La erradicación del impuesto del patrimonio, más a debate que nunca
El impacto que tendrá el nuevo tributo temporal de las grandes fortunas en las comunidades que han eliminado este gravamen genera serias dudas
Como consecuencia de la alta inflación que está experimentando España, el debate sobre la necesidad de rebajar impuestos, tanto a nivel estatal como autonómico, está más vivo que nunca. En los últimos meses se ha hablado mucho de la supresión del impuesto de patrimonio (IP) en Andalucía, que busca favorecer que ciudadanos con determinadas características de renta que pasan menos de seis meses en Andalucía fijen en la comunidad su residencia fija y, de este modo, contribuyan con sus impuestos a la comunidad. La bonificación, que será del 100%, supone un 0,6% de lo que se recauda y pretende atraer más capital humano con capacidad inversora, fomentando así la actividad económica y la ocupación en Andalucía. Este capital humano se traduciría además en un incremento del número de contribuyentes por el IRPF en esta comunidad.
España es uno de los tres países del mundo, junto a Noruega y Suiza, que mantiene el impuesto sobre el patrimonio. Los informes de la OCDE cifran en un 0,6% su impacto en la recaudación fiscal total en España, un 0,2% del PIB. El debate está servido. Los defensores del impuesto sobre el patrimonio explican que es un gravamen que busca asegurar que la riqueza esté menos concentrada y más distribuida, mientras que los detractores piensan que es un impuesto que desincentiva el ahorro y el crecimiento económico.
Actualmente, la tendencia europea es la de la erradicación de este impuesto. Además de España, en 2018, Francia fue el último país de la Eurocámara en prescindir de este tributo para sustituirlo por otro específico a la posesión de activos inmobiliarios. Ahora, con la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía, la controversia en torno a él se reaviva y surge la pregunta de cómo actuarán otras comunidades.
La plena bonificación fiscal de ese impuesto de la que disfrutan los madrileños ha provocado un desplazamiento de contribuyentes, que han fijado su residencia y domicilio fiscal en Madrid. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha asegurado que la principal motivación de suprimir el tributo sobre el patrimonio es el de “favorecer que determinadas rentas fijen su residencia en Andalucía, contribuyendo así con sus impuestos”. Asimismo, reconoce haber estado en contacto con altos ejecutivos que, con el auge del teletrabajo, pasan casi medio año en territorio andaluz, pero que se niegan a fijar su residencia allí por el impuesto sobre el patrimonio. Esta preferencia hacia residencias con más ventajas fiscales se refleja en los datos que manejamos y que revelan que casi un 19% de los españoles se mudaría a un país extranjero para pagar menos impuestos, cifra que se alza a casi un 30% si nos fijamos solo en aquellos encuestados con rentas de más de 50.000 euros al año.
Es importante remarcar que el debate no acaba con la decisión de la Junta andaluza. Hay 15 comunidades autónomas que mantienen activo el impuesto. Su futuro, sin embargo, es muy incierto. Los resultados de su derogación en Andalucía durante los próximos meses pueden ser claves para reformular completamente, o no, su existencia en todo el territorio español.
No obstante, el Gobierno central no parece estar de acuerdo. Pocos días después de la decisión de la Junta, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba un nuevo tributo para neutralizar este tipo de bonificaciones: el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (ITSGF). El ITSGF se configura como un tributo complementario al impuesto sobre el patrimonio, sin embargo, a diferencia de este, el recaudador es el Estado y no la Comunidad Autónoma. Con ello nace otra controversia. Mientras las grandes fortunas andaluzas dejarán de abonar a la Junta el impuesto sobre el patrimonio, aquellas riquezas superiores a los tres millones de euros netos seguirán teniendo que pagar una cantidad parecida, esta vez, al Gobierno central.
Andalucía y Madrid no son las únicas afectadas. Hacienda mantendrá la deducción del 100% del ITSGF para aquellas personas que contribuyan con el impuesto sobre el patrimonio, pero aquellas comunidades que tengan un tipo máximo del IP inferior al del nuevo tributo (3,5%) podrán tener que pagar una cuota extraordinaria al Estado, aparte de la contribución que ya hayan abonado a sus comunidades autónomas por patrimonio. Es el caso de comunidades como Cataluña, Galicia y Asturias, entre otras.
Esta nueva proposición de ley, que en estos momentos se encuentra en tramitación parlamentaria ya redactada por escrito, será aplicada en los dos primeros ejercicios fiscales desde que entre en vigor, por lo que, si se presenta antes del 31 de diciembre, afectaría a los ejercicios de 2022 y 2023. A la hora de realizar la declaración de la renta, afectaría a las campañas de 2023 y 2024. Todo esto deja un panorama incierto que, a falta de saber con exactitud si esta nueva medida se oficializará en el BOE y si verdaderamente será temporal como su mismo nombre indica, deja a las grandes fortunas residentes en España con serias dudas sobre su futuro fiscal en el país.
Ana Crespo es experta fiscal de Taxfix en España