Arranca el VII Congreso Nacional de Registradores: el valor económico de la seguridad jurídica
Los datos de diversos informes avalan que la función de los registradores influye en el PIB del país
Los registradores han dado el pistoletazo de salida a su VII Congreso Nacional en Tenerife, una cita que reúne a más de 300 congresistas que debatirán desde el 4 al 6 de octubre sobre la seguridad jurídica y sostenibilidad que proporcionan los registros. La decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, dio inicio a las jornadas de trabajo y debate del congreso en un acto celebrado este miércoles en el hotel Gran Meliá Palacio de Isora en el que también intervinieron el secretario general para la innovación y calidad del servicio público de justicia, Manuel Olmedo; el decano de Tenerife, Carlos Celestino; el comisionado especial para la reconstrucción de la isla La Palma, Héctor izquierdo; y la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofia Puente.
El acto fue conducido por el humorista Fede de Juan que hiló con habilidad e ingenio los distintos mensajes de la inauguración. Además, el director de relaciones institucionales del Colegio de Registradores de España, Sebastián del Rey Barba, dio paso a todas las personalidades que fueron interviniendo.
La conferencia inaugural corrió a cargo del economista del Banco de Francia y del Banco de España Juan M. Mora Sanguinetti. El economista dio datos contundentes sobre el precio de contar con un sistema robusto de ejecución del marco normativo, responsabilidad de jueces y de registradores. Estos últimos son los llamados a evitar una litigiosidad exacerbada. Son justicia preventiva. Sanguinetti señaló que los informes avalan que la reducción de litigiosidad y de lentitud en la resolución de los casos influye muy positivamente en la marcha de la economía del país, beneficiando así al bolsillo de los ciudadanos. Con un punto más en seguridad, Madrid ganaría 3400 viviendas en alquiler y Barcelona 3100. “Ya no solo es la reforma de la ley de arrendamientos”, aseguró. Así mismo, ilustró, un marco normativo no sobredimensionado (se publican unas 12.000 norma nuevas al año) y más claro ayudaría a la mejoría de la economía. En definitiva, se incrementaría el tamaño de las empresas, su competitividad y el monto de inversión. Por tanto, destacó, los registradores cumplen una función que afecta directamente al PIB del país.
María Emilia Adán inició su discurso poniendo sobre la mesa la necesidad de que los registros se adapten a los nuevos retos “buscando en el presente los equilibrios necesarios, para no comprometer el futuro”. La clave, destacó la decana, está en la sostenibilidad, un concepto “transversal” y antiguo como la humanidad. La sostenibilidad, señaló Adán, es “un elemento definidor del derecho al desarrollo, que hoy integra esa tercera generación de los derechos humanos”. La institución registral está llamada a proveer de estructuras jurídicas que asiente ese “derecho a un desarrollo sostenible”. “Estamos preparados para facilitarlo y potenciarlo”, afirmó la decana.
Durante el congreso, adelantó María Emilia Adán, se hablará de las distintas caras del poliedro que conforma el concepto de sostenibilidad. Así, enumeró, se debatirá sobre los retos para el registro y la sociedad de la sostenibilidad medioambiental, la más conocida. Pero también se departirá sobre sostenibilidad cultural, turística, de la vivienda, empresarial, ética y social.
En relación con la responsabilidad medioambiental, María Emilia Adán puso en valor el Portal Registral de Emergencias, una herramienta que puede ir determinando las zonas afectadas por un incendio o catástrofe en tiempo real. Estas zonas, explicó, “tienen limitadas las facultades de dominio, y por ello es importante que se refleje en el registro para que cualquier ciudadano pueda tener el mismo nivel de información”. El portal nació precisamente hace un año con la erupción del volcán de La Palma. “Es un instrumento que se ha manifestado útil, ante las desgracias medioambientales, para informar primero, y para apoyar después a los propietarios en la definición de sus derechos sobre los inmuebles”, aseguró.
La decana también rindió homenaje al pueblo de La Palma, que se sobrepone a los daños del volcán que hace dos años asoló parte de su territorio. Y a los registradores que, a pie de calle, ayudaron a los palmeros a obtener de manera gratuita los títulos de propiedad que sirvieron para pedir las ayudas por el desastre.
Manuel Olmedo, secretario general para la innovación y calidad del servicio público de justicia, comenzó tomando de referencia el último congreso de registradores, celebrado en Valladolid en septiembre de 2021. Poco después, recordó, se inició la erupción volcánica en la isla de la Palma en la zona de Cabeza de Vaca, en el municipio de El Paso. “Hay que reconocer como, ante unas circunstancias no vividas antes por las registradoras y registradores españoles en activo, fueron capaces de dar una respuesta moderna y adecuada a los problemas que se estaban planteando en su ámbito propio de la seguridad jurídica”, señaló Olmedo alabando la reacción humana y profesional del colectivo.
El representante del Ministerio de Justicia subrayó la importante transformación que se está acometiendo en los registros para su completa digitalización, tras el mandato europeo y la publicación de la Ley 11/2023, de 8 de mayo. Esta norma, señaló, prevé en su disposición adicional quinta la necesidad de que se apruebe un “calendario de implantación de las previsiones referidas en esa ley a los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles”. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aprobó en julio la resolución que incorpora este calendario con el objetivo de preparar a tecnológicamente a los registros para la entrada en vigor de la nueva regulación registral el 9 de mayo de 2024.
Además, Manuel Olmedo puso en valor el trabajo del ministerio en la comunidad autónoma de Canarias. El reparto de fondos Next Generation de la Unión Europea ha dejado en las islas un total de 30 millones euros repartido en diversos proyectos. En colaboración con la administración canaria, destacó, se han creado varias unidades judiciales en la anterior legislatura “y se han materializado dos agrupaciones de partidos judiciales para conocimiento de asuntos de violencia de género”.
Olmedo finalizó su intervención poniendo en valor el trabajo de cada registrador. Un trabajo silencioso “técnicamente impecable y sin estridencias”, alabó.
Tanto la decana de los registradores, María Emilia Adán, como el secretario general del Ministerio de Justicia, Manuel Olmedo, y los demás intervinientes han dado una cálida bienvenida a la última promoción de registradores y registradoras. Ellos, subrayó Adán, “asumen la responsabilidad de custodiar e innovar la Institución registral para llevarla al final del siglo XXI, siendo útil a la ciudadanía, española, europea, pero también iberoamericana”.