Los PGE consolidan el bono joven al alquiler e incluyen un nuevo plan de arrendamiento asequible

En total, la partida de vivienda contará con 3.472 millones de euros, un 5,4% más La Ley de Vivienda queda fuera de las cuentas públicas

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.EFE

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha avanzado este martes tras el Consejo de Ministros que ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 que el Gobierno va a "consolidar" el bono joven al alquiler con una dotación presupuestaria de otros 200 millones de euros, la misma cantidad prevista en 2022.

A su vez, Montero ha añadido que también se pondrá en marcha un programa de alquileres accesibles dotado con otros 260 millones de euros. El plan, a la espera de conocer más detalles, estará gestionado en parte por la Entidad Pública del Suelo.

En total, ha detallado el Ministerio de Hacienda, se movilizarán 3.472 millones de euros en recursos en el capítulo de vivienda, un incremento del 5,4% respecto a la anterior partida.

El bono joven al alquiler supone una ayuda de 250 euros mensuales por dos años para personas de entre 18 y 35 años que cobren un salario inferior a tres veces el IPREM y alquilen una vivienda de 600 euros mensuales o menos (ampliables en cada comunidad a 900 euros) o una habitación de hasta 300 euros (ampliable a 450 euros). Según cálculos del Gobierno, podría beneficiar a cerca de 70.000 personas que tienen que destinar el total de la ayuda a sufragar la vivienda.

La vivienda, como ocurrió en las negociaciones de las cuentas públicas de 2022, ha vuelto a ser un punto de discordia entre los dos socios de Gobierno. Mientras que Unidas Podemos reclamaba que echase a andar ya la limitación de los precios del alquiler recogida en la Ley de Vivienda, el ala socialista esgrimía que esa normativa ya se negoció y aprobó. De hecho, la propia Montero ha explicado que "no parece lógico" que la Ley de Vivienda vuelva a aparecer en los PGE para 2023 puesto que esa iniciativa fue "el broche de cierre" de los Presupuestos de 2022.

"Nosotros cumplimos. Lo que se pactó para permitir la aprobación de los presupuestos en 2022 se registró tal cual en el Congreso de los Diputados. Cuestión distinta es que los grupos parlamentarios, en su ámbito de autonomía, hayan presentado enmiendas que se tienen que discutir en el marco de la negociación parlamentaria, pero no puede formar parte nuevamente de unos nuevos Presupuestos", ha dicho Montero.

El proyecto de Ley de Vivienda se aprobó en el Consejo de Ministros a comienzos de febrero y se remitió de urgencia al Congreso, pero todavía no se ha producido su tramitación parlamentaria. La limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas, una de las medidas más polémicas de la normativa, sigue por tanto sin ver la luz.