¿Tiene un conflicto con la Administración? Llame a un mediador
A diferencia de un proceso judicial, las partes pueden lograr soluciones creativas
La burocracia es un muro contra el que el ciudadano de a pie choca cuando tiene que resolver algún asunto con la Administración pública. Si este no se soluciona o si se obtiene la callada por respuesta, no hay más remedio que acudir a los tribunales y esperar años para conseguir una sentencia… o no. Existe una alternativa más rápida pero generalmente desconocida. La legislación permite, desde hace años, la posibilidad de alcanzar acuerdos en situaciones tan comunes como una caída en la calle por el mal estado de la acera o, más graves, como las secuelas por negligencia médica, con el ahorro de costes que supone, tanto económicos como emocionales.
La mediación es un sistema alternativo de resolución de conflictos en el que las partes implicadas, asistidos por un profesional llamado mediador, pueden solventar de común acuerdo el problema que les confronta. Según la Guía sobre la Mediación y las Administraciones Públicas publicada por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), el proceso de mediación dura habitualmente entre cuatro y seis semanas frente a los casi diez meses de media que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconoce que se tarda en un juzgado de lo contencioso administrativo. Más de cuatro años estuvieron pleiteando dos mujeres con el ayuntamiento de un pueblo de Salamanca por la caída en una tumba en el cementerio de la localidad hasta que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León confirmó en mayo de 2020 que tenían derecho a una indemnización.
Ámbito
Existen multitud de casos en los que se puede optar por esta vía antes o después de judicializar el asunto, aunque hay límites. Como explica Lourdes del Amo, abogada especializada en urbanismo y mediadora de MediaICAM (centro de resolución de conflictos del ICAM), “se puede acudir a mediación en los supuestos donde el ordenamiento jurídico permita la transacción y la terminación convencional del procedimiento administrativo”. “Hay casos directamente excluidos de esta posibilidad, y en otros es necesaria autorización expresa de los servicios jurídico o del órgano competente”, agrega Concepción Campos, doctora en Derecho y codirectora de Red Localis. No hay que perder de vista, recuerda, que la Administración tiene una “posición de prevalencia”.
Entre las materias que mejor se adaptan a esta vía, opina Campos, están los conflictos de la convivencia vecinal, sobre todo en el ámbito medioambiental (ruidos, olores, etc.) y los supuestos de responsabilidad patrimonial de la Administración. Lourdes del Amo amplía esta lista a disputas en materia urbanística, en fijación de justiprecios, en la ejecución de sentencias, y, en general, “en los casos en los que pueda existir un margen de discrecionalidad”.
Pasos que seguir
Cualquiera de las partes en conflicto puede solicitar una mediación, aunque debe ser un paso consensuado. A diferencia de un proceso contencioso o judicial, en la mediación administrativa se pueden lograr soluciones creativas. Estos acuerdos, apunta del Amo, “pueden llegar a evitar futuros problemas”. Para la abogada, no solo puede propiciar mayor inmediatez en la reparación del daño, sino que, además, el ciudadano “se siente escuchado y valorado”. Hay muchos casos “judicializados de manera injustificada”, se queja. Algo que no ayuda al atasco de los tribunales. Según datos del CGPJ, en 2021 ingresaron en este orden jurisdiccional un total de 237.972 asuntos nuevos.
El juez también puede derivar a mediación un caso. Hay que destacar, señala María Avilés, letrada de la Administración de Justicia y responsable de la unidad funcional de mediación contencioso administrativo del TSJ de Madrid, que “la mediación no sustituye a la vía judicial”. De hecho, “se intentan aprovechar los tiempos muertos de la tramitación procesal para que las partes, con la ayuda de un mediador especializado, participen en su solución”. En caso de acuerdo, añade, “el órgano judicial llevará a cabo el oportuno control de legalidad”. Avilés forma parte de un modelo pionero en la justicia madrileña que nació en marzo de 2018. Según los datos que maneja MediaICAM, “el grado de satisfacción de los usuarios es de un 80 % y, de los acuerdos alcanzados, el 100 % no han generado ningún conflicto posterior”.
Ventajas
En opinión de Avilés, la mediación contribuye a humanizar la relación con la Administración y “favorece el diálogo y el consenso, además de preservar la confidencialidad en la solución del conflicto”. Es un servicio gratuito, agrega Lourdes del Amo, que puede resolver un conflicto de forma más rápida y “da respuesta a las necesidades de una sociedad que demanda nuevas estrategias para hacer frente a situaciones complejas de difícil encaje jurídico”. La jurista recuerda un caso en el que un particular acudió a mediación por un problema con la edificación de un solar y, finalmente, pudo construir sin demandar judicialmente una modificación del planemiento urbanístico.
El despegue de esta vía, opinan las expertas, necesita de una regulación específica y mayor conocimiento entre la ciudadanía y los profesionales, así como más compromiso por parte de las Administraciones. Tal y como señala Campos, una de las dificultades en estos momentos "es que es una posibilidad que ni particulares ni Administración se plantean”.
Parece que algunas Administraciones han recogido el guante. Una reciente iniciativa parlamentaria en Cataluña (la ley del procedimiento administrativo y del régimen jurídico de las administraciones públicas catalana), apunta la codirectora de Red Localis, aborda la regulación de instrumentos "para conseguir la terminación convencional del procedimiento administrativo y como mecanismos sustitutivos o alternativos de los recursos administrativos ordinarios, en particular, la mediación administrativa".
Proyectos pioneros
Cámara de Comercio de Valladolid. La institución, con una larga tradición en el desarrollo de iniciativas y programas que para impulsar la mediación, arrancó en 2019 un proyecto piloto en colaboración con la Junta de Castilla y León con una campaña de difusión de las ventajas que presenta la mediación contencioso-administrativa para las administraciones locales y la formación de un grupo multidisciplinar de quince mediadores. “Gracias a la colaboración de la Diputación de Valladolid continuamos realizando jornadas de sensibilización con alcaldes y servicios jurídicos de los ayuntamientos de la provincia”, señala Víctor Caramanzana, presidente de la Cámara. La cuantía de las mediaciones realizadas en 2022 “ha superado hasta la fecha los 4 millones de euros” (cifra que equivale al total de disputas que se han llevado a mediación). En 2023, la ciudad del Pisuerga acogerá la I Cumbre Mundial de Mediación Empresarial organizada por la Cámara.
Cámara de Comercio de Alicante. En 2022 se han cursado “107 expedientes de mediación concursal”, cuenta el vicesecretario, Rafael Fernández. Dentro de la labor de difusión de la Cámara, el pasado 30 de junio organizó junto con el Centro Español de Mediación (CEM) la jornada El presente y futuro de la mediación en España que reunió a más de 250 profesionales. En ella se analizó las novedades del proyecto de la Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia. En una Jornada de 30 de septiembre de 2022 sobre Reestructuración y Procedimiento Especial de Microempresas, cuyos ponentes principalmente magistrados, debatieron sobre la reforma concursal.
Centro Español de Mediación. El proyecto de la Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia prevé establecer la negociación previa como requisito para presentar una demanda ante los juzgados civiles y mercantiles. “En el CEM estamos convencidos de que la mediación obligatoria ayudará a muchas empresas, y ciudadanos en general, a resolver sus conflictos de una manera más eficiente”, opina su vicepresidente, Adolfo Díaz-Ambrona. Díaz-Ambrona confía en que el proyecto salga adelante en los próximos meses "y se pueda empezar a atajar, cuanto antes, el importante problema de saturación que arrastra la justicia española desde hace décadas".