Francisco González pide que le dejen fuera de la investigación sobre el espionaje de Villarejo a Sacyr
El expresidente de BBVA alega prescripción de los dos delitos que se le imputan y asegura que no tuvo ninguna responsabilidad en este encargo
A escasos días de que el juez tenga que decidir sobre si vuelve a prorrogar el bautizado como caso BBVA, el expresidente del banco Francisco González ha solicitado que le dejen fuera de una parte de la investigación. En un escrito presentado ante la Audiencia Nacional, el que fuera máximo responsable de la entidad financiera ha pedido el sobreseimiento de todas las actuaciones que se le atribuyen relacionadas con el encargo realizado al comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar a la constructora Sacyr Vallehermoso, con el fin de frenar la opa que lanzó a finales de 2004.
En el escrito presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6, que investiga el denominado caso Villarejo (o caso Tándem), y al que ha tenido acceso CincoDías, el expresidente de BBVA alega que las pesquisas sobre este primer encargo que el banco hizo al Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por el agente encubierto, han prescrito, ya que habían “transcurrido 14 años y cuatro meses” desde que tuvieron lugar los hechos y se le citó como investigado.
Según indica, el plazo aplicable a los delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos que se le atribuyen es de 10 años. Así, asegura que no se le puede perseguir por dichos ilícitos, dado que su presunta responsabilidad expiró antes de que el juez abriera una investigación en diciembre de 2018 o de su citación como investigado en noviembre de 2019. Este argumento se apoya en una resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que motivó la desimputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la pieza separada de la macrocausa relativa a los contratos que la eléctrica firmó con el polémico policía.
González apunta que supuestamente, y “de ser cierto”, el último trabajo relacionado con el tráfico de llamadas en la Operación Trampa se habría consumado el 8 de julio de 2005; y el último pago al comisario jubilado por este encargo habría tenido lugar antes, el 3 de enero de ese año. De este modo, según explica, el delito de cohecho habría expirado en enero de 2015 y el relacionado con el derecho a la intimidad, seis meses después. Con estas cuentas, la investigación se abrió “13 años y cinco meses” después de que, presuntamente, se cometieran las irregularidades, concluye.
El escrito llega unas semanas después de que el que fuera su número dos, el ex consejero delegado de BBVA Ángel Cano (también investigado), y la exdirectora de Seguridad Inés Díaz Ochagavia, solicitaran el archivo de estas actuaciones, en las que se pone el foco en lo que Villarejo llamó ‘operación Trampa’, cuyo objetivo era frenar el intento del expresidente de Sacyr Luis del Rivero de hacerse con el control del consejo de administración del banco, y que conllevó el espionaje a empresarios, políticos y periodistas.
Niega responsabilidad y conocimiento
Además de la prescripción, a lo largo de 37 páginas, González insiste en que no tuvo ningún tipo de responsabilidad ni conocimiento de los cuatro encargos a Villarejo por los que se le imputa la comisión de dos delitos: la averiguación sobre quién estaba detrás de la opa de Sacyr; la localización de bienes de determinados deudores de la entidad del sector inmobiliario; el análisis reputacional de potenciales prestatarios; y la supuesta investigación a la asociación de consumidores bancarios Ausbanc. Al hilo, afirma que, tal y como “ha acreditado la instrucción”, únicamente conoció el “contexto” de la contratación sobre el espionaje a Sacyr.
En su declaración voluntaria ante el juez, el pasado 16 de diciembre, y con la intención de rebatir todas las acusaciones acerca de que él ordenó la contratación de Villarejo, González aseguró que no tuvo conocimiento ni de este contrato ni de los posteriores. Así, indicó que fue el exjefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano (investigado por su papel de intermediario entre el banco y Villarejo) quien decidió contar con los servicios de una empresa externa para obtener información sobre las intenciones de Sacyr y que, en este sentido, seleccionó a Cenyt.
En el reciente escrito presentado en la Audiencia Nacional, González reitera que no tenía ningún tipo de conocimiento sobre la finalidad de este contrato, el espionaje y la intervención de comunicaciones a determinadas personas, por lo que se le atribuye el delito de descubrimiento y revelación de secretos; al igual que tampoco sabía que la empresa contratada estaba dirigida por un policía en activo, como era Villarejo, hecho que fundamenta la investigación por el delito de cohecho.
Sin continuidad delictiva
En cuanto a las alegaciones de algunas de las acusaciones, que defienden que los hechos no pueden ser archivados porque existe una continuidad delictiva, debido a que Villarejo trabajó para BBVA entre 2004 y 2017 y recibió 10,3 millones de euros, el expresidente de la entidad financiera advierte que, en su caso, se debe tener en cuenta los ‘proyectos’ en los que se le imputan algún tipo de responsabilidad. Así, entre el espionaje de Sacyr y el segundo encargo con el que se le relaciona, la investigación patrimonial a deudores del banco, pasaron más de cinco años, ya que éste se inició en 2010.
Añade que, pese a que la empresa externa contratada para estas tareas fue la misma (Cenyt), los objetivos fueron distintos; al tiempo que enfatiza que la decisión de contratar “partió de departamentos del banco diferentes”, como el de Seguridad, dirigido por Julio Corrochano, en 2004, y el de Recuperaciones, encabezado por Antonio Béjar (también investigado), en 2010.
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