Planes colectivos de pensiones

El fondo de promoción pública de Escrivá tardará más de un año en estar operativo

Desde el sector no encuentran grandes ventajas en este futuro fondo y auguran que muchas empresas haran los planes simplificados en los de promoción privada

El fondo de promoción pública de Escrivá tardará más de un año en estar operativo

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, auguró ayer que la nueva ley de promoción de los planes de pensiones de empresa que prevé la creación de un fondo de promoción pública para estos instrumentos financieros “va a generar un ahorro muy importante”. Es más, añadió, en unas jornadas organizadas por el diario Expansión, que dicho ahorro se producirá “incluso antes de lo que se piensa”.

Sin embargo, fuentes del sector y de la propia Administración desconfiaban ayer de que la puesta en marcha del fondo de promoción pública previsto en esta norma vaya a estar operativo pronto. De hecho, estas fuentes calculaban que tendrá que pasar, con toda seguridad, más de un año para que tanto el fondo de promoción pública –al que podrán adscribirse los nuevos planes simplificados de pensiones de empresa– como la plataforma digital conjunta que servirá para gestionar los nuevos planes estén operativos. “Como pronto, y en el mejor de los casos, el fondo podría empezar a funcionar a finales de 2023, pero desde la propia Administración barajan que podría ser incluso más tarde”, señala un directivo del sector asegurador.

El Senado aprobó este pasado miércoles y por un solo voto la Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo. El texto no debe volver al Congreso con lo que será enviado directamente al Boletín Oficial del Estado en breve y entrará inmediatamente en vigor. Pero desde ese día queda aún mucho por hacer para que las empresas puedan contratar los planes simplificados del fondo de promoción pública. No así para que puedan suscribirlos en fondos de promoción privada con la nueva regulación y los nuevos incentivos para empresas y trabajadores. De hecho, fuentes del sector aseguran que habrá empresas e incluso sectores que no esperen a la creación del fondo de promoción pública y suscriban estos planes en el ámbito exclusivamente privado, como ya podía hacerse antes de esta norma.

Pero, aunque los expertos consultados no encuentran grandes ventajas para optar por el fondo de promoción pública en lugar de hacer planes de empleo de promoción privada, sí habrá sectores, empresas, asociaciones de autónomos o Administraciones que opten por esperar a la puesta en marcha del fondo ideado por Escrivá.

Para constituirlo, el Gobierno deberá crear primero la comisión promotora y de seguimiento que se encargará de la selección de las entidades gestoras y depositarias, el establecimiento de la estrategia de inversión a largo plazo, la constitución de los fondos de pensiones y el nombramiento de los miembros de otra comisión, la de control especial. Esta segunda comisión supervisará la política de inversiones, la buena actuación de las gestoras escogidas y, en su caso, decidirá sobre su sustitución. En paralelo, se debe crear una plataforma digital para gestionar los fondos de promoción pública, que simplifique su adhesión y la portabilidad de los planes de un fondo a otro, entre otras cuestiones.

Por ello, el hecho de que el fondo y la plataforma aún vayan a tardar como mínimo un año en estar operativo, si no más, y que finalmente la ley aprobada no recoja –tal y como reclamó el sector de los planes de pensiones a través de Inverco– un periodo transitorio en el que se recuperaran parcialmente los incentivos fiscales a los planes individuales, podría hacer que las empresas y sectores opten por los planes de empleo de promoción privada.

Así, Miguel Ángel Menéndez, director de previsión social de la consultora Mercer, asegura no encontrar grandes ventajas en el futuro fondo de promoción pública respecto a los planes que pueden hacerse ya de promoción privada. Es más, asegura que ni siquiera serán más ventajosos los costes de las comisiones de gestión, “que para los planes de empleo ya están en el entorno del 0,3% del que hablaba la ley o incluso pueden ser hasta menores”, indica Menéndez.

Por su parte, Álvaro Monterde, director de previsión social de March R. S., se muestra convencido de que la nueva ley “no va a desarrollar realmente el segundo pilar del sistema de pensiones (el de los planes de empleo)”. Y explica que ese día en el que sí se logre desarrollar en España no llegará “hasta que no se admita que hay un problema (demográfico, entre otros) con el sistema público de pensiones, se le diga a la sociedad, y esta vea que es realmente necesario este tipo de ahorro”. Monterde, admite, no obstante, que una de las bondades de la ley podría ser que “anime a los agentes sociales a poner estos planes en los convenios”, tal y como acaba de hacer el convenio general de la construcción.

Los incentivos a las empresas ya se ensayaron y no funcionaron

“Los nuevos incentivos para los planes de pensiones de empleo no solo no son suficientes para hacer que una empresa los suscriba sino que, además ya se han ensayado en la década de los 2000 y no funcionaron para desarrollar el segundo pilar del sistema”. Este es el análisis del director de previsión social de March R.S., Álvaro Monterde, sobre los incentivos a los planes colectivos incluidos en la ley de fomento de los planes de pensiones de empleo aprobada esta semana en el Senado y que entrará en vigor tan pronto se publique en el BOE. Concretamente, se refiere a que las contribuciones empresariales a estos planes no cotizarán a la Seguridad Social con un límite de 115 euros al mes por trabajador (1.380 euros al año), lo que supondrá un ahorro máximo de casi 400 euros por trabajador. Además, se incorpora una deducción en la cuota íntegra del impuesto de sociedades por contribuciones empresariales a sistemas de previsión social en favor de trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros.

Unos incentivos similares, incluso mayores (porque hasta 2013 las aportaciones empresariales a planes de empleo estaban excluidas de la base de cotización) han estado ya vigentes en el ordenamiento español sin que el resultado haya sido un mayor uso de estos instrumentos de ahorro, asegura Monterde.

A esto los expertos del sector suman su queja al fuerte trasvase de los incentivos fiscales de los planes individuales a los colectivos, antes de saberse si estos serán suficientemente utilizados por las empresas, autónomos y administraciones.

Sin embargo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, respondió ayer a estas quejas sobre la insuficiencia de los incentivos incluidos en la ley, argumentando que estas ya suponen detraer dinero de las arcas públicas y por ello no los va a aumentar hasta no saber si son eficaces para su objetivo.

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