¿Una agencia de salud pública que excluye a 12 millones de pacientes?
La sanidad privada representa al 52% de los hospitales en España y sus recursos deben ser tenidos en cuenta al valorar los retos futuros
Avanzar en la creación de una agencia estatal de salud pública es una excelente noticia para los que trabajamos en el sector sanitario, como toda iniciativa que reconozca la necesidad de impulsar el trabajo en red con todos los recursos disponibles, de forma coordinada, con una visión nacional y comunitaria. Teniendo en cuenta la pandemia de la que venimos, contar con mecanismos eficaces para poder hacer frente a las posibles amenazas de salud pública futuras resulta, sin duda, determinante.
Por ello estamos muy de acuerdo en que la futura Agencia Estatal de Salud Pública es un instrumento esencial para desarrollar una vigilancia armonizada en todo el territorio nacional, capaz de responder a las necesidades de información para monitorizar el estado de salud de la población en términos de bienestar, morbilidad y mortalidad, así como los riesgos y factores que lo condicionan. Consideramos muy oportuna la aprobación de esta norma, porque ayudará a evitar así la improvisación de la pandemia y las dificultades surgidas en torno al suministro de información por parte de las comunidades autónomas ante el vacío normativo existente hasta el momento.
Todo sería idóneo si no fuese porque, una vez más, nos hemos topado con enunciados normativos contradictorios que generan incertidumbre e inseguridad, ya que no responden a ese supuesto objetivo común de salvaguardar la salud pública. Valga el ejemplo –incluido en el anteproyecto de ley– que hace alusión a “impulsar el trabajo en red con todos los recursos disponibles en la Administración General del Estado, administraciones autonómicas y locales, entidades académicas y de investigación, para articular una política de salud integral, garantizando la seguridad sanitaria y abordando de manera solvente los retos presentes y futuros para la salud pública”.
Cuesta entender el motivo por el que no se incluye mención alguna a los recursos del sector sanitario privado, que forman parte del Sistema Nacional de Salud y resultan de suma importancia para alcanzar el propósito de la futura agencia. Sobre todo, porque, de un lado, esta norma establece la obligación de suministro de información tanto a organismos públicos como privados, lo que es razonable, pero por otro no reconoce la existencia de esos recursos ni su participación en el debate.
Permítanme que incida en esta contradicción, ya que, durante toda la pandemia, el sector sanitario privado ha mostrado su total disposición a colaborar en todo momento con las administraciones competentes en la recogida de información útil para la lucha contra el Covid-19. Dicho suministro de datos ha sido constante a lo largo de la pandemia y comenzó incluso antes del 14 de marzo de 2020, fecha de la declaración del primer estado de alarma. Y esto ha sido necesario e importante, porque uno de cada tres pacientes hospitalizados por Covid en España ha sido atendido en la sanidad privada, bien sea por seguros, mutuas o derivados de la pública, así como el 29% de los afectados que han requerido asistencia en UCI.
Representamos al 52 % de los hospitales en España y nuestros recursos deben ser tenidos en cuenta a la hora de abordar los retos futuros de salud pública, ya que en ellos se atiende el 42% de las intervenciones quirúrgicas, el 31% de las estancias y el 31% de las urgencias que se registran en nuestro país. Es una cuestión de sentido común. Hay que evitar iniciativas que excluyan o ignoren al sector privado, como, por ejemplo, los últimos pasos dados en materia de interoperabilidad.
Y es que, ¿tiene sentido una historia clínica digital que no integre al conjunto de la sanidad? ¿De qué servirá ese esfuerzo en digitalización si en el historial de un paciente no se incluyen las pruebas diagnósticas, tratamientos u operaciones a los que ha podido someterse en el circuito privado? O de la misma forma, pero en sentido inverso.
La interoperabilidad real de ambos circuitos, público y privado, es lo que realmente puede favorecer tanto al paciente como al día a día de los profesionales sanitarios, evitando trabas administrativas y agilizando diagnósticos. Y para evitar caer en argumentos equivocados, no olvidemos que la historia clínica pertenece al paciente, que es quien debe autorizar el acceso a sus datos sanitarios a su médico, no al centro sanitario, con independencia de su titularidad.
La única garantía para evitar la duplicidad de pruebas es la interoperabilidad real de todos los recursos de asistencia sanitaria. No somos los únicos que entendemos esto así. Recordemos que la reforma de interoperabilidad digital en la que trabaja el Ministerio de Sanidad responde a una recomendación de la Unión Europea que comprende la atención sanitaria público-privada, sin exclusiones.
Según ha trascendido, el borrador del reglamento del Parlamento Europeo sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios señala que tanto para el intercambio de historiales médicos electrónicos como para el registro de datos sanitarios personales es necesario contar con todos los sistemas sanitarios. La Comisión Europea pretende que el registro de datos sanitarios abarque todo tipo de prestadores de asistencia sanitaria y sirva de base para un futuro historial médico interoperable, con el que, como pacientes, podamos acudir a cualquier parte de Europa y disponer de nuestro historial clínico.
Por ello, tanto si hablamos de mejorar la prevención en asuntos de salud pública, como si lo hacemos de caminar hacia la interoperabilidad para evitar la tan costosa repetición de procedimientos por falta de acceso a los antecedentes clínicos de las personas tratadas, debemos priorizar el sentido común. En este caso pasa por articular normativas eficientes e integradoras en torno al diálogo con todos aquellos agentes que, de una u otra manera, contribuyen y trabajan por mejorar la salud del conjunto de la población. El sector sanitario privado viene avalado por 12 millones de pacientes en España que no permitirán verse limitados o marginados porque se atentará contra su libertad de decisión.
Carlos Rus es Presidente de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española) y de la comisión de Sanidad de la CEOE