Gobierno y agentes sociales se reúnen para avanzar en la reforma de pensiones
El Gobierno quiere que tenerlo aprobado antes de que termine el año
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones vuelve a sentarse este lunes con patronal y sindicatos para intentar avanzar en una negociación "contrarreloj" del segundo bloque de la reforma de las pensiones que el Gobierno quiere tener aprobado antes de que termine el año.
Tras semanas sin reuniones formales, la mesa de diálogo social retomó el pasado lunes sus trabajos con dos temas principales: la ampliación del periodo de cálculo para la pensión y la subida de las bases máximas.
En ambos puntos, las posturas de Gobierno y agentes sociales divergen lo que dibuja una negociación complicada con unos plazos muy ajustados.
En el periodo de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, el planteamiento llevado a la mesa por el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, supone pasar progresivamente de 25 a 30 años cotizados pero computando solo los 28 mejores.
Aquí, los sindicatos ya han mostrado su rechazo a incluir en la negociación un tema que no formó parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo y para el que no creen que el Gobierno cuente con el apoyo político suficiente.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha subrayado que elevar el periodo de cómputo de la pensión no es "una medida necesaria" y que no hay "ni consenso político ni social" para sacarla adelante
Desde UGT mantienen también que es un elemento "distorsionador" en la negociación pero han abierto la puerta a estudiar una ampliación de este periodo si no supone recortes.
En cuanto a las bases máximas, la propuesta del Gobierno incluye elevarlas un 30 % en 26 años, mientras que la pensión máxima subiría un 3 % en el mismo periodo, aunque con la idea de aumentarla también un 30 % más adelante.
En este punto, la distancia es de la CEOE que rechaza un nuevo aumento de los costes laborales para las empresas, mientras que los sindicatos sí han mostrado su visto bueno a medidas que eleven los ingresos del sistema.
El acuerdo de todas las partes se anticipa complicado aunque Escrivá ha señalado que las negociaciones van en la "dirección correcta" y que el ambiente previo es el "clima habitual".
Los tiempos también entran en juego ya que el objetivo de Escrivá es tener publicado un real decreto ley con los cambios en el BOE antes del 31 de diciembre.
Aunque se trata de hitos comprometidos con Bruselas para este año, en otros temas, como el nuevo sistema de cotización de los autónomos, los plazos se han podido extender algunas semanas en aras de consensuar los cambios.
Junto a estos dos temas centrales de la negociación, sobre la mesa están otras medidas para reducir la brecha de género en las pensiones.
El Gobierno quedó la pasada semana en recopilar todas las propuestas aportadas por los interlocutores sociales para analizarlas en la reunión de este lunes.
Divulgar la realidad para tomar decisiones informadas
Carta naranja. Carlos Herrera opina, como todos sus compañeros, que hace falta educación financiera, y asegura que “la gente tiene que ver que hay peligro en materia de pensiones y que tiene que ahorrar para su jubilación”. Es partidario de que la carta naranja en la que la Seguridad Social informa de la pensión estimada lo haga de acuerdo a la situación laboral de cada persona y a las proyecciones de futuro.
Productos fáciles. Eva Valero hace autocrítica: “Hemos fallado como sector en hacerlo fácil. Necesitamos productos de ahorro fáciles porque el discurso del ahorro cala, pero el dinero se queda en la cuenta corriente”.
Vivienda. Para Francisco González-Quevedo y también para José Luis Manrique está claro que en España sí se ahorra. “El 90% de los jubilados tiene una vivienda en propiedad”, dice el primero. “Tenemos el mayor porcentaje de viviendas en propiedad de toda Europa junto con Italia”, afirma el segundo. A eso se suma el hecho de que las pensiones de jubilación “son altas, no hay incentivo para ahorrar”.
Pensiones más bajas. Los expertos presentes en el desayuno advierten de que las pensiones públicas seguirán existiendo pero serán más bajas en el futuro. Herrera indica que, si en la actualidad representan el 75% del salario, “llegaremos a que sean el 45%%.
Ahorro necesario. Hay unanimidad en que es imprescindible, mediante educación financiera y campañas, inculcar a la sociedad la necesidad de ahorrar para complementar la pensión de jubilación. González-Quevedo declara que en el Reino Unido, al llegar el momento del retiro, es obligatorio que el interesado tenga un asesor.
Asociaciones y colegios. Con respecto a la Ley de Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, Valero insiste en que también hay que divulgarla, “pero no solo entre autónomos, empresas y trabajadores, sino asimismo entre asociaciones y colegios profesionales y a través de los convenios”.