Competencia pide a Aena total independencia de Enaire en una próxima licitación de torres de control
Aprecia un posible conflicto de interés por la posición de accionista de control en el gestor aeroportuario, que tendrá que seleccionar los proveedores
Gasolina al fuego de la liberalización de torres de control en España. La empresa de control aéreo Enaire está tomando posiciones para participar en el nuevo proceso de apertura a la competencia que ha puesto en marcha el Ministerio de Transportes, pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no tiene nada claro que esta empresa pública, dominadora de un 72% del mercado, pueda estar en la parrilla de salida. En juego hay siete torres y bajo lupa están los vínculos entre Aena, que sería el licitador, y la citada Enaire, su primer accionista con el 51% del capital.
Esta última ha consultado al Ministerio de Transportes, y este a la propia CNMC, sobre la posibilidad de que una filial de nueva creación, Enaire Global Services (EGS), pueda presentar sus ofertas en el esperado proceso de licitación pública. Y la respuesta habla de un posible conflicto de intereses. EGS fue puesta en marcha en abril de 2021 para participar, tanto en España como en el exterior, en la prestación de servicios de control. En el caso del mercado doméstico, los estatutos de esta filial aclaran que se enfoca a servicios fuera del ámbito del negocio regulado.
De salir adelante el proyecto de liberalización, para lo que el Ministerio de Transportes se ha dado un plazo de hasta 18 meses, Aena deberá seleccionar los operadores que gestionarán las nuevas torres abiertas a la competencia, desde las que se prestan servicios de control de aeródromo (ordenan el despegue y aterrizaje en los aeropuertos). De momento se ha señalado a siete aeropuertos: Bilbao, Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife Norte, Tenerife Sur y Santiago.
Enaire está presente en 21 torres en la red de Aena aún sin liberalizar. Otras 12 cambiaron de manos en 2011 (Sabadell, Madrid-Cuatro Vientos, A Coruña, Alicante, Ibiza, Jerez, Sevilla, Valencia, Vigo, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura), pasando a las privadas Saerco y Skyway (antes Ferronats). La CNMC ya recomendó en 2018 avanzar en la apertura a la competencia de los servicios de control aéreo y eliminar la vinculación entre Aena y Enaire. En este último sentido, en febrero del año pasado se produjo la salida de Ángel Luis Árias, director general de Enaire, del consejo de administración de Aena. Y antes, en 2020, Enaire perdió la condición de medio propio de Aena. De hecho, la firma de control aéreo argumenta que entre ella y Aena no existe tráfico jurídico y económico como si fueran un único ente, sino que actúan como firmas independientes y sin interés de grupo.
La CNMC plantea ahora que la presencia de Enaire en próximos concursos “podría incidir en la neutralidad de las licitaciones” de Aena por los lazos accionariales existentes. Desde Competencia se ha insistido en que el gestor aeroportuario debe abrir el proceso a todos los operadores, públicos o privados, que estén certificados por una autoridad nacional de supervisión de la UE. ESG tendría cabida, pero también se aconseja a Aena tomar “las medidas oportunas” para prevenir posibles conflictos de interés. Y remata señalando que, de no encontrarse “soluciones efectivas”, la exclusión de Enaire o su filial EGS podrían ser necesarias.
La CNMC recuerda a Enaire que debe respetar las reglas de competencia nacionales y europeas. Su informe es exclusivamente consultivo y ha sido emitido a solicitud del Ministerio de Transportes.
Opiniones enfrentadas
El proyecto de liberalización del Ministerio que lidera Raquel Sánchez, por iniciativa de Aena y las asociaciones de aerolíneas ALA e Iata, ha provocado la disensión del ala morada del Gobierno y las protestas del sindicato de controladores USCA, que reclaman el freno al proyecto de Orden Ministerial que ha sido sometido a consulta pública y que abre a la competencia una nueva tanda de torres de control. Las aerolíneas, por su parte, aplauden la iniciativa por cuanto están garantizadas la seguridad, calidad del servicio, la mejora de la eficiencia y la repercusión en las tarifas de Aena, según argumenta la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).
La liberalización del control de torre formó parte de la reestructuración en la navegación aérea “con el objetivo de mantener la calidad del servicio mejorando su eficiencia”, tal y como describió una Orden Ministerial del Ministerio de Fomento de diciembre de 2010. Fue a partir de ese año, con la Ley 9/2010, de 14 de abril, cuando se permitió la competencia en los servicios de tránsito por el aeródromo y la formación a controladores. En España la competencia sobre el control de la fase de crucero del vuelo es exclusiva de Enaire.
La disposición adicional segunda de la citada Ley 9/2010 circunscribe la posibilidad de concurrir a las licitaciones a los nuevos proveedores civiles de servicios de tránsito aéreo de aeródromo. Por ello, Enaire duda sobre si su filial EGS entra en esa clasificación. Y en 2021 fue la Abogacía del Estado la que consideró que ni Enaire ni EGS pueden considerarse como nuevos operadores tal y como lo entiende la Ley 9/2010. Una interpretación contra la que se ha situado la compañía púbica.
En su argumentario, Enaire recuerda que en Alemania hay una filial del operador público de control aéreo, DFS, en 11 torres liberalizadas prestando servicios de tránsito aéreo. Incluso esa filial, DFS Aviation Services GmbH-DAS, tiene presencia en el mercado liberalizado de Reino Unido.
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