Sorpresa y silencio entre los empresarios por la salida de Ferrovial
Cellnex y Mutua aclaran que no se plantean ningún cambio de sede social
El miedo a que otras empresas nacionales imiten a Ferrovial y salgan de España, ha orillado a los empresarios a aclarar públicamente que no tienen intenciones de cambiar la sede social de sus compañías. El consejero delegado de Cellnex, Tobias Martínez, se ha tomado un momento durante la presentación de resultados empresariales para aclarar públicamente que ellos “no se plantean ningún tipo de cambio a otro país”, aunque están seguros de que la constructora “tiene sus razones y su lógica”.
A su vez, el presidente del grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, ha dicho que “es un tema que ha sorprendido a todos” y espera que el traslado de sede a Países Bajos no cree un precedente. Ha reconocido que el país europeo puede ser un lugar beneficioso desde el punto de vista fiscal, mercantil o ambas, aunque no hizo un juicio del valor al respecto. No obstante, sí habló sobre las críticas vertidas por el Gobierno hacia los empresarios: “no le prestamos absolutamente ninguna atención a ese tipo de comentarios que damos una motivación electoralista y que esperamos que sea temporal”, ha comentado. A juicio de Garralda, ese tipo de críticas “no va a beneficiar a nadie” y tiran a “populistas”. Si ese clima no es “tan árido, mucho mejor para todos”, ha concluido.
Por otra parte, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha manifestado que el traslado de sede de la multinacional española “no es una cosa casual” y debe ser motivo de análisis. En declaraciones a los periodistas, ha intentado justificar la medida diciendo que cuando una empresa “paga el doble de imposición en España que en Estados Unidos, facturando el doble en el segundo país en comparación al primero, por muy solidario y patriota que se sea hay que dar cuenta a los accionistas”. Según Amor, la salida de Ferrovial debe llevar al Gobierno a “una reflexión sobre el nivel de presión fiscal, de inseguridad jurídica y de costes laborales de España”.
Mientras tanto, el Gobierno también ha salido en bandada a dar su opinión sobre el traslado, que consideran un “error”, según las palabras de Nadia Calviño. “No comparto una decisión que parece que va en contra del interés y de la imagen de nuestro país; es más el gesto respecto a España que cualquier otra consideración”, ha señalado en una entrevista.
Comisiones Obreras también ha cargado contra la empresa con dureza, señalando como preocupante que una multinacional española “que ha crecido a la sombra de los contratos e inversiones realizadas con las administraciones públicas españolas como la infraestructura del AVE, decida deslocalizarse fiscalmente para optimizar sus beneficios”.
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