Cabify seguirá operando en Barcelona mientras analiza cómo adaptarse a la nueva regulación

El sector de las VTC se manifestará mañana en la capital catalana contra las medidas regulatorias de la Generalitat

Una pasajera hace uso del servicio de VTC de Cabify.

Cabify ha asegurado este lunes que mantiene su vocación de seguir operando en Barcelona, como viene haciendo desde hace diez años, mientras analiza opciones para adaptarse a la nueva regulación que aprobó la Generalitat el pasado 5 de julio. Un decreto que limita al máximo la actividad de los vehículos de pasajeros con conductor (VTC) en Barcelona y su área metropolitana.

Una de las restricciones más relevantes incluidas en la nueva regulación es la exigencia de un tamaño mínimo de los vehículos adscritos a las licencias de 4,90 metros, una condición que solo cumplen algunos turismos de gama más alta y las furgonetas de pasajeros. Las VTC deberán contar, además, con la etiqueta ECO o Cero.

Cabify sostiene que la nueva regulación promueve "la práctica eliminación de un sector que aporta soluciones de movilidad a más de un millón de usuarios", y pone en peligro unas inversiones estimadas en más de 150 millones de euros de la compañía y sus proveedores y miles de puestos de trabajo. 

La plataforma de multimovilidad asegura que se ha adaptado a la normativa vigente en cada momento, a pesar de las dificultades que se ha encontrado en el camino, lo que refleja su compromiso con la ciudad. También defiende que su servicio contribuye a una movilidad más sostenible en Barcelona.

En este sentido, aporta algunos datos. Según Cabify, actualmente un VTC conectado a su plataforma realiza unos dos viajes por hora aproximadamente. "Esto supone que más del 70% del tiempo el coche está ocupado, mientras que este porcentaje se reduce sensiblemente en el caso de los taxis tradicionales que no utilizan aplicaciones, hasta situarse en el entorno del 40%. Es decir, casi duplica el uso del vehículo, lo que reduce los trayectos sin pasajeros y las consecuentes emisiones".

La plataforma también añade que más del 70% de los coches que trabajan con ella tienen etiqueta Eco o Cero, una cifra 20 veces mejor que la media del parque móvil de Barcelona, ya que solo el 3,4% del total de turismos matriculados en esa ciudad tienen esas etiquetas.

Cabify señala que las condiciones que impone el decreto ley suponen una "barrera prácticamente insalvable" para el sector, además con "unos plazos imposibles de cumplir". Sobre este punto resalta que la escasez de vehículos en el mercado que cumplan con unas medidas completamente arbitrarias estipuladas en la longitud mínima de 4,90 metros es un requisito "injustificado y exclusivamente diseñado para acabar con un sector". 

Como ejemplo, en 2021 se matricularon en España 859.477 turismos y todoterrenos en España y de ellos solo se matricularon 8.544 coches con etiqueta Eco o Cero y la longitud apuntada, según Ideauto, lo que supone un 0,99% del total. Es decir, menos del 1% de los coches vendidos en España el pasado año cumplen con los "desproporcionados requisitos de la Generalitat". 

Desde Cabify critican que la regulación pretende limitar a las VTC a un servicio para unos pocos, relacionado con el lujo o la gama alta "en lugar de pensar en el bienestar de los ciudadanos y la movilidad de toda la sociedad".

Las declaraciones de la compañía llegan un día antes de que se movilice el sector de las VTC en Barcelona. El Sindicato Libre de Transporte (SLT), el mayoritario de este sector en Cataluña, ha convocado para este miércoles una manifestación a las 11 horas. El sindicato planea que una caravana de cientos de vehículos y personas en apoyo al sector discurra por algunas calles de la ciudad. También habrá una marcha a pie, que terminará sobre las 12:45 en el Palau de la Generalitat, donde leerán un manifiesto donde mostrarán su preocupación por la estabilidad laboral de los profesionales que operan con las VTC. 

Según los datos facilitados por el sindicato, 2.500 profesionales trabajan de forma directa y solo en Barcelona existen unas 1.500 licencias de VTC en uso; 4.000 en total. 

José María Cazallas, secretario de organización de SLT, ha defendido que el "nuevo decreto limita la actividad de este sector y pone en peligro sus empleos": Y ha añadido, que legislar "contra las VTC es legislar contra el futuro de la movilidad y contra la libertad de los ciudadanos a desplazarse de este modo".