Los inspectores de Hacienda piden un lugar en las embajadas españolas para investigar delitos fiscales

Reclaman ampliar la red de consejerías fiscales en el extranjero

Instan a recortar la capacidad gestora de las CC AA en impuestos como Patrimonio

El presidente de los inspectores de Hacienda, Julio Ransés Pérez Boga.
El presidente de los inspectores de Hacienda, Julio Ransés Pérez Boga.

Los inspectores de Hacienda han reclamado este viernes el refuerzo y ampliación de la red de consejerías de finanzas en las embajadas españolas en el exterior y tener un hueco como gremio en ellas. "Es conveniente aumentar la dotación de medios materiales y personales en los servicios fiscales en el exterior", detalla la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado en el documento de propuestas consensuado este viernes durante su tradicional congreso anual, celebrado en Granada. "A fin de preservar la calidad de los servicios, se juzga imprescindible la reserva de puestos a inspectores de Hacienda. La competencia de los inspectores, con conocimientos de contabilidad, financieros, fiscales y tributarios, de persecución de delitos económicos y técnicas de blanqueo, nos confiere una privilegiada posición para ocupar esta plaza", añade.

El objetivo es que estos funcionarios se conviertan en una suerte de "delegación de Hacienda en cada uno de esos países", recalcó el presidente de la asociación, Julio Ransés Pérez Boga.

Los servicios fiscales en el exterior, denuncian los inspectores, se encuentran en muchos casos "sobrepasados por el volumen de trabajo" y no pueden atender adecuadamente a la ciudadanía ni a las empresas españolas allí presentes. Por ello, consideran vital un refuerzo que se centre en aquellos países en los que España tiene intereses económicos concretos.

La globalización de la economía y de las obligaciones fiscales "es un hecho", argumentan desde la asociación. Por ello, es crucial que la Administración tributaria tenga la mejor relación posible con las autoridades del resto de países, especialmente con aquellos con los que los intercambios comerciales, como también la presencia empresarial, es más intensa. Esta relación, en opinión de los inspectores, ha de propiciar el intercambio de información acerca de la tributación de contribuyentes concretos respecto a los cuales se desarrollen actuaciones de comprobación o investigación. Sin embargo, también puede servir para agilizar procedimientos amistosos con el fin de eliminar la doble imposición y para mejorar las relaciones bilaterales en el ámbito tributario.

Pérez Boga lamentó el proceso de "desmantelamiento" que ha sufrido en los últimos años la red de consejerías de finanzas y las consecuencias negativas que ello tiene en la lucha contra el fraude y en la consolidación de las relaciones bilaterales de las que se benefician las empresas y los residentes en el extranjero.

La representación de las autoridades fiscales españolas en las embajadas, añaden los inspectores, ha de tener en cuenta otro factor que es importante: "la presencia de representantes de otros ministerios que desarrollan sus funciones con repercusión internacional. También es este campo crucial la posición de los consejeros de Hacienda en el exterior", apuntan.

La asociación que representa al gremio puso sobre la mesa otras reivindicaciones históricas como la creación de una oficina antifraude, la puesta en marcha de una policía fiscal o la aprobación del estatuto de la Agencia Tributaria.

La oficina antifraude sería un organismo multidisciplinar que integraría funcionarios de la Inspección de Hacienda, del Ministerio Fiscal y de una policía fiscal creada al efecto. Sería, además, un órgano especializado de apoyo y colaboración permanente con los órganos del Poder Judicial. Este organismo asumiría las competencias de investigación del fraude fiscal organizado y del contrabando, así como del blanqueo de capitales asociado a los mismos, dependiendo de ella la policía fiscal. Pero también sería la encargada de prestar el necesario auxilio judicial en los procesos por delito fiscal, contrabando y blanqueo. Se trataría, proponen los inspectores, de centralizar funciones de investigación de expedientes de previsible judicialización, así como las de auxilio a órganos judiciales, como los típicos peritajes en procesos de delito fiscal.

Unificar la recaudación

Los inspectores de Hacienda también ven necesaria la integración de la gestión recaudatoria de toda la Administración del Estado en un único órgano de recaudación, en concreto, el Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria. Esta medida "supondría ahorro de costes corrientes y de personal, eliminar problemas de coordinación, mayor agilidad de tramitación y eficacia en la gestión de la información. Y ello, sin excesivas demoras de implementación, ejerciendo las mismas competencias por personal experto en la materia", sostienen.

En paralelo, los inspectores reclamaron limitar las competencias de gestión autonómica en determinados impuestos como Sucesiones y Donaciones o Patrimonio. Por un lado, piden, no hay que otorgar más capacidad gestora a las regiones sobre los impuestos actualmente cedidos. Por otro, hay que intentar recuperar su gestión por parte de la Agencia Tributaria. Durante el camino, los inspectores sugieren establecer límites en la gestión autonómica de estos impuestos para acabar con la competencia fiscal a la baja y prevenir la deslocalización de contribuyentes por motivos económicos.

Más efectivos

Falta personal. Otra de las preocupaciones tradicionales de los inspectores es la pérdida de efectivos y la falta de reposición. Entre 2010 y 2020, el cuerpo ha pasado de 28.000 a 25.000 inspectores, una sangría que será más dramática a lo largo del próximo lustro, cuando se jubilará un 25% de la actual plantilla, unos 7.000 efectivos de la Agencia Tributaria. La vicepresidenta de la asociación, Ana de la Herrán, explicó además que sería necesario pasar de los 25.000 efectivos actuales a los 30.000 para que España pudiera equipararse a los países de la OCDE.

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