Los colegios de procuradores de Madrid y Barcelona proponen un plan para agilizar la justicia
La hoja de ruta 2022-2025 incluye la colaboración de los profesionales para desatascar las ejecuciones de sentencias
Los colegios de procuradores de Barcelona y Madrid presentaron en la ciudad condal este jueves, 11 mayo, el llamado Plan Estratégico de la Procura: Hoja de Ruta 2022-2025 que han elaborado de forma conjunta ambas corporaciones profesionales. El ambicioso programa posiciona a los procuradores como jugadores principales en el campo de la justicia. Una especie de carrileros que ayuden a descongestionar y agilizar el juego.
Entre los hitos que la procura persigue a corto plazo está la de asumir mayor protagonismo en la ejecución de las sentencias condenatorias. Una tarea históricamente reclamada por el colectivo y que puede hacerse realidad con la aprobación de las leyes de eficiencia procesal y organizativa del servicio público de justicia que están en trámite parlamentario.
Un estudio elaborado en 2021 por Sigma Dos para el Consejo General Procuradores de España (CGPE) muestra que España está a la cola en Europa en tiempo medio de ejecuciones de sentencias solo por delante de Grecia. Los resultados del estudio señalan que se han dejado de ingresar casi 11.000 millones de euros por estos retrasos. El mayor punto negro de la justicia para el que los procuradores tiene una propuesta.
Cinco Días ha recabado la opinión de los decanos de los dos colegios promotores de la hoja de ruta de los procuradores. El plan (para cuya elaboración se han tenido en cuenta todas todas las propuestas de reforma legislativas realizadas por otros colegios de procuradores y por el CGPE) parte de un extenso informe en el que es hace una foto de la situación actual de la procura con sus puntos fuertes y débiles, pero, también amenazas y oportunidades, para, a continuación, plantear distintos escenarios de futuro y un detallado cuadrante o cronograma de tareas a ejecutar. El estudio, encargado por los dos colegios, cuantifica la participación del colectivo en la agilización y eficiencia de la justicia, señalando que la contribución al PIB por parte del sector supera los 800 millones de euros. También se indica que en los últimos 18 años la actividad en la procura se ha multiplicado por dos.
Esta hiperactividad implica una inflación de los procesos judicializados. En opinión del decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Alberto N. García Barrenechea, “este aumento está provocado por una creciente complejidad en las relaciones personales y empresariales, especialmente debido al incremento en la litigiosidad masiva, facilitada en gran medida por las nuevas tecnologías. A esto se suman las reclamaciones contra entidades bancarias, especialmente en relación con cláusulas abusivas”.
El decano de Madrid subraya que “casi la mitad de los procedimientos son monitorios”. Esto es, procedimientos exprés de reclamación de cantidades. En este sentido, García Barrenechea apunta que “una mejor regulación, como la que proponemos los procuradores, tendría un impacto directo en la eficiencia de estos procedimientos, así como en el resto de los procesos al asignarles más recursos”.
Con ese plan, afirma el decano del colegio de Madrid, los procuradores quieren contribuir a la mejora de la Administración de Justicia poniendo a su disposición “profesionales con formación jurídica de alto nivel con experiencia y conocimiento del sector”. “Con este objetivo, se propone ampliar el catálogo de servicios prestados por los procuradores, estableciendo una colaboración activa y bajo el control del tribunal”, asegura.
Una de las formas en las que los procuradores quieren descongestionar el servicio público de justicia es asumiendo más labores, entre ellas llevar la ejecución de las resoluciones que no se cumplen voluntariamente. Ángel Quemada, decano del Colegio de Procuradores de Barcelona, matiza: “No proponemos asumir la ejecución de sentencias, sino que nuestra propuesta consiste en poder llevar a cabo actos materiales de ejecución por delegación del tribunal y bajo su dirección y supervisión”. Para ello, expone, “contamos con una infraestructura que incluye cerca de 10.000 procuradores y procuradoras en España, así como el personal que trabaja en los despachos. Además, tenemos una organización colegial compuesta por 67 colegios de procuradores y el Consejo General de Procuradores, que son corporaciones de derecho público con las obligaciones correspondientes. A esta sólida infraestructura, perfectamente organizada, se suma la experiencia acumulada, y cabe destacar que no ha habido fricciones en todas las competencias y funciones que se nos han confiado”. El decano apunta que el plan de acción incluye formación específica para asumir esas nuevas tareas. Además, agrega, “se prevé atraer nuevo talento a la profesión de la procura”.
Sin embargo, en este plan, parece que los procuradores no cuentan con el apoyo de los sindicatos de funcionarios de justicia. Comisiones Obreras ha expresado públicamente su rechazo señalando que esta modificación legal supondría una “privatización” del servicio público. Alberto García Barrenechea rechaza de plano esta afirmación: “Creemos que no es correcta una vez leídas y estudiadas nuestras propuestas. Todas ellas se tratan desde la perspectiva de poder desempeñar determinadas funciones por delegación del tribunal, sin invadir ninguna de las competencias”. “No solo la Justicia no se privatiza”, afirma, “sino que los beneficios se aplican de manera equitativa para todos, incluyendo a los litigantes beneficiarios de la justicia gratuita, ampliando así el nivel de protección de los más vulnerables”.
El decano del colegio de Madrid apunta que la participación de los procuradores en el sistema judicial como colaboradores de los tribunales “ya está reconocida en la Ley de Enjuiciamiento Civil”. En concreto, señala, “en el artículo 152, que contempla la posibilidad de realizar actos de comunicación a través del procurador si la parte lo solicita y asume los costos, siempre bajo la dirección del letrado de la Administración de Justicia”. En este sentido, recalca, “se nos reconoce como colaboradores”.
Las leyes de eficiencia procesal y organizativa que incluyen esta nueva tarea para el colectivo están aún pendientes de votación. Se esperan para finales de año, pero los procesos electorales en marcha y la huelga de funcionarios de justicia pueden retrasar la luz verde. Sin embargo, apunta Ángel Quemada, “somos conscientes de que el desarrollo del plan no se agota en esta legislatura. Se trata de un trabajo a largo plazo”.
La factura que está pasando a los profesionales los parones en los juzgados incluye, señala Quemada, “pérdida de ingresos, estrés y la tensión emocional, interferencias en la rutina laboral y un cierto desgaste en la relación con la oficina judicial”. No obstante, apunta, lo están afrontando con “motivación y apoyo mutuo” y con el mantra de la “solidaridad ante las adversidades”, algo de lo que el colectivo sabe mucho.