Anci pide la inclusión de los costes laborales en la revisión de precios de la obra pública
La asociación de constructoras lanza una docena de propuestas al próximo Gobierno para evitar el colapso de la contratación por los costes de ejecución
La construcción reclama al Gobierno que salga de las urnas un marco estable de revisión de precios para la ejecución de la obra pública. La asociación Anci, que agrupa a 23 constructoras no cotizadas y con una cuota total del 20% en este tipo de contratación, ha celebrado esta mañana su asamblea general y de ella ha salido un ramillete de propuestas que permitan que la obra pública no se convierta en un motor gripado de la economía.
“Necesitamos una solución urgente a los sobrecostes que siguen lastrando la ejecución de los contratos de obra”, ha indicado la presidenta del colectivo, Concha Santos.
Anci defiende la recuperación del mecanismo de revisión de precios como estructural y automático, “que alcance a todo tipo de contrato público y adecúe a la realidad todos los costes, incluidos los salariales”, ha demandado Santos. La de incluir la fluctuación del coste de la mano de obra dentro de las cargas revisables, en el régimen general de la revisión periódica y predeterminada de precios previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, es una de las novedades solicitadas por la asociación.
Entre las medidas sugeridas al próximo Gobierno también se encuentra la actualización de los presupuestos de licitación a lo que marca el mercado; elevar el límite de la revisión excepcional de precios del 20%, que prevé el Real Decreto Ley 3/2022, a un 30%, o el establecimiento de medidas compensatorias de los costes adicionales que suponen para las constructoras los compromisos ambientales, sociales y de digitalización.
En materia de la política de inversión, Anci urge una mayor atención a las infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua; un modelo regulatorio que favorezca la colaboración público-privada, y la orientación de los fondos europeos a cubrir necesidades en materia de infraestructuras.
Y en clara referencia al papel de las públicas Ineco y Tragsa, el colectivo de constructoras ve necesaria una revisión del régimen de utilización de los medios propios en la contratación pública en favor de “un sistema de publicidad efectivo” o de la “restricción de los supuestos admisibles”.
La asamblea ha sido clausurada por el director general de Carreteras del Ministerio de Transportes, Juan Pedro Fernández Palomino.
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