites legales de consumo que daban derecho a la misma. La TUR, pues, solo podían disfrutarla hasta ahora los usuarios de viviendas unifamiliares (unos 24 millones) que cumplían esos requisitos.

Hasta la crisis energética desencadenada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la cuestión carecía de importancia, pues era fácil encontrar precios competitivos en el mercado libre. Pero la decisión del Gobierno de intervenir la TUR y las elevadas cotizaciones del gas natural, suponían una discriminación para las familias que usan calderas colectivas.

Sin embargo, según fuentes del sector, pese a la buena voluntad, la medida va camino de fracasar este invierno por las trabas burocráticas de la norma. Esta fue adoptada por el Gobierno en paralelo a su decisión de subvencionar con una partida presupuestaria de 3.000 millones de euros la TUR del gas, que no podrá subir por encima del 5% al trimestre. Y, aunque la nueva tarifa para las comunidades de vecinos (que quedaría en 70 euros/MWh) es algo superior a la TUR normal (entre 40 y 50 euros/MWh), dista mucho del precio de mercado (entre 140 y 150 euros/MWh) que deben pagar.

Por el momento, pocas comunidades (o ninguna, según varias fuentes) han conseguido contratar la TUR. El real decreto ley de octubre exige tres requisitos para disfrutar de la misma: un acuerdo de la junta de propietarios; instalar repartidores (contadores) en cada vivienda y tener un certificado de eficiencia energética expedido por un instalador oficial (concretamente, el certificado de eficiencia y seguridad del reglamento de instalaciones térmicas de edificvios o RITE). Las dos primeras condiciones no han resultado un problema, ya que para la instalación de los repartidores la ley fija un periodo transitorio hasta septiembre de 2023. La traba más seria está en encontrar instaladores oficiales para el certificado energético, pues este colectivo no es muy numeroso y las demandas se han disparado.

Fuentes del mercado aseguran que, con mucha suerte, hay comunidades que han conseguido que el instalador les dé el certificado, lo que requiere de una auditoría, a finales del mes de enero, “cuando ya se acabe el invierno”, se lamentan. Las mismas fuentes proponen que, como ocurre, por ejemplo, cuando se va a alquilar un piso, el certificado lo puedan firmar otras empresas, no solo los instaladores.

Otro atasco

Para colmo, la cruzada para contratar la TUR no termina ahí. Una vez conseguido el certificado oficial, hay que lograr contratar con una comercializadora de último recurso (CUR). Estas son solo cuatro (filiales respectivas de las cuatro grandes energéticas: Naturgy, Iberdrola, Endesa y TotalEnergies) y sufren ya la avalancha de usuarios domésticos que quieren pasar del mercado libre al regulado que ha sido subvencionado.

Además del embudo que se ha creado por este trasvase, las comercializadoras necesitan para facturar a los nuevos clientes que le han surgido (las comunidades de vecinos) un informe de la distribuidora de gas con sus consumos históricos. Y es que, según la norma, la media histórica de consumo tiene un precio, mientras que el exceso tendrá un recargo del 25%. El Gobierno intenta evitar con esta medida que los vecinos de pisos abusen de los consumos al conseguir el precio más barato que le proporciona la TUR.

Fuentes empresariales indican que hay distribuidoras que dicen no contar con dichos datos. En ese caso, añaden, las comercializadoras no parecen dispuestas a ser muy estrictas, pero “tampoco quieren meterse en líos”.

A todo ello, se añade, en el caso de las comunidades que tienen contrato con empresas de servicios energéticos, el riesgo de que estas compañías (intermediarias directas de los vecinos, que se ocupan de contratar, facturar o el mantenimiento de las instalaciones) se queden con el margen de ahorro que les proporciona la nueva medida. Ya ase han denunciado algunos casos de empresas que han interpretado en su favor, por ejemplo, intentando aplicar el recargo no sobre el exceso de consumo, sino por todo el consumo.

Un problema añadido para las gasísticas reguladas

Subvención. El pasado mes de octubre, el Gobierno decidió acabar con una discriminación que respondía a razones técnicas: el que los vecinos que habitan en pisos con calderas de gas colectivas, no puedan contratar la tarifa de último recurso (TUR) destinada a los pequeños consumidores. Esa tarifa, que apenas tenían contratada 1,5 millones de los usuarios domésticos, del total de ocho millones (los 6,5 millones restantes, habían optado por el mercado libre) se ha convertido en el precio estrella después de que el Gobierno decidiera subvencionarla con 3.000 millones en los Presupuestos de 2023.

Alud. Esta medida ha desbordado a las cuatro comercializadoras de último recurso (CUR) que existen y están reguladas por ley, que se están enfrentando a un alud de solicitudes de trasvase. Las afectadas han pedido al Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la patronal Sedigas, que permita a las comercializadoras del mercado libre ofrecer la TUR o, en su caso, subvencionar también a sus clientes liberalizados. De lo contrario, tardarán un año en poder hacer todos los traspasos.

Comunidades. A esta situación se añade que también las comunidades de propietarios pueden ya solictar la TUR. Sin embargo, dadas las trabas burocráticas que impone la ley, las comercializadoras apenas están tramitando contratos para este colectivo.