El Rock & Law vuelve a Madrid por primavera: los despachos se desmelenan por una buena causa
Queda abierta la convocatoria para la presentación de proyectos sociales con una nueva edición del festival benéfico más relevante de la abogacía de los negocios
![](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/J6YWHZQKPRMKHK243QUN2UN77M.jpg?auth=3176e0915f2303ad37fa0dae9fefa445997f9fdd9ed661291ca5057ea7a3b13d&width=414)
Rock & Law Madrid vuelve a subirse al escenario en una nueva edición del festival de música en el que las bandas de rock de los principales despachos de abogados españoles e internacionales se unen para recaudar fondos por una causa benéfica. El concierto se celebrará la próxima primavera (concretamente el 10 de mayo) y, para tal fin, este lunes, 29 de enero, se abre el plazo de presentación de los proyectos sociales candidatos a ser el beneficiario. El plazo estará abierto hasta el día 20 de febrero de 2024 (inclusive) y la entidad seleccionada será anunciada antes del 1 de marzo de 2024.
Rock & Law es un festival que se celebra desde el año 2010 en Madrid, Barcelona y Lisboa y que está impulsado por las fundaciones de los despachos Cuatrecasas (Fundación Cuatrecasas), Garrigues (Fundación Garrigues), Gómez-Acebo y Pombo (Fundación Fernando Pombo) y Uría Menéndez (Fundación Profesor Uría).
El festival, que impulsan estos pesos pesados de la abogacía de los negocios en España, nació con el fin de crear un evento que congregara a la comunidad legal en torno a una buena causa. En la última edición en Madrid, celebrada en 2018, se recaudaron 60.376 euros para la Asociación Debra-Piel de Mariposa.
Bases y candidaturas
Podrán presentar su candidatura aquellas fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro constituidas en España −con posterioridad al 31 de diciembre de 2019− y declaradas de utilidad pública, que desarrollen o tengan intención de desarrollar un proyecto asistencial en España.
De entre los proyectos que se presenten a esta convocatoria, las fundaciones impulsoras del evento seleccionarán uno teniendo en cuenta distintos criterios. Entre ellos, la relación del proyecto con la protección de la infancia, que la entidad cuente con recursos modestos y/o dificultades para la captación de fondos, o el impacto y el grado de innovación del proyecto.
El proyecto deberá ser desarrollado en los dos años siguientes a la entrega de los fondos y su ejecución será objeto de justificación por la entidad beneficiaria mediante la documentación oportuna.