Las grandes industrias proponen el silencio administrativo positivo para agilizar la gestión de permisos y licencias
La Alianza por la Competitividad de la Industria detecta retrasos de hasta dos años en los trámites con las Administraciones Públicas
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, integrada por las grandes asociaciones del sector (Anfac, AOP, Aspapel, Feique, FIAB, Oficemen, Primigea, Sernauto Y Unedsis), ha propuesto al Gobierno que legisle para que el silencio administrativo positivo se utilice a fin de agilizar la gestión de permisos y licencias necesarios para desarrollar su actividad. Así figura en un informe elaborado por KPMG para la citada Alianza. El documento refleja, además, que los plazos legales para la resolución de trámites sufren retrasos de hasta dos años.
El informe, realizado con datos de 145 empresas de nueve sectores de la industria, señala como trámite más afectado la Autorización Ambiental Integrada (resolución que establece un condicionado ambiental para explotar la totalidad o parte de un complejo industrial) con un retraso medio de 15,1 meses. Las licencias de inicio de actividad y de modificación sustancial tienen un plazo de demora medio de 11,8 y 13,3 meses, respectivamente. Los informes de cuenca (resoluciones que afectan al uso de aguas continentales o de dominio público) sufren un retraso habitual de 7,5 meses y las licencias urbanísticas de 4,9 meses. Además, la publicación de resoluciones en el BOE se dilata hasta diez veces el plazo legal, establecido en 10 días, según las mismas fuentes.
Carlos Reinosa, portavoz de la Alianza, ha afirmado este miércoles que la industria se encuentra en un “momento especial” en el que tendrá que “hacer frente a dos retos, que son la descarbonización y la digitalización del sector”. Para ello, ha añadido, es fundamental la inversión de empresas, por lo que hay que “garantizar que las compañías dispuestas a hacerlo no se pierdan por el camino a causa de la mala gestión de procedimientos”.
Ente coordinador
Por su parte, Natán Díaz, socio responsable de Sector Público, Infraestructuras y Transportes de KPMG, ha puesto sobre la mesa seis medidas concretas para solucionar la problemática del retraso de las Administraciones a la hora de aportar resoluciones sobre los distintos trámites que gestionan. Estas son, según señala, “la digitalización del sector, la simplificación de documentación, la creación de un ente coordinador, la reducción de plazos y la protección del funcionariado, además del silencio administrativo positivo”.
Reinosa ha añadido que estas medidas “impulsarían la industria y dotarían los procedimientos de agilidad y mayor eficiencia, preservando la seguridad jurídica y favoreciendo la participación ciudadana”. Asimismo, ha indicado, también supondrían “un mayor alineamiento y coherencia con las propuestas de la Comisión Europea en el ámbito de simplificación de procedimientos administrativos”. El portavoz ha asegurado que desde la Alianza “propondrán que este asunto forme parte de la nueva legislatura en mayúsculas”.
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