Pacto de rentas: tiempo de silencio

Estamos ante una cuestión urgente y preocupante. La medida debe prever plazos para su renovación o modificación según la evolución de los precios

La economía mundial necesita cambiar el paso, reestablecer equilibrios que se han perdido entre precios, crecimiento y situación monetaria. Tras la crisis financiera de 2008 muchos economistas sugirieron que bien podrían lanzarse por la ventana algunos manuales que hasta ese momento habían marcado la teoría y práctica de la economía. Luego han venido años de excepcionalidad monetaria sin precedentes. Entrar en esa situación fue como activar un bucle por el que los tipos de interés tenían que bajar cada vez que intentaban subirse y en el que la inflación se hundía cada vez que asomaba mínimamente la cabeza. No había forma de romper ese bucle entre la necesidad de una política monetaria y la llamada a una subida de precios que nunca acababa de llegar.

Ahora todo ha cambiado de repente con una pandemia que ha provocado la necesidad de una expansión fiscal y de planes de recuperación que la amplían. También con problemas logísticos y tensiones geopolíticas –con un papel preponderante de la guerra de Ucrania– que han provocado subidas de precios de hasta dos dígitos en muchas circunscripciones. Primero se habló de transitoriedad de la inflación. Luego de permanencia. No obstante, comienza a ser un invitado demasiado incómodo. En la medida en que las autoridades monetarias están reconociendo que su capacidad de contención de los precios es limitada, el debate se ha abierto en torno a otra cuestión: la necesidad de un pacto de rentas.

Las grandes cuestiones son quién, cómo y hasta cuándo. En el quién, en estos días diferentes actores de la escena política se han sumado a la llamada de los bancos centrales para intentar buscar un acuerdo entre empresarios y trabajadores y, por qué no, elementos didácticos para que el conjunto de la población pueda entender mejor qué está sucediendo y cómo protegerse, incluso corresponsabilizarse. El problema es que ese mecanismo político no parece engrasar bien. Políticos como Draghi en Italia, con capacidad y determinación, se encuentran ante la amenaza de que se rompa su pacto de gobierno porque las diferentes partes –sindicatos y empresas– tienen visiones muy distintas sobre de qué forma se tiene que afrontar la situación. La presión sobre los partidos estira las posiciones y dificulta el objetivo fundamental: pactar. Tampoco está resultando sencillo en otros países como Estados Unidos o Alemania. En España, a pesar de las repetidas llamadas a la concordia frente a la inflación, la cosa tampoco pinta demasiado bien. En la parte de cómo afrontar esta situación se aprecian los temidos efectos de segunda ronda por algunas de las costuras más delicadas del sistema. Entre otras, presión para subir las pensiones conforme al IPC o subidas de precios en múltiples sectores que, sin embargo, se ven afectados de forma muy heterogénea por la elevación de los costes. Existe un cierto oportunismo. No es sorprendente, y mucho de agradecer, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigile las subidas de precios en algunos productos.

Lo siguiente, por supuesto, son los salarios. Lo curioso es que, de momento, no está claro que los salarios aumenten significativamente de forma nominal y, aunque algunos lo hagan, siguen muy lejos de la inflación. Sin embargo, esta sigue subiendo y subiendo. El pacto de rentas es esencial, pero se precisa de actores que sepan cambiar el paso y el estilo. En lugar de propuestas, hay demasiada espera y mutismo. Demasiada estructura difícil de superar y cambiar. Se precisa quién cambie no sólo el fondo, sino la forma también.

Viene a mi mente la novela de Luis Martín-Santos, Tiempo de Silencio, de 1961, que ha sido estudiada en los institutos en los últimos cincuenta años. Una novela que cambió la forma y el fondo. La necesidad de héroes que se atrevan a superar las presiones sociales y a contar la verdad de lo que pasa, cueste (electoralmente) lo que cueste. Sin embargo, a uno le da por pensar que esto es aún posible en España, al menos en lo que a un pacto de rentas se refiere, porque es una cuestión urgente y extremadamente preocupante. Superar el silencio para pasar a elevar la voz y adoptar acciones para protegerse.

De momento, es más frecuente aspirar a que algún mecanismo externo corrija parte de la presión antes de tener que adoptar medidas más o menos impopulares en su propio país. Y se adoptan medidas que van contra la filosofía de un pacto de rentas, que no es otra que repartir el coste de la factura en la sociedad. Por ejemplo, prorrogar hasta diciembre la subvención al combustible para todos, con independencia del sector en el que se trabaje o el nivel de ingresos. Es una forma de repartir ineficiente y con incentivos perversos. Cuidado con este tipo de medidas. No es un buen precedente para otras que se puedan adoptar en materia de pensiones, salarios o ayudas. Se precisa apoyo específico a los sectores y grupos poblacionales vulnerables, proporcionalidad y un conocimiento de que, ante factores externos como la subida de la energía, es más útil instar a una reducción del consumo que subvencionarlo.

La reflexión me conduce inevitablemente al tercer factor en juego, el hasta cuándo durará la inflación. El pacto de rentas tiene que prever plazos para su renovación o modificación en función de la evolución de los precios. Si la inflación cercana o en el entorno de los dos dígitos se prolonga demasiado hasta 2023, podemos encontrarnos ante una importante presión sobre el ciudadano y las empresas y con desaceleración económica. Sería un fracaso colectivo, un tiempo de prolongado e inquietante silencio.

Santiago Carbó es Catedrático de Economía de la Universidad de Granada,Director de Estudios Financieros de Funcas y colaborador de CUNEF