Bruselas propone un tope a la cotización de los futuros del gas

La medida temporal duraría un año y se activaría si el precio en el mercado de Países Bajos "llega a un nivel predefinido"

Kadri Simson, comisaria europea de Energía.
Kadri Simson, comisaria europea de Energía.

La Comisión Europea propone en un documento trasladado a los Veintisiete establecer en casos de emergencia un tope a la cotización de los futuros del gas, tomando como referencia el principal índice de referencia en Europa, el holandés TTF Dutch.

La medida temporal duraría un año y se activaría si el precio en dicho índice "llega a un nivel predefinido" que el documento todavía no especifica, aunque hace una referencia a los precios que marcó el índice el pasado agosto, informa Efe. Entonces, cuando los países de la UE se apresuraban a comprar gas para llenar sus depósitos antes del invierno, el TTF marcó un récord de 349 euros el megavatio hora (MWh), precio que ha caído desde entonces hasta los 124 euros en la actualidad.

El documento, compartido en una reunión de embajadores de los estados miembro ante la UE, añade una segunda condición para activar este tope: que el aumento no se corresponda con una subida similar a nivel de mercado mundial (comparación con los precios GNL), de forma que esa limitación de precio no comprometa la seguridad de suministro.

Fijado de antemano

"Para asegurar un efecto inmediato, se propone que los valores para activar el mecanismo deberían estar fijados de antemano para evitar largos procedimientos de toma de decisiones que podrían retrasar significativamente su activación y el efecto perseguido de reducir los precios", explica la Comisión.

El texto informal compartido con las capitales, que no es una propuesta legislativa, ha trascendido una semana antes de que los ministros de Energía de los Veintisiete se reúnan en un consejo extraordinario en Bruselas el 24 de noviembre.

El documento propone fijar un techo sobre el precio de los derivados de gas a un mes en el TTF, frente a actuar sobre los precios al contado "que supondría un mayor riesgo de liquidez para mercados a corto plazo y para la seguridad de suministro".

Este techo sería "estático", pero contaría con "elementos dinámicos", como revisiones mensuales que conducirían a la desactivación del tope si el precio cae por debajo del umbral definido o incluso a suspender su aplicación "en cualquier momento" si genera "problemas no intencionados de seguridad de suministro o financieros".

Se dejaría de aplicar automáticamente si una revisión mensual muestra que ya "no concurren las condiciones que justificaron su activación" y también se comprobaría que no altera los objetivos de reducción de demanda de gas del bloque.

Supervisión

Estas cuestiones serían supervisadas por la Comisión Europea con apoyo del Banco Central Europeo (BCE), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y otras autoridades competentes. Sin embargo, el tope no se aplicaría en operaciones de mercados no regulados ('over the counter' u OTC, según la jerga sectorial en inglés), cuya supervisión es más complicada.

Esto genera una de las principales desventajas de la medida que Bruselas reconoce en el documento, puesto que muchas transacciones podrían realizarse en estos mercados OTC para escapar al tope.

Además, la Comisión Europea señala que el mecanismo podría dificultar la capacidad de los compradores para cubrirse de los riesgos asociados a operaciones financieras con gas dependiendo del nivel al que se establezca el límite, afectar a la formación de precios en los mercados de derivados y generar problemas de liquidez en compañías energéticas.

A estas desventajas financieras se suman posibles problemas sobre la seguridad del suministro, pero Bruselas cita una serie de puntos a favor, como los desincentivos a la especulación o la mayor certidumbre en el funcionamiento del mercado.

El sistema planteado por la Comisión llega tras meses de presión de una quincena de estados miembros, entre ellos España, Francia, Grecia o Polonia, que reclaman al Ejecutivo comunitario intervenir en el mercado gasístico y abaratar los precios, iniciativa que rechazan Alemania, Países Bajos o varios países nórdicos y bálticos.

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