La banca se resigna con el impuesto tras el giro de Feijóo y las energéticas piden cambios
Los bancos lamentan que se mantenga el gravamen y las eléctricas piden tributar por los beneficios y no por los ingresos
Bancos y compañías energéticas están en vilo ante la decisión que tome el próximo Gobierno con el impuesto especial a ambos sectores. La banca se resigna y lamenta el giro del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para mantener el gravamen si acaba presidiendo el próximo Ejecutivo. Por su parte, las energéticas, piden que se modifique para que, en lugar de tributar por sus ingresos, lo hagan por los beneficios.
En el caso del sector financiero, las entidades confiaban en que el gravamen temporal, diseñado en un principio para los ejercicios 2022 y 2023, no se extendiera más en el tiempo. Pero el sector asume que tanto si se mantiene el Ejecutivo actual como si cambia, la tasa permanecerá vigente. “La sensación que tenemos es que, una vez en marcha, la tentación a extenderlo es alta”, explican las fuentes bancarias consultadas.
El Ejecutivo diseñó a finales del año pasado un impuesto especial para el sector financiero que se aplica sobre los resultados de los ejercicios 2022 y 2023. La justificación en ese momento era que los bancos obtendrán beneficios extraordinarios debido a las continuas subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para tratar de combatir la elevada inflación. Pero en la redacción de la norma, tal y como está publicada en el Boletín Oficial del Estado, ya se dejó abierta la posibilidad de convertirlo en permanente más allá de los dos años previstos.
El Gobierno prevé recaudar en torno a 2.600 millones entre ambos ejercicios. Y el sector recela de las intenciones del Gobierno que se encuentre al mando, independientemente del signo político, debido a las necesidades de recaudación en un contexto en el que la Unión Europea volverá a aplicar las reglas fiscales y nivel del déficit de las administraciones públicas sigue siendo elevado.
La vicepresidenta primera del Ejecutivo, Nadia Calviño, ya dejó abierta la puerta a una posible extensión de la vigencia del gravamen. “Estamos viendo cómo evoluciona la recaudación y habrá una revisión del mismo para tomar decisiones de cara al futuro”, expresó recientemente. Igualmente, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, aseguró en una entrevista con el diario Financial Times, que en caso de liderar el nuevo Gobierno que saldrá de las urnas el 23 de julio mantendrá el gravamen aunque aplicará algunas modificaciones.
Los bancos consultados explican que consideran injusto y contraproducente el mantenimiento del impuesto. Por un lado, expresan que el planteamiento actual del gravamen se diseñó para una situación excepcional, debido a la acelerada subida de tipos de interés y la alta inflación. Por otro lado, aunque se introduzcan modificaciones en la norma, las entidades lamentan que se mantenga una figura que detrae capital en un momento en el que los supervisores están pidiendo conservar liquidez y mejorar los niveles de rentabilidad.
Los bancos también alegan la alta fiscalidad a la que ya está sometido el sector (pagan un tipo del 30% por el impuesto de sociedades y abonan varias tasas como que pagan por conservar los activos fiscales diferidos (DTA) o un impuesto específico que grava los depósitos), además de varias contribuciones a las que están sometidos como la aportación al Fondo de Garantía de Depósitos o al Fondo Único de Resolución.
Por otro lado, los bancos recuerdan que ya han recurrido ante los tribunales el gravamen y se encuentra pendiente de que los jueces lo validen o no. En general, las defensas de las entidades han alegado inconstitucionalidad, al considerar que vulnera los principios de igualdad y progresividad del sistema tributario sin que tenga alcance confiscatorio. También argumentan doble imposición que van a ser gravados por partida doble: primero, por los ingresos obtenidos y posteriormente, esos mismos ingresos se verán gravados por los beneficios, a través del impuesto de sociedades.
Sector energético
Por su parte, las empresas y patronales del sector energético se mostraron ayer cautas ante la posible modificación del tributo. En el caso de las eléctricas, el gravamen aplica una tasa del 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo energético que facturasen más de 1.000 millones en 2019.
Al igual que sucedió con los bancos, esta medida suscitó desde su anuncio el rechazo de la mayoría de empresas del sector y condujo a Aelec, la asociación que aglutina a las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa o EDP), a recurrir ante la Audiencia Nacional la orden ministerial que desarrolla el polémico impuesto. Una posición que no ha sufrido cambios en ese tiempo. “Se ha implantado un gravamen energético que no está alineado con la normativa europea, pues grava los ingresos de las empresas, mientras que la contribución solidaria en la UE recae sobre los beneficios extraordinarios.
Además, es inconsistente con la normativa europea porque afecta a todas las empresas energéticas, mientras que la contribución solidaria grava únicamente a las empresas de petróleo, carbón y gas”, señalaron fuentes de Aelec. Repsol también recurrió el tributo, que tendrá un coste de 450 millones de euros en sus arcas en 2023.
Fuentes empresariales del sector consultadas por CincoDías subrayan que las últimas declaraciones de Feijóo irán en el buen camino si se logra equiparar el tributo español al europeo, que se aplica sobre el beneficio, lo que reduciría sustancialmente la factura que tienen que asumir las empresas.
Desde Sedigas aseguran que cualquier gravamen debe atender a criterios rigurosos de planificación y prudencia fiscal. “El Ejecutivo, independientemente de su color político, debe hacer prevalecer la seguridad jurídica y la credibilidad de nuestro país ante la comunidad inversora”, subrayan.
El Ministerio de Hacienda ha recaudado hasta ahora 1.454 millones de euros con el pago anticipado, que debía abonarse antes del pasado 20 de febrero, entre bancos y energéticas. En total, los bancos abonaron 637,1 millones, una cifra que permitiría llegar a los 1.300 millones previstos para el conjunto del ejercicio. Las energéticas, por su parte, abonaron 817,4 millones, con lo que, lo que permitirá alcanzar los 1.700 millones previstos.
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